La Asamblea de Santander aprobó el proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación del departamento que autoriza al gobernador Juvenal Díaz a comprometer vigencias futuras ordinarias de las vigencias fiscales 2026 y 2027. El objetivo es cubrir los gastos administrativos que genera la facturación, distribución y recaudo de los recursos por concepto de la tasa especial de seguridad, recién aprobada, y que empezará a cobrarse a partir del mes de octubre de 2025.
Según explicó la secretaria de Hacienda de Santander, Diana Durán, el monto total aprobado asciende a $4.301 millones, distribuidos de la siguiente manera: $566 millones para la vigencia 2025, $2.333 millones para 2026 y $1.401 millones para 2027.
Durán precisó que estos recursos permitirán suscribir convenios con 23 empresas prestadoras del servicio de energía en el departamento, con el fin de incluir el cobro de la tasa de seguridad en las facturas de energía.
“Algunas de estas compañías no cobrarán por el servicio de facturación, aunque se deberá asumir el costo del 4 x1000 por el traslado de los dineros recaudados a las cuentas de la Gobernación. Sin embargo, otras empresas como la Electrificadora de Santander (ESSA), que concentra la mayoría de los usuarios en la región, exigirán asumir costos administrativos para implementar este cobro”, indicó la funcionaria.
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La funcionaria añadió que el gobierno departamental espera que los convenios se firmen por valores inferiores a los proyectados, lo que permitiría liberar recursos dentro del presupuesto. “Estos excedentes podrían ser utilizados para financiar otros temas administrativos de la Gobernación de Santander”.
La tasa de seguridad se tiene proyectada para un período de 40 meses y será cobrada a los estratos 4, 5 y 6 residencial, industrial y comercial en Santander. El cobro será por el número de kilovatios consumidos al mes.
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