Solo entre enero y mayo de 2025 se han perdido 80 GWh de energía, equivalentes al consumo mensual de una ciudad como Bucaramanga, lo que representa un impacto económico cercano a los 72 mil millones de pesos en energía no facturada.
Las cifras de la Electrificadora de Santander (ESSA) revelan que Barrancabermeja concentra el 52 % de los fraudes y conexiones ilegales detectados este año, seguido de San Pablo, sur de Bolívar, con el 16,6 %, y Puerto Wilches con el 5,4 %. El resto de casos se reparte entre municipios del Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga.
La Electrificadora de Santander informó que este año se han reportado pérdidas por más de $72.000 millones por hurto de energía en la región. "Los municipios con más reporte de casos son Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo", dijo Laura Rodríguez #MañanasBlu pic.twitter.com/8xknlkTABI
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 15, 2025
Laura Isabel Rodríguez Cardozo, subgerente de Conexiones de la ESSA, explicó que "en 2024 las pérdidas por hurto de energía alcanzaron los 175 GWh, valorados en más de 160 mil millones de pesos, una cifra equivalente al consumo anual de todos los usuarios en el área de cobertura de la electrificadora".
De igual manera advirtió que este delito no solo pone en riesgo la vida de quienes manipulan las redes, sino que también limita la capacidad de la empresa para ejecutar proyectos como nuevas electrificaciones rurales, el mejoramiento de redes y la construcción de subestaciones.
En total, la empresa ha realizado más de 32 mil revisiones dentro de su programa de control, encontrando 11.733 conexiones fraudulentas o anomalías, la mayoría en el sector residencial.
Según técnicos de campo, en algunos barrios es común encontrar redes manipuladas, medidores adulterados o derivaciones ilegales que ponen en riesgo la vida de quienes manipulan las instalaciones.
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Expertos advierten que el robo de energía no solo deteriora la calidad del servicio y aumenta las tarifas para todos, sino que también expone a accidentes graves por electrocución e incendios en viviendas. Pese a campañas y controles, el delito persiste y obliga a destinar más recursos para proteger la red.