Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
Durante el foro 'Hacia dónde va la educación superior', el vicecontralor general, Carlos Enrique Silgado, presentó un balance sobre la situación financiera del sistema de educación superior en el país.Según señaló, solo una de las 34 universidades públicas de Colombia es financieramente autosostenible. “El 50,1 % de sus ingresos proviene de aportes nacionales y el 97 % de las instituciones no logra sostener su operación con recursos autogenerados. Esto no refleja una mala administración, sino una rigidez estructural del modelo de financiación”, subrayó Silgado.Según explicó Andrey Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, la mitad de los ingresos de las universidades públicas proviene de recursos nacionales, por lo que, de no realizarse esos giros, 33 de las 34 instituciones no podrían sostener su operación.“No es que la contraloría esté diciendo que la educación superior pública deba ser autofinanciada o que le saquen los recursos a los estudiantes, no. Eso ya son situaciones y ópticas de política pública que tiene que definir el gobierno entrante, y pues los que son actores y creadores de política pública”, afirmó Rodríguez.El funcionario explicó que la única universidad que actualmente presenta autosostenibilidad financiera es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, debido a que su modelo de formación virtual reduce significativamente los costos de operación.Rodríguez también advirtió sobre otra de las principales preocupaciones: la reducción en la asignación de créditos educativos del Icetex.Según indicó, “la caída en asignación de créditos del Icetex comparado de 2021 a 2025 es de más del 80 %. De ahí la alerta que emitió la Contraloría en diciembre de 2024, señalando que más de 330.000 estudiantes que tenían créditos del Icetex no iban a tener subsidio a la tasa”.Frente a ese panorama, el viceministro de Educación designado, Camilo Noguera, afirmó que el Gobierno entrante revisará los conceptos técnicos antes de adoptar decisiones“Sí es cierto que hay unas problemáticas muy urgentes, inmediatas, unos incendios que debemos apagar, pero también es cierto que ha habido una serie de trazos importantes que debemos construir”, agregó.Finalmente, Noguera señaló que el Gobierno entrante tendrá que enfrentar retos inmediatos relacionados con la sostenibilidad fiscal, la cobertura y la calidad de la educación superior.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se consolida una vez más como uno de los escenarios culturales más importantes del país, no solo por su amplia oferta literaria, sino también por convertirse en un punto de encuentro para las universidades colombianas. Desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo, en Corferias, miles de visitantes participan en actividades que combinan cultura, conocimiento y diálogo académico, con India como país invitado de honor.En esta edición, diferentes instituciones de educación superior han preparado agendas que buscan acercar el conocimiento a la ciudadanía. Una de ellas es la Universidad Católica de Colombia, que participa por tercer año consecutivo con una programación enfocada en el aprendizaje, la reflexión y la interacción con el público.Su agenda incluye actividades como 'De tu hoja de vida al posicionamiento profesional', una dinámica orientada a fortalecer la proyección laboral de los asistentes, así como el lanzamiento de la novela gráfica Match, Política, amor y pantallas, que explora el impacto de las redes sociales y el contexto político en las relaciones interpersonales. Estos eventos se desarrollan en su stand ubicado en el pabellón 8 de Corferias.Durante los días siguientes, la universidad continuará con presentaciones editoriales y espacios académicos. Entre ellos se destacan Donde aún respira el planeta, encuentros sobre inteligencia de negocios, y el lanzamiento de obras centradas en emociones, relaciones de pareja y salud mental, como Todo lo que siento y no sé manejar y el programa CON-PAS sobre convivencia saludable.La programación también aborda temas especializados como la psicología organizacional —con énfasis en salud mental, diversidad y trabajo—, así como nuevos aportes en psicología jurídica y forense. Además, incluye una muestra artística y un conversatorio que vincula la ingeniería con la literatura, titulado 'Ingeniería en cien años de soledad', en alusión a la obra de Gabriel García Márquez.Por su parte, el Politécnico Grancolombiano también se suma a la FILBo 2026 con el lanzamiento de varias publicaciones. Entre ellas está 'Lo que mi mamá me enseñó de publicidad', de Socorro Jaramillo, una obra que replantea los principios del marketing desde una perspectiva ética y humana, transformando las tradicionales “4P” en un modelo basado en propósito, promesa, plan y pasión.Asimismo, se presentará 'Recopilación poética de un emperador', del autor Johan Alexander Muñoz Roa, quien propone una mirada distinta al emprendimiento a través de la poesía, abordando las emociones, los fracasos y los aprendizajes que acompañan el liderazgo empresarial.De esta manera, la FILBo 2026 no solo reafirma su papel como vitrina editorial, sino también como un espacio académico en el que las universidades aportan al debate, la creación y la construcción de conocimiento, acercando sus propuestas a un público diverso que encuentra en la feria un punto de encuentro entre la educación y la cultura.
El debate sobre el financiamiento de la educación superior en Colombia será uno de los puntos que deberá resolver con urgencia el próximo Gobierno. Para Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América, esta discusión trasciende lo presupuestal y se convierte en un asunto estratégico para el futuro del país, especialmente en una economía donde el conocimiento es cada vez más determinante.Actualmente, Colombia cuenta con un sistema mixto de educación superior que integra instituciones públicas y privadas. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, el país supera los 2,4 millones de estudiantes matriculados, de los cuales cerca del 50 % cursa sus estudios en universidades privadas. Este panorama, según Posada, evidencia que estas instituciones son un pilar clave para ampliar la cobertura y garantizar la formación del talento que requiere el país.Sin embargo, el modelo enfrenta importantes retos. Mientras las universidades públicas buscan actualizar sus esquemas de financiación establecidos por la Ley 30 de 1992, las privadas afrontan presiones derivadas de la desaceleración económica y la reducción en la capacidad de pago de los hogares. De acuerdo con el Dane, factores como la inflación han impactado el ingreso disponible, lo que dificulta el acceso y la permanencia en la educación superior.A esto se suma el rezago en inversión en investigación y desarrollo. Datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología indican que Colombia destina alrededor del 0,3 % de su PIB a este rubro, muy por debajo de estándares internacionales. En este contexto, Posada advierte que las universidades cumplen un papel central en la generación de conocimiento, innovación y soluciones a problemas sociales y productivos.Frente a este escenario, el rector insiste en la necesidad de abordar el financiamiento desde una visión integral que fortalezca tanto a estudiantes como a instituciones. Esto implica, según explica, mejorar los mecanismos de apoyo financiero, incentivar la investigación y garantizar estabilidad normativa. La sostenibilidad del sistema educativo, concluye, será clave para que Colombia avance hacia una economía más competitiva, equitativa y basada en el conocimiento.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el sistema estatal entre 2019 y 2024.El estudio revisó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las mayores cargas estructurales del sistema.El funcionamiento del Sistema Universitario Estatal fue evaluado bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. La Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.Esta concentración se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional registra $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional es de $4.512.090 en el período analizado.El análisis del gasto muestra un comportamiento similar. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos. En el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones, es decir 25 universidades, presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una adecuada capacidad para responder por sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 %, correspondiente a 8 instituciones, muestra niveles más bajos y una menor capacidad financiera.El estudio también advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024. Esta cifra podría aumentar debido a la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. Según la Contraloría, esta carga limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional.Las consultas realizadas a 31 universidades refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios.El informe analiza el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo de control reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier aumento debe contar con fuentes claras, suficientes y sostenibles a largo plazo.El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría.
En Cundinamarca avanza una apuesta educativa sin precedentes: el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca, un programa concebido para que los profesionales del ámbito educativo y social se conviertan en investigadores capaces de incidir en sus territorios. Este doctorado, primero en la historia de la Universidad de Cundinamarca y único ofrecido por una institución pública de educación superior en la región, se destaca por integrar tres dimensiones clave: territorio, saber pedagógico y creación de conocimiento. Desde esta perspectiva, la universidad busca aportar al desarrollo humano y a la consolidación de una educación de calidad que responda a los desafíos contemporáneos del país.Una característica central del programa es su estrecha relación con los contextos donde se desarrolla la vida educativa. Las líneas de investigación abordan asuntos como la formación docente, la educación ambiental, los aprendizajes para la paz, la resiliencia comunitaria, la evaluación educativa y las prácticas pedagógicas emergentes. Cada tesis nace de una pregunta surgida en escuelas rurales, instituciones urbanas, organizaciones sociales o entidades estatales que buscan redefinir cómo acompañan, enseñan y gestionan el conocimiento.La modalidad del doctorado también responde a las necesidades de quienes trabajan y estudian al mismo tiempo. El programa se desarrolla de manera presencial en Fusagasugá, con sesiones intensivas los viernes por la tarde y los sábados durante toda la jornada. Este esquema, unido a una duración estimada de entre tres y cinco años y un total de 80 créditos, permite avanzar en los seminarios, la investigación y la escritura de la tesis sin descuidar responsabilidades laborales y familiares.Su enfoque académico se sustenta en la educación transmoderna, corriente que promueve la reflexión crítica y el diálogo entre saberes. Gracias a esta orientación, los doctorandos participan en seminarios teóricos, talleres especializados, electivas de profundización, estancias académicas y redes académicas nacionales e internacionales. La meta es que cada estudiante consolide una voz investigativa propia y pueda posicionarse en debates contemporáneos sobre educación.El impacto de este proceso formativo se refleja en el perfil del egresado: un investigador autónomo, con capacidad para diseñar propuestas educativas, diagnosticar problemas y liderar iniciativas transformadoras en diferentes ámbitos sociales. Esta cualificación abre caminos profesionales en cargos directivos, consultorías, gestión de proyectos, trabajo comunitario y creación de programas pedagógicos innovadores.Uno de los aspectos más valorados del doctorado es su énfasis en la aplicabilidad del conocimiento. Las investigaciones no se quedan en el papel: se convierten en libros, artículos, modelos de intervención, recomendaciones de política pública, estrategias curriculares y propuestas comunitarias que fortalecen la vida educativa de los territorios. Las imágenes que acompañan estas iniciativas suelen mostrar esa doble dimensión del programa: discusiones académicas rigurosas y trabajo directo con comunidades rurales, grupos juveniles o colectivos étnicos.En materia económica, el costo por semestre es de $12.812.000 durante los primeros cuatro semestres y de $8.541.000 a partir del tercer año. La UDEC ofrece, además, un descuento del 20 % para egresados y otro del 10 % por certificado electoral, ambos acumulables.Quienes estén interesados pueden comunicarse con el Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca o escribir al WhatsApp 317 401 5845 para conocer requisitos, fechas de admisión y opciones de financiación.
El regreso a clases en la Universidad del Atlántico ha estado marcado por actos vandálicos contra las oficinas y ataques con papas bombas en salones y pasillos de la sede norte de la institución, donde el ambiente sigue tenso por la elección del próximo rector, cuyo proceso quedó suspendido desde el pasado viernes mientras la Procuraduría resuelve varias recusaciones.Una de las oficinas más afectadas fue la de Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social, donde partieron vidrios, lanzaron pintura e hicieron grafitis en ventanas y paredes. Además, fueron incinerados varios carteles en los que habían sido plasmados los nombres de candidatos.Solo la intervención del equipo de seguridad logró retomar la calma en la Uniatlántico, sin embargo, aún reina la tensión ante la expectativa de quién será el próximo rector.El Consejo Superior de la Universidad sólo podrá convocar a una nueva sesión cuando la Procuraduría emita su concepto frente a las recusaciones interpuestas, por lo que aún no se tiene fecha para dicha reunión.Vale mencionar que la vicerrectoría atacada en las últimas horas está a cargo de Miguel Caro, actual representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior y quien estaría siendo denunciado por el Ministerio de Educación, al considerar que se habría extralimitado en sus funciones durante la reciente sesión del Consejo.Una vez se reanude el proceso, los consejeros deberán entrevistar a los cinco candidatos finalistas para luego elegir a quien ocupará la rectoría en el periodo 2025 -2029, siendo que en la contienda se mantienen Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.
Con la llegada de octubre y a solo dos meses de terminar el año, muchos colombianos cuentan los días festivos para poder descansar junto a su familia, amigos, pareja o solos. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, fin de año, quedan solo 5 festivos, que corresponden al 13 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. ¿Cuándo inician las vacaciones de octubre en Colombia en 2025?Desde la Alcaldía de Bogotá han señalado el calendario académico y cómo quedaron organizadas las vacaciones en 2025 en colegios distritales.Desde el 14 hasta el 18 de abril no hubo clase, pues fue semana santa.Desde el 23 hasta el 11 de junio fueron las tres semanas de vacaciones correspondientes a mitad de año. Por su parte, se tiene previsto que las vacaciones de octubre, correspondientes a la segunda semana, sean desde el 6 hasta el 10 de octubre de 2025. Además, recordaron que el último día de clases será el viernes 5 de diciembre de 2025.¿Cuántos festivos tiene octubre en Colombia en 2025?De acuerdo con el calendario oficial de 2025, octubre contará únicamente con un día festivo, correspondiente al lunes 13, fecha en la que se conmemora el Día de la Raza o de la Diversidad Étnica y Cultural. Aunque su conmemoración corresponde al 12 de octubre, que caerá domingo, se celebrará el lunes. Cabe resaltar que la semana de receso escolar inicia el lunes 6 y finaliza el viernes 10 de octubre, lo que significa que el lunes festivo del 13 permitirá a muchas familias extender sus vacaciones y disfrutar de unos días adicionales de descanso.¿Quiénes no tendrán vacaciones de octubre en Colombia?Aunque la semana de vacaciones de octubre es una fecha esperada por muchos estudiantes para poder tomar unos días de descanso, existen ciertas personas que no tienen esta semana, dependiendo de la modalidad en la que se encuentren estudiando o la institución. Los colegios calendario B generalmente no coinciden con el receso de octubre y en muchos casos continúan clases normales.En el caso de los colegios privados, tienen autonomía, sin embargo, en la mayoría de casos se ajustan al receso de octubre.Por su parte, las universidades públicas no están obligadas a dar semana de receso; dependen del calendario académico definido por cada institución.Además, las universidades privadas pueden dar semana de receso o no, según decisión institucional.
La exsecretaria de Educación de Bogotá e impulsora de la iniciativa Jóvenes a la U que otorgaba becas a estudiantes, Edna Bonilla, se pronunció sobre la recientemente la polémica sobre la gratuidad en la educación superior pública y las becas para estudiantes.Bonilla, quien se identifica como defensora de la universidad pública, consideró que la gratuidad en los programas de pregrado "permite garantizar acceso y permanencia". En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo que esta no es una política exclusiva del Gobierno actual, sino que "viene de antes”.Si bien consideró que la política de gratuidad es "loable", dada la "restricción de recursos que existen no solo para la educación", la exsecretaria enfatizó la necesidad de priorizar a los beneficiarios.En ese sentido, sostuvo que es crucial "acudir a la capacidad de pago de las personas" y de aquellos que tienen menos recursos, pues se les debe garantizar esta gratuidad, pero “si una persona tiene recursos, debe contribuir con la educación”.Explicó que esta priorización está de hecho establecida en la ley. Exactamente la Ley 2307 que habla de una "gratuidad progresiva ajustada la disponibilidad presupuestal" y exige "ejecutar unos mecanismos de verificación para evitar duplicidad de apoyos" y definir quiénes son las personas que realmente deben tener este acceso beneficio.Crítica al desfinanciamiento del Icetex y el doble discursoUna de las áreas de mayor preocupación para Bonilla es la posible desfinanciación del Icetex. Lamentó esta situación y subrayó la importancia del sistema educativo mixto en el país.“No toda la universidad privada es mala. No estamos siempre ante un negocio, como a veces hacen ver. Creo que tenemos un sistema mixto que ha demostrado que es una de las fortalezas que tenemos en el país”, recalcó.Bonilla cuestionó fuertemente la idea de que se le quite el fortalecimiento a los créditos del Icetex para privilegiar el fortalecimiento de la universidad pública. Para ella, dejar sin el subsidio a la tasa de interés a los estudiantes es grave, especialmente porque son más de cinco millones de personas las que se han beneficiado históricamente.Al respecto reveló una contradicción socioeconómica en esta priorización, lo que ella calificó como un "doble discurso". La exsecretaria puntualizó que “más del 90 % de los beneficiarios del Icetex son estratos 1, 2, y 3”.“Entonces, los estudiantes del Icetex, que son estratos 1, 2, 3, valen menos para una política de Estado que una persona que sea estrato seis y que esté en una universidad pública”, sentenció.
Las jornadas de descuentos como Black Friday aumentan las compras por internet, pero también pueden surgir inconvenientes cuando los productos no llegan dentro del plazo establecido. Ante esta situación, los consumidores en Colombia tienen herramientas legales para reclamar al vendedor y, si se cumplen determinadas condiciones, recuperar el dinero que pagaron.Daniel Amado Murillo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, explicó que los compradores deben conocer sus derechos y conservar los soportes de la transacción para respaldar cualquier reclamación.Uno de los aspectos que deben tener en cuenta es el tiempo de entrega. Si el comercio no informó una fecha o un plazo específico, tiene un máximo de 30 días calendario para entregar el producto, contados desde el día siguiente a la compra.¿Qué hacer si compró en Black Friday y no recibió el pedido?Si el vendedor incumple el plazo acordado o supera los 30 días calendario sin entregar el producto, el consumidor puede terminar unilateralmente el contrato y solicitar la devolución de todo el dinero pagado, sin descuentos ni retenciones.La Ley 2439 de 2024 establece que, para estos casos de comercio electrónico, el reembolso debe hacerse efectivo en un plazo máximo de 15 días calendario. Además, el proveedor y el portal de contacto deben informar cuando el producto no esté disponible.Por eso, el primer paso es presentar una reclamación directamente ante el comercio y guardar la confirmación de compra, los comprobantes de pago y las comunicaciones relacionadas con el pedido.¿Cómo solicitar la reversión del pago por una compra que no llegó?Otra alternativa es la reversión del pago, un mecanismo que aplica a determinadas compras realizadas por medios electrónicos y pagadas con tarjeta de crédito, débito u otro instrumento de pago electrónico.Esta opción puede utilizarse cuando el producto no llega, existe fraude, se realiza una operación no solicitada o el artículo recibido no corresponde al comprado o presenta defectos.Para solicitarla, el consumidor debe presentar la reclamación al proveedor y notificar al emisor del medio de pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que debió recibir el producto o conoció la situación que da lugar a la solicitud. Cuando corresponda, también deberá devolver el artículo.¿Qué otros derechos tiene el consumidor al comprar por internet?La legislación también contempla el derecho de retracto, reconocido en la Ley 1480 de 2011. Este permite desistir de determinadas compras realizadas a distancia, incluidas las efectuadas por internet, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega, siempre que se cumplan los requisitos legales.Esta posibilidad tiene excepciones: no aplica, por ejemplo, a ciertos productos perecederos, personalizados o de uso personal. Cuando procede, el comprador debe devolver el artículo y asumir los costos de transporte correspondientes.“Conservar los comprobantes de pago, la confirmación del pedido y las comunicaciones con el vendedor resulta fundamental para respaldar la reclamación”, recordó Amado Murillo.
El destacado periodista, escritor y teólogo español especializado en asuntos vaticanos, José Manuel Vidal, ofreció un exhaustivo análisis sobre la gira pastoral y política que el Papa León XIV adelanta por Uruguay, Argentina y Perú. Durante su intervención, Vidal destacó que el viaje del pontífice ha superado el ámbito estrictamente confesional o dogmático, adentrándose en debates políticos y económicos de profunda trascendencia para la región. Para el analista, la autoridad moral de la Santa Sede ubica al pontífice como una figura decisiva frente a los gobiernos latinoamericanos, al recordar los principios fundamentales de la persona y el bien común.La doctrina social de la Iglesia como eje político y moralUno de los pilares del recorrido papal ha sido la apelación directa a la doctrina social de la Iglesia en escenarios de alta figuración política, como sus encuentros con mandatarios en la región. Según Vidal, el papado mantiene una enorme credibilidad global que convierte a León XIV en un líder "super escuchado, superquerido y súper temido por los dirigentes o por los gobiernos que no aplican [...] la doctrina social de la Iglesia".En su paso por Uruguay —considerado por el analista como el país más laico de Latinoamérica— y posteriormente en Argentina, el pontífice enfatizó que la dignidad humana y la defensa de la democracia mediante el diálogo deben priorizarse sobre cualquier interés partidista. Al abordar el rol de la clase política, el vaticanista subrayó que el Papa les recordó una máxima central: "la principal facultad de un político es ponerse al servicio del pueblo".El reto de la secularización y el llamado a la transmisión familiar de la feEl análisis también abordó la creciente pérdida de influencia de la Iglesia católica en diversos países y el avance de una "secularización rampante". Vidal señaló que en Europa, y particularmente en España, la práctica de sacramentos como el bautismo, la confirmación o el matrimonio religioso ha caído a niveles mínimos.Frente a esta realidad, León XIV ha centrado su mensaje pastoral en la juventud y la familia, promoviendo que la fe "da sentido a la vida de cada persona". En Uruguay, el pontífice hizo un llamado directo a las madres, abuelas y padres para recuperar la formación de valores desde la infancia, instando a los progenitores a "ser como San José" para transmitir el sentido ético y la vivencia espiritual a las nuevas generaciones.Respecto a la geopolítica de la gira, Vidal explicó las motivaciones centrales en las etapas clave del viaje. En Argentina, la visita posee un fuerte componente de continuidad con el legado de su antecesor, el Papa Francisco, reafirmando el compromiso del Vaticano con el "proceso sinodal de renovación" que busca consolidar la llamada "primavera de la Iglesia".Por otra parte, la llegada de León XIV a Perú representa el segmento más emotivo de la gira. El territorio peruano constituye una "vuelta a su casa" y a su "hogar", donde sirvió por más de 40 años como misionero y obispo en regiones como Callao y Chiclayo antes de su elección pontificia. En esas comunidades, concluyó Vidal, el pontífice forjó su carácter pastoral y mantiene un profundo vínculo afectivo con los sectores más vulnerables.Escuche aquí la entrevista:
Durante la madrugada, la Fuerza Pública reactivó las operaciones aéreas de alto impacto en Norte de Santander con la ejecución de tres bombardeos simultáneos dirigidos contra las estructuras del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias 'Andrey Avendaño'.En diálogo con Mañanas BLU, voceros de la Asociación Nacional de Víctimas y líderes regionales detallaron cómo se desarrolló la incursión y cuál es el panorama sobre el terreno tras las detonaciones.Ataques y el obstáculo de las minas antipersonaDe acuerdo con las comunicaciones emitidas por los habitantes de la zona rural, los ataques aéreos se sintieron con fuerza en tres puntos veredales específicos en las primeras horas del día:"Efectivamente confirman que tipo 3:00 de la mañana se efectuaron estos bombardeos en diferentes puntos, pero no hay todavía acceso a estos lugares", explicó Olguín Mayorga, representante de la Asociación Nacional de Víctimas.La verificación de bajas o incautaciones en los puntos impactados no ha sido inmediata debido a los cercos de seguridad instalados por los grupos armados:"Por lo general, en estos campamentos donde están los guerrilleros, ellos los siembran con minas antipersona para que los otros actores armados no lleguen hacia donde están ellos de manera fácil. Eso también le dificulta a la Fuerza Pública llegar hasta estos puntos específicos y en estos momentos la Fuerza Pública está tratando de llegar a estos tres puntos donde se efectuaron estos hechos", precisó.El valor geoestratégico del Catatumbo: frontera, coca y dronesLa ofensiva militar busca quebrar el control territorial que sostienen las disidencias de las Farc en sangrienta confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta subregión resulta vital para sus finanzas criminales y logística de guerra por múltiples factores:"En el momento en que ellos pierdan el control de esta región, pierden y se desarticulan en gran manera. No se puede desconocer que durante los cuatro años anteriores la Fuerza Pública no actuó en contra de ninguno de estos dos actores armados, lo que les permitió fortalecerse. Y hasta este momento es que se están llevando a cabo las reactivaciones de las diferentes operaciones", señaló Mayorga.Crisis humanitaria y clamor ciudadano con banderas blancasMientras el Ministerio de Defensa evalúa el balance oficial de los bombardeos, la crisis humanitaria en el Catatumbo deja cifras alarmantes tras 22 meses ininterrumpidos de confrontaciones armadas.Ante esta situación, comunidades como la del corregimiento de Pacheli, en Tibú, salieron a marchar con pancartas y camisetas blancas para exigir a los actores armados ilegales el cese inmediato de hostilidades y el respeto por la población civil.Por su parte, desde los sectores de víctimas respaldaron la reactivación de las acciones de la Fuerza Pública, incluyendo el despliegue de la Fuerza de Tarea Urano en Aguachica y los controles en Cúcuta, al insistir en que no podrá existir inversión social duradera en la región sin la previa recuperación de la seguridad territorial.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista: