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Por contratos corruptos condenan a dos exdirectores de la autoridad ambiental de Santander

La Fiscalía logró demostrar que los exfuncionarios realizaron maniobras irregulares en la adjudicación de millonarios contratos de preservación ambiental en la región.

371838_BLU Radio: CAS Santander / Foto: Suministrada
CAS Santander.
Foto: suministrada.

Condenan a más de 8 años de cárcel a dos exdirectores de la autoridad ambiental de Santander, CAS, por corrupción. En ese sentido la Fiscalía logró demostrar que los exfuncionarios realizaron maniobras irregulares en la adjudicación de millonarios contratos de preservación ambiental en la región.

Así las cosas, un juez condenó a Flor María Rangel a 8 años de prisión y a Héctor Murillo a 7 años y 9 meses de prisión, exdirectores de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) por irregularidades en la ejecución de un contrato que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios ambientales estratégicos.

“Dichas condenas se dieron por irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2011, que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales. Dicho contrato fue adjudicado con una unión temporal por un valor superior a 3.400 millones de pesos. Durante la ejecución se giró el 90 % del monto total, equivalente a $ 3.075 millones, sin que se hubiera cumplido con el 50 % del objeto”, explicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa.

Además de eso, Oscar Pereira, supervisor del contrato, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Las tres personas apelaron la condena proferida por un juzgado del municipio de San Gil (Santander).

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“Además, dicha contratación no contaba con los estudios previos, ni se nombró una interventoría pese a que se trataba de una importante suma de dinero. Estas tres personas fueron halladas responsables de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación”, explicó la Fiscalía.

“Las evidencias que posee la Fiscalía demostrarían que las pruebas documentales que la comprometen a ella, a través de una coartada, quisieron ser objeto de ocultación a la Fiscalía mediante una denuncia puesta ante las autoridades judiciales, sosteniendo que eran falsas algunas pruebas documentales. Las evidencias de la Fiscalía acreditan todo lo contrario y se trata de un oprobioso, un grave caso de corrupción pública que la Fiscalía no va a tolerar tratándose también de las corporaciones autónomas”, indicó la Fiscalía en la audiencia de imputación.

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