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En plenaria del Senado, con 60 votos a favor, fue aprobada la reforma a la educación que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30. La iniciativa, que ahora continuará su trámite en la Cámara de Representantes, busca asegurar más recursos para las universidades públicas del país.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que el objetivo es empezar a cerrar la brecha de desfinanciación de la universidad pública, estimada en 18 billones de pesos desde que se expidió la Ley 30 hace más de tres décadas. Según el funcionario, la meta a mediano plazo es que el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) se destine a la educación superior pública.
La reforma propone que, en lugar de calcular los aportes con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se tome en cuenta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el Dane, que refleja de manera más precisa los gastos reales del sector. Con esta modificación, se espera no solo mejorar el financiamiento de las universidades, sino también incluir a 34 instituciones técnicas y tecnológicas que hasta ahora no contaban con base presupuestal.
El ministro señaló que los recursos estarán garantizados anualmente a través del Presupuesto General de la Nación, como ocurre actualmente con la Ley 30, pero con el nuevo componente de actualización que permitirá cubrir mejor los costos del sistema educativo. El proyecto aún debe surtir dos debates más en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta y en la plenaria.
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