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En el marco del Día Mundial de la Salud Mental este viernes 10 de octubre, la entrada en vigencia de la Ley 2460 de 2025 marca un hito en el abordaje de la salud mental en Colombia.
Esta nueva norma, que actualiza la Ley 1616 de 2013, busca responder a las urgencias actuales del país, estableciendo nuevas reglas para la prevención, promoción y atención integral de los trastornos mentales, garantizando acceso digno y oportuno a toda persona.
La importancia de este tema se subraya con cifras alarmantes: según el Instituto Nacional de Salud, en 2023 se registraron cerca de nueve suicidios diarios en el país, y en los últimos 10 años, los casos de suicidio han incrementado en un 54%. Los problemas familiares (36,5%), los conflictos con la pareja o expareja (26,8%) y los problemas económicos (10,8%) se encuentran entre los principales desencadenantes del suicidio.
Una de las transformaciones fundamentales de la nueva ley radica en la consolidación de una estructura administrativa que antes no existía adscrita al Ministerio de Salud.
"Esta nueva ley de salud mental transforma el abordaje de la salud en nuestro país, porque establece la salud mental como un derecho. Se crea la dirección de salud mental en el Ministerio de Salud y se le da el nivel directivo que merece. Se crea el Sistema Nacional de Información Territorializado de Salud Mental para poder tener información, se fortalece el Observatorio de Salud Mental y se unifica en el Instituto Nacional de Salud", explicó a BLU Radio la representante de la Alianza Verde y autora de la ley, Olga Lucía Velásquez.
El aspecto más histórico, señalado por la autora, es la asignación de recursos específicos: "Por primera vez en la historia se asignan recursos desde el Presupuesto General de la Nación para salud mental exclusivamente".
Estos fondos se canalizarán a través de una subcuenta específica, garantizando la estabilidad financiera y la continuidad de los programas de prevención y promoción. Este mecanismo presupuestal quedará reflejado a partir del presupuesto de 2026, siendo una medida de cumplimiento inmediato.
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Además, la ley establece el mes de octubre como el “Mes de la Salud Mental”, con el objetivo de realizar actividades de promoción y prevención en todo el país, buscando generar conciencia sobre la importancia de la salud mental a nivel individual, familiar y comunitario.
En materia poblacional, los jóvenes han sido incluidos como población prioritaria, junto a niños, niñas y adolescentes. En el ámbito educativo, la ley obliga a las EPS, IPS y entidades territoriales a coordinar la creación de comités de salud mental en las instituciones educativas. Estos comités deben realizar tamizajes en salud mental para estudiantes, docentes y personal administrativo.
“Un tamizaje genera alertas, genera advertencias, se establece la hoja de ruta, es decir, los tamizajes en salud mental son fundamentales en el sistema, en las instituciones educativas, pero también dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente”, aseguró Velásquez.
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Para garantizar una atención integral y equitativa, se fortalece la Red Mixta de Prestación de Servicios en Salud Mental, articulando servicios públicos y privados. La construcción de estas redes territorializadas, que deben responder a las necesidades específicas de cada región, inició su convocatoria abierta el 28 de septiembre.
Otro avance crucial es el fortalecimiento de la atención en zonas rurales y territorios apartados, priorizando la atención en estas áreas.
Otros aspectos contenidos en la nueva ley incluyen:
“Hay temas de corto, de mediano y de largo plazo. Pero lo que sí es cierto, es que estamos pasando a la acción”, concluyó la representante Velásquez.
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