La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar la medida cautelar solicitada por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelante y concluya el trámite administrativo que permita definir el futuro de la protección preventiva del páramo de Santurbán.
El organismo de control busca que el Ministerio adopte, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión sobre la continuidad de las medidas de protección ambiental establecidas para esta zona mediante la Resolución 0221 de 2025, corregida posteriormente por la Resolución 0239 del mismo año.
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En su solicitud, la Procuraduría también pide que se establezca un plazo concreto y razonable para completar el procedimiento, de manera que la decisión se tome antes del vencimiento de la reserva temporal y se evite un posible vacío de protección ambiental.
La entidad aclaró que su petición no pretende imponer una solución técnica al Ministerio ni reemplazar sus competencias, sino garantizar que la autoridad ambiental tome una decisión oportuna frente a los riesgos que motivaron la protección preventiva del territorio.
La solicitud se produce después de que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual revocó integralmente la Resolución 0970 de 2026, que había extendido la vigencia de la reserva temporal hasta 2029.
Con la revocatoria de esa prórroga, la protección volvió a tener como fecha límite el 4 de marzo de 2027.
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De acuerdo con la Procuraduría, hay estudios ambientales que siguen pendiente como la identificación de las zonas de recarga hídrica y el análisis de la relación entre la recarga y la regulación de los cuerpos de agua.
También están pendientes el monitoreo de la calidad del agua, la evaluación de impactos acumulativos, la caracterización de las dinámicas sociales y la identificación de medidas prioritarias para la restauración y conservación de la cuenca.
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A esto se suman la evaluación de estrategias de manejo y la definición de lineamientos de ordenamiento mineroambiental.
De acuerdo con los argumentos presentados por la Procuraduría, el tiempo inicialmente previsto para desarrollar estas actividades resultó insuficiente, situación que había motivado la prórroga posteriormente revocada.
El organismo de control advierte que, si la reserva temporal vence sin que se adopte una nueva decisión o una medida de protección que garantice la continuidad, podría generarse un escenario de incertidumbre y desprotección mientras se completan los estudios.