Víctimas piden a la JEP medidas cautelares en otros cementerios de Santander

En medio de una audiencia de seguimiento para conocer los avances para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado enCimitarra, Santander, asociaciones de víctimas les solicitaron a los magistrados de la JEP extender las medidas cautelares a varios sitios de la región donde podría haber restos de desaparecidos.

Los magistrados de la JEPevaluarán la solicitud de extender las medidas cautelares al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare. Asociaciones de víctimas solicitaron que esas medidas también sean aplicadas a los cementerios de Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y del corregimiento de La India.

Según la JEP, un caso similar se registró en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, en Cimitarra, en donde la comunidad, de manera humanitaria, les dio sepultura en este lugar a los cuerpos que encontraban.

“Muchos de los desaparecidos eran lanzados alrío Carare y eran recogidos por pescadores que los enterraban sin ningún tipo de identificación. Por eso necesitamos averiguar si estos restos están allí”, dijo un familiar de las víctimas del conflicto armado en esa zona de Santander.

Los hechos ocurridos en Cimitarra son de interés para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares o terceros civiles.

Para el caso del predio en el que se encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado a las afueras del casco urbano, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.

“De acuerdo con la investigación adelantada por la JEP, en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservara su identificación y, a pesar de que el grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, Grube, de la Fiscalía intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha, aún hay cuerpos sin recuperar en dicho lugar”, señaló la JEP.

“La desaparición forzada es un acto atroz, no concreta la muerte ni permite la vida y, de esta manera, niega la condición del ser humano. En ese contexto, los familiares de las víctimas afrontan una permanente dualidad entre la expectativa de la vida que promueve la ilusión del regreso de quien se encuentra desaparecido y el temor de la pérdida definitiva que hace suponer su eterna ausencia”, dijo la magistrada Reinere Jaramillo, quien presidirá la audiencia en Cimitarra.

Se estima que más de 1.000 personas aún están desaparecidas en la región del Carare – Opón, producto del conflicto armado que se vivió en esa zona de Santander.