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El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2161 de 2025. Esta establece los criterios y estándares de autorización, habilitación y permanencia de las EPS, y marca el inicio de una nueva etapa en la territorialización del aseguramiento en salud, como parte del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo que impulsa el Gobierno nacional.
La resolución dispone que las EPS deberán funcionar dentro de subregiones funcionales para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública, definidas previamente por el Ministerio.
En adelante, la Superintendencia Nacional de Salud actualizará los actos administrativos que autorizan su operación según este nuevo mapa territorial, garantizando que cada entidad cuente con la capacidad técnica, operativa y financiera necesaria para atender a la población de su zona.
Uno de los puntos centrales es la redistribución de afiliados, que será coordinada entre el Ministerio y la Adres con base en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). Esta reasignación busca mantener la continuidad del aseguramiento y asegurar que ninguna persona pierda la cobertura en el proceso.
Además, las EPS deberán contratar al menos el 60% de los servicios con las Empresas Sociales del Estado (ESE) de su área, fortaleciendo la red pública y evitando concentraciones económicas que limiten el acceso equitativo.
El documento indica que los nuevos estándares de gobierno organizacional, gestión del riesgo, participación ciudadana y garantía de la calidad, con plazos definidos para su cumplimiento. Las entidades que mantengan su autorización tendrán tres años de vigencia y deberán someterse a procesos de seguimiento por parte de la Superintendencia.
Con esta medida, el Gobierno avanza en la implementación de varios componentes de la reforma a la salud, actualmente en discusión en el Congreso de la República.
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