ONU pide protección a miembros de Comité Santurbán tras amenazas y estigmatización

Las relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación oficial a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas mineras Aris Mining Corporation y MDC Industry Holding, en la que expresan su profunda preocupación por los actos de hostigamiento e intimidación contra Mayerly López Carreño y Hernán Alberto Morantes, defensores de derechos humanos e integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.La misiva, firmada el pasado 6 de marzo y publicada recientemente, advierte sobre los riesgos específicos, inminentes y crecientes que enfrentan López Carreño y Morantes “debido a su labor en defensa del ecosistema de Santurbán y los derechos de más de 1,3 millones de personas que dependen de sus cuencas para abastecerse de agua en el Área Metropolitana de Bucaramanga y otros siete municipios de Santander”.Según la ONU, los hechos más graves se relacionan con un panfleto amenazante que circuló digitalmente el 4 de diciembre de 2024, firmado por un grupo autodenominado "Comité Resistencia Soto Norte".El documento declaraba “personas no gratas” a los dos voceros del Comité de Santurbán y advertía del cierre forzoso de zonas estratégicas de la provincia. El panfleto fue compartido por personas presuntamente vinculadas al proyecto minero Soto Norte, desarrollado por Aris Mining (con sede en Canadá) y la estatal emiratí MDC Industry Holding Company LLC, propietaria de la empresa Minesa.Los expertos de Naciones Unidas también subrayan que las intimidaciones no son nuevas. Ya en octubre de 2021 circularon panfletos similares, donde se acusaba al Comité de Santurbán y sus vocerías de ser “enemigos del progreso” y de afectar el patrimonio del país.El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, conformado por más de 40 organizaciones desde 2009, denunció que estas amenazas buscan frenar su respaldo a la propuesta del Gobierno nacional de declarar una Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el páramo, iniciativa liderada por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, desde noviembre del año pasado.En su más reciente comunicado, el Comité denunció la falta de respuesta por parte de los gobiernos, en particular el de Canadá, país de origen de una de las empresas señaladas.“Cada día que pasa sin respuesta del gobierno nacional, las empresas legitiman a quienes buscan silenciarnos”, advirtieron sus voceros.Organizaciones como MiningWatch Canadá, AIDA, el Institute for Policy Studies (IPS), CIEL y Common Frontiers reiteraron el llamado de la ONU a que los Estados y las empresas involucradas adopten medidas urgentes, con plazos verificables, para garantizar la seguridad de los defensores ambientales y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.“La protección de quienes lideran las luchas por el agua en América Latina es un imperativo de la debida diligencia estatal y empresarial”, enfatizó Jen Moore, investigadora asociada del IPS.Hasta la fecha, solo el gobierno colombiano ha emitido una respuesta parcial a la comunicación enviada por la ONU. El Comité y las organizaciones aliadas exigen acciones concretas para salvaguardar la vida e integridad de sus integrantes y garantizar que la defensa del agua y del páramo no se pague con el silencio ni con el miedo.