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El 60% de los municipios de Santander fueron calificados en riesgo fiscal, según el más reciente informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En total, 51 de los 87 municipios del departamento obtuvieron una puntuación inferior a 60 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal, lo que evidencia dificultades en la administración y ejecución de sus recursos.
Frente a este panorama, la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Hacienda, y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adelantó la tercera jornada departamental de capacitación técnica en gestión tributaria y financiera, con el propósito de fortalecer las capacidades locales y mejorar el manejo de las finanzas públicas.
“Contar con finanzas sanas no es solo una meta contable, es la base para garantizar inversión social, desarrollo económico y bienestar ciudadano. Por eso, no se trata solo de una capacitación, sino de un espacio de apoyo institucional y construcción conjunta”, señaló la secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar.
La jornada reunió a más de 100 servidores públicos, entre alcaldes, concejales, secretarios de Hacienda y tesoreros municipales, quienes abordaron temas como la gestión tributaria, los impuestos municipales y la aplicación de la Ley 2461 de 2025, conocida como la Ley de Honorarios a Concejales.
Durán Villar explicó que la solidez fiscal depende de la capacidad que tengan los municipios para recaudar y administrar sus tributos de manera eficiente, lo que garantiza recursos para inversión y genera confianza entre los ciudadanos.
Desde el Ministerio de Hacienda se insistió en que la gestión tributaria no debe verse como un trámite administrativo, sino como una herramienta estratégica para el desarrollo territorial.
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En ese sentido, se planteó la necesidad de implementar estrategias innovadoras de recaudo y fortalecer la pedagogía ciudadana sobre el cumplimiento de los deberes fiscales.
Respecto a la Ley de Honorarios a Concejales, la secretaria destacó que su aplicación debe hacerse con responsabilidad y planeación financiera para evitar afectar la estabilidad económica de los municipios.
“Debemos equilibrar la dignificación del trabajo de los concejales con la responsabilidad fiscal que nos corresponde como administradores de los recursos públicos.
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Durán agregó que existe la posibilidad de que las entidades territoriales puedan solicitar apoyo financiero al Ministerio de Hacienda para cubrir el pago de los honorarios, especialmente en municipios con menor capacidad económica.