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Tras el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre se llevaron a cabo las mesas técnicas para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del periodo 2021-2024, convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En estos espacios, Acemi presentó información técnica que, según la asociación, demuestra un déficit estructural en el sistema de salud. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que los recursos son suficientes y dio por concluido el debate, al indicar que no se harán ajustes retroactivos a la UPC. De acuerdo con el ministerio, los cálculos realizados en años anteriores se hicieron con la información disponible en su momento y modificarlos ahora equivaldría a premiar ineficiencias.
El Ministerio también cuestionó la fiabilidad de los estados financieros entregados por las EPS, al señalar que podrían haber inducido a error a la Corte Constitucional. Así mismo, reiteró que no habrá un aumento de financiación para el sistema, salvo nuevos aportes provenientes de trabajadores y empleadores.
Frente a esta posición, Acemi recalcó que la Corte había ordenado un ejercicio técnico y transparente, por lo que consideró que el cierre del debate representa un desconocimiento de la orden judicial. La asociación señaló que los datos oficiales muestran que por cada 100 pesos reconocidos por la UPC se gastan 109 pesos en atención, lo que habría generado un déficit acumulado de entre 26 y 33 billones de pesos.
La agremiación añadió que esta situación no es únicamente un problema financiero, sino que afecta directamente a los pacientes que esperan tratamientos y medicamentos. Además, subrayó que los estados financieros de las EPS son auditados de manera periódica por la Superintendencia de Salud y la Contraloría, lo que según afirma ofrece garantías de transparencia.
Acemi anunció que continuará defendiendo la solvencia del sistema y acudirá a los órganos de control y a la Corte Constitucional para insistir en la necesidad de construir una metodología clara, con datos verificables y consensos políticos y jurídicos, que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
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