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La MAPP-OEA aseguró que "reconoce el esfuerzo del Gobierno" por llevar adelante esta restitución a las víctimas a través de la Ley de Restitución de Tierras, que se puso en marcha en 2011.
Desde entonces, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, "cerca de 22.000 titulares hoy puedan ejercer su derecho de propiedad, gracias a las más de 1.650 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución", resaltó la Misión.
Asimismo, la MAPP-OEA recordó que en ese tiempo se han tomado tres decisiones judiciales que han favorecido a grupos étnicos en Timbiquí (departamento del Cauca), Bagadó y Unguía (departamento del Chocó), "con lo cual se favorece el respeto de los derechos territoriales y culturales de comunidades afrocolombianas e indígenas".
La Misión, que recomendó la articulación de las instituciones responsables de implementar esa Ley, instó a quienes "tengan sugerencias frente a la misma" a "discutir con las entidades responsables sobre las posibles falencias identificadas, y a construir de manera conjunta y concertada las medidas y correctivos a que haya lugar".
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La reacción de la MAPP-OEA llega después de que el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, haya tenido en los últimos días enfrentamientos con el presidente, Juan Manuel Santos, porque en su opinión esa Ley no beneficia a los campesinos.
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