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Una “tarea titánica” es la que dice estar desarrollando por estos días el interventor de Air-e, Edwin Palma Egea, para intentar convencer a los generadores de que le vendan energía a la empresa de servicios públicos, que tiene a cargo el suministro de electricidad a tres departamentos de la región Caribe, tal como lo son Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Palma asegura que las generadoras se niegan a venderle energía a Air-e por falta de garantías financieras que respalden esa venta, pues existen unas deudas atrapadas y temen que se generen nuevas deudas si se firman nuevos contratos.
Palma recordó que “la situación de la compañía no es la mejor” y que hay cosas que no dependen de la empresa, “como por ejemplo la exposición a la bolsa, el precio de la energía en bolsa y ajustes regulatorios” que aún siguen esperando. Insistió en que “mientras esas tres variables no se puedan controlar, pues obviamente la situación de la compañía se va a seguir agravando”.
No obstante, en pasados días cuando se habló del "plan de choque" para que el Gobierno Petro asuma las multimillonarias deudas que la empresa sostiene con los generadores y que, de esta manera, se garanticen contratos a largo plazo, desde la Asociación de Empresas Generadoras, Andeg, se mostraron "abiertos" y "positivos".
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), abrió la puerta en ese momento a para garantizar los contratos pero, eso sí, con algunos ajustes regulatorios para la venta.
"Eso fue digamos que una de las propuestas que nosotros le hicimos también al Gobierno recientemente y también al agente interventor. Que desde las térmicas necesitábamos un par de ajustes desde el punto de vista regulatorio para poderle vender energía a Air-e en contratos que, digamos, ya se habían armado en su momento durante el Fenómeno de El Niño", dijo.
De otra parte, Palma sostuvo que ahora está enfocado en la elaboración de un informe con el diagnóstico de la compañía que será entregado a mediados de diciembre al Gobierno y particularmente a la Superintendencia de Servicios Públicos “para que tome las decisiones que en derecho corresponda”.
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