Profunda preocupación expresaron los miembros de la Alianza de Usuarios del Hospital Psiquiátrico San Camilo, tras el anuncio de suspensión de servicios para los afiliados de la Nueva EPS, debido a la millonaria deuda que la entidad promotora mantiene con el centro asistencial.
De acuerdo con Claudia Benavides, vocera de la Alianza, la medida pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de más de 7.800 pacientes, lo que equivale a cerca del 45% de la atención total que presta este hospital, el único público especializado en salud mental en Santander.
“Estamos muy preocupados por la no continuidad de los tratamientos. Esto no solo afecta la efectividad de los medicamentos, sino también el funcionamiento del hospital, los salarios del personal, los insumos médicos y los servicios básicos”, señaló Benavides.
La representante recordó que dentro de la población atendida por el San Camilo, cerca del 21% corresponde a personas migrantes, lo que agrava el impacto social de la medida.
“La salud mental está en riesgo. No solo en Santander, también en departamentos como Antioquia, Cauca y Caldas se han visto afectaciones similares. Por eso pedimos al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que intervengan de inmediato”, agregó.
Los usuarios solicitaron a las autoridades nacionales y a las bancadas parlamentarias que actúen como mediadores para lograr que la deuda, superior a 12.000 millones de pesos, sea saldada y así se garantice la continuidad de la atención a miles de pacientes con enfermedades mentales.
Benavides advirtió además que la suspensión de tratamientos “rompe los procesos clínicos” y “destruye el esfuerzo de psiquiatras, psicólogos y personal asistencial” que ha trabajado durante años en la recuperación de los pacientes.
“Suspender un tratamiento de un momento para otro puede causar recaídas y crisis severas. Estamos hablando de personas que necesitan atención continua, no intermitente”, concluyó.
El Hospital San Camilo mantiene su decisión de mantener suspendidos los servicios a la Nueva EPS, salvo la atención de urgencias, mientras no se logre un acuerdo de pago que garantice su sostenibilidad.