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Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia.
Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público.
"La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado.
En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación.
"La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad.
Rafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes.
Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo.
Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado.
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Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.
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