Transparencia por Colombia, junto con Así Vamos en Salud, realizó un informe para analizar los posibles riesgos que puede tener la reforma a la saluden el país.
Dentro de los principales hallazgos apareció que se podría generar un riesgo de opacidad, también que la reforma a la salud debería estar acompañada de medidas de prevención de riesgos de injerencia política y de corrupción, y que dentro del proyecto de ley no queda suficientemente claro sobre quién recae el rol del sistema de inspección, vigilancia y control.
Además, el análisis identificó debilidades en el trámite legislativo que hay hasta la fecha. Las organizaciones consideran que la reforma debería tramitarse como ley estatutaria por regular aspectos esencial del derecho fundamental a la salud.
Algunos de los principales hallazgos fueron, según un comunicado de Transparencia por Colombia:
- Sobre la visibilidad: teniendo en cuenta la complejidad de la conformación del presupuesto del Sistema propuesto, se podría generar un riesgo de opacidad en la información. Se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación, incluyendo la contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud que incluiría los recursos que se inviertan en infraestructura y dotación del sistema. También, se identifica que si bien la creación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) aportaría a una mejora de los datos abiertos y de la rendición de cuentas del sistema de salud, el reto de implementación de un sistema único es enorme, por lo cual se podrían considerar esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas ya existentes. En cuanto a los medicamentos, la reforma propone la compra centralizada de medicamentos por subasta pública, sin embargo, esto debe acompañarse de criterios claros y objetivos para su realización.
- Sobre la institucionalidad y la gobernanza: la reforma debería estar acompañada de medidas de prevención de riesgos de injerencia política y de corrupción. Es necesario asignar al Ministerio de Salud y de Protección Social la responsabilidad de establecer una estrategia sectorial de lucha contra la corrupción en este ámbito. También llama la atención la propuesta de nominación de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) dentro de los 3 meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, puesto que crea un riesgo alto de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como a riesgos de clientelismo en el nivel territorial. También, se considera necesario el Sistema Integrado de Calidad (SICA) propuesto incorpore criterios de transparencia presupuestaria, acceso a la información pública, meritocracia en la designación de cargos directivos y rendición de cuentas de las ISE a los usuarios. Igualmente, se plantea que las facultades extraordinarias que se le concederían al presidente de la República deberían estar suficientemente delimitadas, en particular respecto al rol que tendrá la Nueva EPS en la transición hacia el nuevo sistema. Por último, se considera que actualmente la ADRES no cuenta con la capacidad para responder por el manejo centralizado de recursos de todo el sistema, por lo cual se podrían crear nuevos riesgos de mal manejo de los mismos.
- Sobre el control y sanción: Es de destacar que el proyecto contempla un rol activo en la participación ciudadana y las veedurías dentro del sistema de control, así como facultades importantes para la Superintendencia de Salud, como sancionar a personas jurídicas, incluyendo a sus socios controlantes y beneficiarios finales, que requerirán un fortalecimiento significativo de la entidad. Aun así, dentro de la reforma no queda suficientemente claro sobre quién recae el rol del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. La reforma tampoco contiene disposiciones suficientes para determinar el alcance que tendrían las auditorías dentro del sistema. Existe un riesgo de ausencia de control frente al pago del 80% de los recursos que son entregados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a 30 días de la radicación de la factura, con el pago del 20% restante de los recursos sujeto a auditoria. Tampoco se identifican los mecanismos específicos de denuncia ciudadana o institucional de actos de corrupción. Es necesario incorporar mecanismos de control sobre el giro de recursos para evitar posibles malversaciones.
Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, indicó que: "Una reforma al sistema de salud debe establecer una institucionalidad que haga más transparente su operación. Las capacidades de las instituciones de salud nacionales y territoriales se deben fortalecer para prevenir focos de corrupción. El proyecto de reforma actual, conforme está planteado, puede incrementar los riesgos que en esta materia tiene el sector”.
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