La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los reiterados retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán están favoreciendo el crecimiento de la minería ilegal dentro de este ecosistema estratégico para el nororiente colombiano.
La alerta quedó consignada en el XXV Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, y presentado el pasado 1 de junio ante el Tribunal Administrativo de Santander, con corte al 30 de abril de 2026.
Según el documento, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, persisten incumplimientos institucionales que han impedido culminar el proceso.
Para el Ministerio Público, uno de los hallazgos más preocupantes es que la demora en la delimitación ha propiciado “el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, el aumento de la informalidad y dificultades en el desarrollo socioeconómico de la región”, situación que incrementa la vulnerabilidad ambiental de este ecosistema de alta montaña.
La Procuraduría fue más allá en sus conclusiones y señaló que la prolongación del proceso ha impedido ejercer un control institucional efectivo sobre fenómenos como la minería ilegal, que continúan generando graves afectaciones ambientales en la zona.
Ante este panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía para que investigue las actividades de minería ilegal que se estarían desarrollando en el área de influencia de Santurbán.
El informe también cuestiona el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación.
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Entre las observaciones realizadas por la Procuraduría se encuentra la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo enero-abril de 2026, una situación que, según el ente de control, se viene presentando de manera reiterada desde 2019.
Asimismo, señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con las resoluciones mediante las cuales se declaró una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
Otro de los hallazgos tiene que ver con los retrasos en la fase de concertación. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían realizarse mesas de concertación en 15 municipios; sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones previstas fue desarrollada.
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El Ministerio Público también encontró deficiencias en la actualización y publicación de información a través del portal oficial “Santurbán Avanza”.
Entre las inconsistencias detectadas figuran la ausencia del informe de cumplimiento más reciente, la publicación de solo seis de los 24 informes de seguimiento elaborados por la Procuraduría y la Defensoría, la falta de actualización de actuaciones judiciales recientes y diferencias entre los cronogramas publicados y los oficialmente reportados por el Ministerio de Ambiente.
Frente a este panorama, los organismos de control recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar el proceso de delimitación, establecer fechas claras para las mesas de concertación pendientes y fijar un plazo concreto para la expedición del acto administrativo definitivo.
También solicitaron fortalecer los mecanismos de transparencia, actualizar permanentemente el portal de seguimiento, ampliar los espacios de participación ciudadana y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas.
Además del traslado del informe a la Fiscalía por las denuncias relacionadas con minería ilegal, la Procuraduría anunció que remitirá copias a las dependencias disciplinarias competentes para que evalúen posibles incumplimientos de funcionarios públicos en la entrega de información requerida para el seguimiento de la sentencia.
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