La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la necesidad de garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con la protección del páramo de Santurbán, en medio de una acción popular que se tramita ante el Tribunal Administrativo de Santander.
El pronunciamiento se da en un contexto de debate sobre las medidas de protección de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad en Santander.
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A través de la Agencia Especial 054 del 21 de octubre de 2026, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, designó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios para intervenir en el proceso judicial. Uno de los puntos centrales de la intervención es la necesidad de revisar las condiciones en las que se garantizó la participación ciudadana durante la expedición de la Resolución 0221 de 2025, mediante la cual se declaró una reserva temporal en el territorio.
La Procuraduría recordó que, junto con la Defensoría del Pueblo, identificó dificultades en la convocatoria y socialización de la propuesta, obstáculos para presentar observaciones e inconsistencias en las respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.
Estas observaciones quedaron consignadas en el vigésimo segundo informe de cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, presentado el 5 de mayo de 2025. Según el Ministerio Público, desde febrero de ese año también se habían solicitado espacios de diálogo con las comunidades y una revisión de la extensión territorial propuesta para la reserva.
En su pronunciamiento, la Procuraduría insistió en que "la participación no puede limitarse a recibir comentarios, sino que las autoridades deben analizar los aportes de los habitantes y responder de manera clara y sustentada, especialmente cuando las decisiones tienen efectos sobre el territorio y las actividades económicas de quienes viven allí".
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Otro de los aspectos abordados por la Procuraduría es la aplicación del principio de precaución, que permite adoptar medidas frente a riesgos de daños ambientales graves o irreversibles incluso cuando no existe certeza científica absoluta. Sin embargo, señaló que su aplicación debe considerar la información científica disponible y la valoración de los riesgos, sin desconocer el debido proceso ni las garantías de participación ciudadana.
Por esta razón, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander valorar integralmente los estudios científicos, las actuaciones administrativas pendientes y las órdenes judiciales vigentes antes de tomar nuevas decisiones cautelares. También pidió examinar la necesidad y viabilidad de los plazos planteados para decidir sobre la continuidad de la reserva temporal.
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La Procuraduría señaló que las decisiones deben mantener coherencia con las órdenes judiciales existentes, en particular con la Sentencia T-361 de 2017, para evitar contradicciones que puedan afectar la protección integral del ecosistema.