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Luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera de manera provisional el Decreto 0182, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba reorganizar a más de tres millones de afiliados del sistema de salud en distintos territorios del país, asociaciones del sector y voceros de pacientes reaccionaron a la decisión judicial.
La medida contemplaba redistribuir usuarios entre diferentes entidades promotoras de salud, y en su gran mayoría trasladarlos a la Nueva EPS, que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno.
Desde la Unión de IPS de Colombia se pronunciaron sobre la decisión. Su director, Jorge Toro, señaló:
“No cuenta con la capacidad operativa para poder asumir nuevos usuarios; ponían en alto riesgo la operación del sistema. Esperamos que el gobierno nacional cuide con esta medida o replantee cómo organizar nuevamente el sistema, teniendo en cuenta que para garantizar una atención integral se debe contar con un sistema de aseguramiento que permita la atención en todas las regiones y, lo más importante, que se garanticen los recursos para el reconocimiento y pago de la población atendida.”
Por su parte, la presidenta de la Acemi, Ana María Vesga, indicó: “La decisión del día de hoy del Tribunal Administrativo de Antioquia, al suspender el Decreto 182 por el cual el Ministerio de Salud buscaba asignar más de seis millones de personas entre las empresas según una nueva forma de habilitación del sistema, nos indica que se deben frenar cambios estructurales que amenazan la asignación efectiva de los servicios de salud. La suspensión permitirá que la población tenga continuidad en sus tratamientos y atenciones, evitando que usuarios sean asignados mayoritariamente a IPS intervenidas, como la Nueva EPS, que enfrenta dificultades operativas y financieras. Así, esta es una medida de protección que celebramos".
Desde las organizaciones de pacientes también hubo reacción. Néstor Álvarez, representante de pacientes de alto costo, afirmó:
“Una vez más, el sistema judicial tiene que ayudar a frenar las arbitrariedades del gobierno frente al sistema de salud, por lo cual consideramos que esta es una medida muy acertada para proteger la vida de muchos pacientes que serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que actualmente viola sistemáticamente el derecho a la salud al no garantizar su goce efectivo. Trasladarlos pondría en riesgo a muchos más pacientes. Lamentamos que todas las decisiones del gobierno hayan estado encaminadas a no garantizar el goce efectivo de este derecho.”
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La suspensión del decreto se mantendrá mientras el tribunal estudia de fondo la legalidad de la medida adoptada por el Ministerio de Salud. Entretanto, el traslado de afiliados queda detenido de manera provisional.
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