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Esta situación, según alertó la Procuraduría, ha generado un aumento considerable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y graves restricciones a la movilidad de la población, afectando especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Por eso, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control para Asuntos Étnicos y la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó acompañaron la reunión del Comité Interinstitucional para la Respuesta Rápida (CIPRAT), convocada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior.
Durante este encuentro, destaca la Procuraduría, se establecieron medidas urgentes de protección para las comunidades afectadas y se coordinó la implementación de acciones preventivas y de atención a las víctimas.
“La Procuraduría ha expresado de forma reiterada su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en el departamento del Chocó, ello a raíz de la escalada violenta protagonizada por diversas organizaciones delincuenciales que hasta el momento ha cobrado la vida de 109 jóvenes en lo que va corrido del año”, dijo Valentina Mahecha, procuradora delegada para asuntos étnicos.
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