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Nueva EPS indicó que enfrenta embargos judiciales por un monto superior a los $2,1 billones, impuestos por cuatro juzgados del país, situación que tiene impacto directo en su operación administrativa y en el flujo de recursos destinados a la prestación de servicios de salud. De acuerdo con la entidad, la suma actualmente embargada equivale aproximadamente al total de la operación de un mes.
Según lo expuesto, el valor de los embargos se incrementó de manera progresiva durante el último año. En noviembre de 2025, las medidas pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones, y recientemente ascendieron a $2.125.890.449.360. Estos recursos, señala la EPS, se encuentran retenidos en cuentas bancarias y en diferentes fuentes de financiación, lo que limita la disponibilidad de tesorería.
Nueva EPS explicó que, ante el bloqueo de cuentas, su operación depende principalmente del giro directo semanal, el cual resulta insuficiente para cubrir de manera integral los compromisos con la red prestadora y los gestores farmacéuticos. La entidad indicó que esta situación afecta el flujo regular de pagos y genera riesgos para la continuidad de los servicios en distintas regiones del país.
Los embargos están concentrados en alrededor de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que presentaron demandas en el marco del proceso de intervención de la EPS.
Según la información divulgada, cerca del 80 % de estas IPS corresponden a instituciones privadas de gran tamaño. Los juzgados que concentran la mayoría de las medidas son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico, en Caquetá, y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La EPS reiteró que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter inembargable, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política y lo establecido en las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. A esto se suman pronunciamientos administrativos como la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, que señalan que estos fondos, por su naturaleza parafiscal, no pueden ser objeto de medidas cautelares.
Nueva EPS señaló que, si bien la entidad ya presentaba un déficit financiero antes de la intervención, los embargos han profundizado esa situación y generan efectos no solo sobre la EPS, sino también sobre una red cercana a 5.000 prestadores a nivel nacional, varios de los cuales dependen en gran medida de los recursos que administra la entidad.
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Frente a este panorama, la EPS informó que adelanta acciones jurídicas y financieras para mitigar el impacto y que ha sostenido acercamientos con los despachos judiciales que ordenaron las medidas, incluso sobre cuentas que considera protegidas por la normativa vigente. Asimismo, indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros organismos de control, a quienes solicitó la adopción de medidas que permitan garantizar la continuidad de la atención a los afiliados.
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