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Comunidades acuden a la justicia ante el abandono vial en el Carare y la ruta 45A, en Santander

El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga pidió a entidades nacionales informar sobre las acciones tomadas ante la crisis de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.

Transversal del Carare y Oiba ruta 45a
Imágenes de Invías. Tranversal del Carare y Oiba ruta 45a

El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela que busca el restablecimiento de las condiciones normales de tránsito en la Ruta Nacional 45A, que conecta a Bucaramanga con Bogotá, y en la Transversal del Carare, entre Landázuri y Barbosa, vías que presentan graves afectaciones por derrumbes y hundimientos.

La tutela fue interpuesta por el abogado Sergio Arenas, representante legal de la Fundación Ciudadano Metropolitano, en calidad de agente oficioso de las comunidades de los municipios de Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe, Palmar y del Área Metropolitana de Bucaramanga.

El recurso busca proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la locomoción y la seguridad personal de miles de habitantes afectados por la crisis vial que ha paralizado la movilidad y la economía en el sur y occidente de Santander.

El despacho judicial requirió al Ministerio de Transporte, Invías, ANI, UNGRD, Ministerios de Hacienda y Salud, DNP, Superintendencia de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y a la Gobernación de Santander, para que entreguen informes sobre las medidas adoptadas frente a la emergencia.

El juzgado otorgó dos días hábiles a las entidades para remitir la información solicitada, con especial énfasis en los documentos que prueben si líderes comunales o alcaldías alertaron previamente sobre el deterioro progresivo de las vías antes del colapso, y si dichas advertencias tuvieron o no respuesta por parte de las autoridades nacionales.

Esta tutela se convierte en una nueva presión judicial al Gobierno nacional, ante la falta de soluciones estructurales a la grave crisis vial que atraviesa Santander.

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