La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, advirtió que el sistema de salud colombiano podría profundizar su deterioro financiero si el Gobierno no incrementa la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en al menos 17% para 2026. En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, la dirigente gremial explicó que el cálculo no es producto de una negociación, sino de una metodología técnica que refleja el verdadero costo de la atención en salud.
“No hacerlo supone llevar al sistema a continuar en la asfixia financiera que está afectando a miles de pacientes en todo el país”, afirmó Vesga al insistir en que el aumento es indispensable para frenar el colapso progresivo que ya se evidencia en demoras, falta de medicamentos y mayores gastos de bolsillo para los usuarios.
Una necesidad técnica, no política
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Según Vesga, la discusión sobre el aumento de la UPC se ha distorsionado por discursos políticos que vinculan la medida a beneficios para las EPS. Rechazó de manera categórica esa narrativa:
“La UPC no es nada distinto que la protección financiera del Estado para que todos accedan a un servicio de salud con oportunidad, dignidad y calidad”.
Recordó que la Corte Constitucional ordenó revisar el cálculo de los años anteriores para corregir insuficiencias que han contribuido al déficit acumulado. El gremio estima que el rezago histórico ya oscila entre 20 y 30 billones de pesos, una cifra que agrava la fragilidad del sistema.
Vesga subrayó que tanto ACEMI como la ANDI y otros actores han llegado a estimaciones similares, todas basadas en proyecciones de inflación, frecuencias de consumo en salud y análisis de suficiencia financiera.
El impacto del rezago y la urgencia de estabilización
Ante la pregunta de si un incremento del 16% o 17% resolvería la crisis, Vesga aclaró que el ajuste sería apenas el primer paso:
“Ese aumento es una señal de confianza para empezar la estabilización… pero el sistema ha acumulado un rezago muy importante”.
Si bien la UPC reajustada comenzaría a operar desde el 1 de enero de 2026, la dirigente recalcó que la prioridad es detener el desfinanciamiento corriente que afecta a miles de colombianos hoy mismo. Para ella, la situación demanda una intervención inmediata por parte del Gobierno.
¿Existe espacio fiscal?
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Vesga confirmó que sí existe margen para un incremento de alrededor del 15%, siempre que el Ejecutivo priorice correctamente la destinación de los fondos:
“Se requiere voluntad… el recurso del aseguramiento debe ser prioritario y no desviarse hacia otros usos como equipos básicos u hospitales buque”.
La afirmación responde a señalamientos sobre la orientación del gasto público durante los últimos años, donde —según el gremio— los recursos del aseguramiento han sido utilizados para fines distintos a la operación del sistema.
Salario mínimo y UPC: ¿relación directa?
Sobre los comentarios del presidente Gustavo Petro, quien en redes sociales relacionó el aumento de la UPC con la reforma tributaria y el ajuste del salario mínimo, Vesga señaló que sí existe una conexión, pero no en los términos planteados por el mandatario.
“El año pasado hubo un aumento de UPC del 5.2% real, mientras el mínimo subió más del 10%. Ese desbalance genera presión porque buena parte de los costos del sistema están asociados al talento humano”, explicó.
Si el salario mínimo crece por encima del ajuste de la UPC, se crea un hueco financiero que se acumula año tras año y que termina afectando directamente la atención de los usuarios.
Los límites del cálculo: no hay ‘piso y techo’
Frente a la insistencia sobre cuál sería un incremento mínimo aceptable, Vesga reiteró que la metodología técnica no permite hablar de pisos ni techos:
“El sistema está creciendo entre 15 y 17%. Para un aumento superior al 15% hay espacio fiscal; lo que falta es voluntad política”, puntualizó.
La presidenta de ACEMI cerró la conversación insistiendo en que cualquier aumento por debajo del requerido prolongaría la crisis en las EPS y, por ende, el deterioro en la atención de los pacientes en el país.