Radican derecho de petición contra pico y placa sabatino; alegan falta de soporte técnico

El documento fue radicado por el abogado y exsecretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy Lozano, en el que exige la entrega de estudios técnicos, motivaciones jurídicas y soportes administrativos que sustenten la anunciada medida de imponer pico y placa los sábados a los vehículos matriculados por fuera de la capital.Según el documento, esta restricción introduce una diferenciación entre ciudadanos basada en el lugar de matrícula del vehículo, un criterio que, afirma, ha sido declarado inconstitucional e ilegal por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.El abogado advierte que la propuesta vulneraría derechos como la igualdad, la libre locomoción y el acceso al trabajo, además de imponer cargas desproporcionadas a los habitantes de la región Bogotá - Cundinamarca.El peticionario recuerda que el Consejo de Estado ha reiterado que no es válido restringir la movilidad por origen de matrícula y que cualquier medida de este tipo debe demostrar una relación causal y técnica con la reducción de congestión o contaminación.Asimismo, cita múltiples fallos de la Corte Constitucional que exigen un examen estricto de proporcionalidad y una motivación reforzada en actos administrativos que afecten derechos fundamentales.“Cerrar la puerta por una situación que no obedece a un criterio técnico a los vehículos que no están matriculados en Bogotá, es una situación que afecta severamente el desarrollo, la integración de la región y el desarrollo económico y social del centro del país. Porque aquí no hay un rasero de igualdad. Recordemos que acá hay unos derechos que están siendo vulnerados. Yo estoy esperando la respuesta al derecho de petición, que es el que hemos radicado, y con base en los antecedentes jurisprudenciales enunciando el Consejo de Estado, si no hay una condición diferencial y simplemente es económica, puedo decirle que hay una alta probabilidad de que ese acto administrativo prospere en la nulidad”, afirmó el exsecretario de Movilidad.El abogado señala que no existe evidencia pública que demuestre que los vehículos matriculados fuera de Bogotá sean los principales responsables de la congestión, ni estudios que soporten el impacto ambiental, económico o regional de la medida.También advierte que la restricción afectaría sectores comerciales, laborales y logísticos, además de contradecir los principios de integración de la Región Metropolitana. Por ello, solicita al Distrito entregar los estudios completos, el expediente administrativo y las justificaciones detalladas que sustenten la decisión antes de que sea formalizada.