Durante la audiencia de control de garantías del subintendente Richard José Sierra Bravo, el fiscal del caso no dudó en calificar la actitud del uniformado como una grave traición a sus compañeros de trabajo. El fiscal expresó que Sierra Bravo, con 18 años de experiencia en la Policía, puso en peligro la vida de sus propios compañeros al facilitar y coordinar un robo a una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, que culminó con la muerte de un intendente de la Sijín.
“No le importó la vida de sus propios compañeros de trabajo, los expuso a un riesgo que él podía evitar teniendo pleno conocimiento de lo que iba a suceder”, declaró el fiscal durante la audiencia.
Según la investigación, Sierra Bravo no solo facilitó el asalto, sino que participó activamente en la planificación del robo desde finales de octubre de 2025. Según el testimonio de una fuente clave en el caso, el subintendente comenzó a realizar labores de vigilancia e inteligencia en la zona, determinando cuál sería el establecimiento comercial vulnerable para llevar a cabo el golpe.
El subintendente Sierra Bravo, quien se encontraba adscrito a la Fuerza Disponible de Bucaramanga, habría tenido un papel crucial en la operación delictiva. Se le acusa de haber coordinado el robo junto con miembros de la banda criminal ‘Los Costeños’ y de haber proporcionado información estratégica sobre la ubicación de la joyería, el tipo de seguridad que tenía y los horarios de menor afluencia. El testigo clave del caso confirmó que los involucrados se reunieron previamente en un restaurante de la carrera 35 para definir los detalles del atraco, lo que indica que no fue un acto impulsivo, sino un asalto premeditado.
“Es notoria y evidente la diferencia razonable de autoría, no como cómplice, conforme lo reclama el doctor Carlos Morales como defensa, sino como coautor. Era un policía experimentado, con más de 15 años de experiencia, por eso la fuente anónima advierte, es que ellos se empezaron a reunir para intentar esos golpes. En la reunión se preguntó cómo iba a ser todo, después de eso se le preguntó al chino por los policiales. Ese trabajo no se podía hacer sin policías. Se puso a hablar con los policías por audio y le dije que me los presentara. Decía que eran 4, yo no le creí y le dije que me los presentara. Y para el viernes del 28 de noviembre me desplacé con él. Cuando llegamos ya estaban los policías. Me los presentó y le preguntó qué turno hacían, qué era lo que iban a hacer… Uno de ellos era gordito y calvito, blanco, él era el que se veía que tenía más mando”, detalló el fiscal del caso.
Cabe recordar que el robo, ocurrido el 29 de noviembre, terminó en tragedia con la muerte del intendente jefe de la Sijín, Fredy Francisco Leal Briceño, quien intentó frustrar el asalto. La tragedia, que conmocionó a la comunidad y a la misma fuerza policial, ocurrió cuando Leal Briceño se enfrentó a los delincuentes para proteger a una madre y su hija que transitaban por el centro comercial en ese momento. Sierra Bravo, en su calidad de coautor, habría facilitado la logística para que los delincuentes pudieran ejecutar el robo sin ser detectados por las autoridades.
A lo largo de la audiencia, el fiscal hizo hincapié en que la actitud del subintendente Sierra no solo dañó la integridad de la Policía Metropolitana, sino que también expuso a sus propios compañeros a un enfrentamiento mortal, que finalmente resultó en la tragedia del 29 de noviembre.
El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, reafirmó que no se tolerará ninguna conducta irregular dentro de la institución. “Somos implacables frente a cualquier conducta que deshonre el uniforme”, declaró Quintero, añadiendo que la institución seguirá colaborando estrechamente con la Fiscalía para esclarecer todos los detalles del caso y encontrar a otros posibles implicados.
El subintendente Sierra Bravo fue capturado el mismo día en que entregaba su turno y se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras avanza la investigación. En su contra pesan graves cargos, incluyendo homicidio agravado, tentativa de hurto agravado, cohecho y conducta dolosa. La Fiscalía señaló que la pena podría superar los 50 años de prisión debido a la gravedad de los hechos y el impacto negativo que tuvo en la comunidad.
A pesar de la captura de Sierra, las autoridades aseguran que la investigación sigue abierta, y se espera que surjan nuevos elementos que podrían involucrar a otros uniformados en el caso. Se sabe que Sierra utilizó un número telefónico entregado por los delincuentes, lo que evitó que los otros policías al tanto del operativo utilizaran los radios de la institución para alertar a la fuerza pública.