La polémica surge en el contexto de un enfrentamiento entre la Alcaldía y el Concejo, que ha tenido varios rifirrafes públicos desde que se conoció la propuesta de endeudamiento. Los concejales que se opusieron a la convocatoria han manifestado su rechazo al préstamo, alegando que el Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del mandatario.
Dicha solicitud del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, de un cupo de endeudamiento por $ 350.000 millones de pesos, tiene como fin financiar proyectos viales y de seguridad, la cuál se hunde en medio de rifirrafes.
La primera sesión extraordinaria del Concejo Municipal, convocada para este viernes al mediodía, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum. De los 19 concejales citados, solo seis asistieron, mientras que los ausentes justificaron su falta como una señal de protesta contra la administración del alcalde.
En defensa del proyecto, el secretario de Hacienda de Bucaramanga, Reynaldo D'Silva, explicó que los $350 mil millones serán destinados a obras viales y de seguridad que ya estaban previstas en el Plan de Desarrollo de la ciudad "se esperaba es el análisis de la solicitud por parte de los concejales".
Entre los proyectos más destacados, D'Silva mencionó la construcción de la intersección vial de la carrera 9 con calle 45, ubicada en la troncal metropolitana Norte-Sur. Además, se contempla la ampliación del tramo cuatro de la troncal Norte-Sur en el barrio Mutis y Real de Minas, así como la edificación de un centro de detención transitoria, uno de los proyectos más esperados por la administración de Beltrán.
Por su parte, el secretario jurídico de la Alcaldía, Andrés Mariño, defendió la necesidad de continuar con los proyectos de la ciudad, a pesar de los cuestionamientos y el fallo de primera instancia que declaró la nulidad electoral del alcalde, puntualizó que "el mandatario sigue siendo alcalde, hasta que no haya una resolución definitiva sobre su situación jurídica, la administración debe continuar trabajando en beneficio de la ciudad".
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“La administración no puede parar por el proceso de primera instancia, además tiene segunda instancia. Teniendo en cuenta los principios constitucionales, hasta que se resuelva el caso, el alcalde sigue siendo alcalde y tiene que seguir cumpliendo con sus compromisos y con su plan de gobierno”, afirmó Mariño.
La situación deja entrever que no existen buenas relaciones entre la Alcaldía y el Concejo, que son los que orientan el buen funcionamiento de la ciudad; y mientras tanto, los ciudadanos no tienen solución en obras prometidas, que han quedado sólo en eso promesas.
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