Las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana encendieron las alarmas tras la publicación de la Alerta Temprana 015 de la Defensoría del Pueblo, un informe que revela el fortalecimiento y la presencia de múltiples estructuras criminales dedicadas al microtráfico, las extorsiones, los homicidios y otras economías ilegales que hoy disputan el control de varios sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
En el documento de 108 páginas, la Defensoría de Pueblo advierte que Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta atraviesan un escenario de riesgo alto por la consolidación de organizaciones criminales que ya no solo buscan controlar el negocio del microtráfico, sino ejercer dominio sobre comunidades enteras.
El informe señala que, tras las capturas y judicializaciones de varios cabecillas en los últimos años, las organizaciones no desaparecieron. Por el contrario, se fragmentaron, hicieron alianzas y dieron paso a nuevas estructuras que hoy disputan corredores para el tráfico de drogas, rentas ilegales y el control de sectores estratégicos del área metropolitana.
Entre las organizaciones con mayor incidencia aparecen Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Los Claverianos, Villas de Girardot, Choricaldas, Los Manchados, Los Paparotes y remanentes de La Cordillera, además de células del Tren de Aragua, dedicadas principalmente al sicariato por encargo y al microtráfico.
La Defensoría también advierte que grupos armados como el ELN y del Clan del Golfo utilizan el área metropolitana como corredor logístico para el tránsito de drogas, el lavado de activos y el refugio de integrantes, aunque sin ejercer un control territorial permanente.
El documento describe una realidad que, según la entidad, ya se refleja en numerosos barrios de Bucaramanga y su área metropolitana: organizaciones que vigilan quién entra y quién sale de determinados sectores, intimidan a comerciantes, cobran extorsiones, controlan economías informales e incluso restringen la movilidad de los habitantes mediante amenazas y fronteras invisibles. En algunas zonas, advierte la Defensoría, estas estructuras han llegado a reemplazar funciones que tradicionalmente corresponden al Estado, imponiendo reglas de convivencia a través del miedo.
Uno de los aspectos que más preocupa es la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La alerta señala que varias organizaciones están reclutando menores para desempeñar labores de vigilancia, transporte de droga, distribución de estupefacientes y apoyo logístico. En algunos sectores incluso se estaría incentivando el consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas para facilitar su vinculación con estas redes criminales.
Publicidad
A este panorama se suma el crecimiento del mercado de drogas sintéticas. La Defensoría advierte que sustancias como tusi, MDMA, LSD y ketamina están ganando espacio en el área metropolitana y son comercializadas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios a domicilio, ampliando el consumo entre adolescentes y jóvenes y convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos para las organizaciones ilegales.
La alerta también pone la mirada sobre los establecimientos penitenciarios. Según el documento, algunos cabecillas continúan coordinando desde prisión actividades relacionadas con el microtráfico, las extorsiones, las retaliaciones e incluso homicidios, manteniendo comunicación con integrantes que permanecen en libertad y permitiendo que varias estructuras conserven capacidad operativa pese a las capturas de sus líderes.
La Defensoría identifica como puntos de mayor riesgo el norte de Bucaramanga, las comunas 11 y 14, sectores como Villas de Girardot, Claverianos y Café Madrid, además de barrios de Floridablanca como Caldas y El Carmen y diferentes zonas de Piedecuesta, donde persisten disputas por el control territorial y las economías ilegales.
Publicidad
Otro de los elementos que explica la creciente presencia de estas organizaciones es la ubicación geográfica del área metropolitana. Bucaramanga se ha convertido en un corredor estratégico que conecta el Catatumbo, la frontera con Venezuela, el Magdalena Medio y el interior del país, lo que facilita el movimiento de estupefacientes, dinero y otros negocios ilícitos.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo concluye que la respuesta no puede limitarse a operativos policiales o capturas. La entidad insiste en la necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, investigación judicial, prevención del reclutamiento de menores, fortalecimiento de la presencia institucional e inversión social en los sectores más vulnerables para impedir que estas organizaciones continúen consolidando su poder sobre la población civil.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.