Durante el foro 'Hacia dónde va la educación superior', el vicecontralor general, Carlos Enrique Silgado, presentó un balance sobre la situación financiera del sistema de educación superior en el país.Según señaló, solo una de las 34 universidades públicas de Colombia es financieramente autosostenible. “El 50,1 % de sus ingresos proviene de aportes nacionales y el 97 % de las instituciones no logra sostener su operación con recursos autogenerados. Esto no refleja una mala administración, sino una rigidez estructural del modelo de financiación”, subrayó Silgado.Según explicó Andrey Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, la mitad de los ingresos de las universidades públicas proviene de recursos nacionales, por lo que, de no realizarse esos giros, 33 de las 34 instituciones no podrían sostener su operación.“No es que la contraloría esté diciendo que la educación superior pública deba ser autofinanciada o que le saquen los recursos a los estudiantes, no. Eso ya son situaciones y ópticas de política pública que tiene que definir el gobierno entrante, y pues los que son actores y creadores de política pública”, afirmó Rodríguez.El funcionario explicó que la única universidad que actualmente presenta autosostenibilidad financiera es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, debido a que su modelo de formación virtual reduce significativamente los costos de operación.Rodríguez también advirtió sobre otra de las principales preocupaciones: la reducción en la asignación de créditos educativos del Icetex.Según indicó, “la caída en asignación de créditos del Icetex comparado de 2021 a 2025 es de más del 80 %. De ahí la alerta que emitió la Contraloría en diciembre de 2024, señalando que más de 330.000 estudiantes que tenían créditos del Icetex no iban a tener subsidio a la tasa”.Frente a ese panorama, el viceministro de Educación designado, Camilo Noguera, afirmó que el Gobierno entrante revisará los conceptos técnicos antes de adoptar decisiones“Sí es cierto que hay unas problemáticas muy urgentes, inmediatas, unos incendios que debemos apagar, pero también es cierto que ha habido una serie de trazos importantes que debemos construir”, agregó.Finalmente, Noguera señaló que el Gobierno entrante tendrá que enfrentar retos inmediatos relacionados con la sostenibilidad fiscal, la cobertura y la calidad de la educación superior.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se consolida una vez más como uno de los escenarios culturales más importantes del país, no solo por su amplia oferta literaria, sino también por convertirse en un punto de encuentro para las universidades colombianas. Desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo, en Corferias, miles de visitantes participan en actividades que combinan cultura, conocimiento y diálogo académico, con India como país invitado de honor.En esta edición, diferentes instituciones de educación superior han preparado agendas que buscan acercar el conocimiento a la ciudadanía. Una de ellas es la Universidad Católica de Colombia, que participa por tercer año consecutivo con una programación enfocada en el aprendizaje, la reflexión y la interacción con el público.Su agenda incluye actividades como 'De tu hoja de vida al posicionamiento profesional', una dinámica orientada a fortalecer la proyección laboral de los asistentes, así como el lanzamiento de la novela gráfica Match, Política, amor y pantallas, que explora el impacto de las redes sociales y el contexto político en las relaciones interpersonales. Estos eventos se desarrollan en su stand ubicado en el pabellón 8 de Corferias.Durante los días siguientes, la universidad continuará con presentaciones editoriales y espacios académicos. Entre ellos se destacan Donde aún respira el planeta, encuentros sobre inteligencia de negocios, y el lanzamiento de obras centradas en emociones, relaciones de pareja y salud mental, como Todo lo que siento y no sé manejar y el programa CON-PAS sobre convivencia saludable.La programación también aborda temas especializados como la psicología organizacional —con énfasis en salud mental, diversidad y trabajo—, así como nuevos aportes en psicología jurídica y forense. Además, incluye una muestra artística y un conversatorio que vincula la ingeniería con la literatura, titulado 'Ingeniería en cien años de soledad', en alusión a la obra de Gabriel García Márquez.Por su parte, el Politécnico Grancolombiano también se suma a la FILBo 2026 con el lanzamiento de varias publicaciones. Entre ellas está 'Lo que mi mamá me enseñó de publicidad', de Socorro Jaramillo, una obra que replantea los principios del marketing desde una perspectiva ética y humana, transformando las tradicionales “4P” en un modelo basado en propósito, promesa, plan y pasión.Asimismo, se presentará 'Recopilación poética de un emperador', del autor Johan Alexander Muñoz Roa, quien propone una mirada distinta al emprendimiento a través de la poesía, abordando las emociones, los fracasos y los aprendizajes que acompañan el liderazgo empresarial.De esta manera, la FILBo 2026 no solo reafirma su papel como vitrina editorial, sino también como un espacio académico en el que las universidades aportan al debate, la creación y la construcción de conocimiento, acercando sus propuestas a un público diverso que encuentra en la feria un punto de encuentro entre la educación y la cultura.
El debate sobre el financiamiento de la educación superior en Colombia será uno de los puntos que deberá resolver con urgencia el próximo Gobierno. Para Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América, esta discusión trasciende lo presupuestal y se convierte en un asunto estratégico para el futuro del país, especialmente en una economía donde el conocimiento es cada vez más determinante.Actualmente, Colombia cuenta con un sistema mixto de educación superior que integra instituciones públicas y privadas. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, el país supera los 2,4 millones de estudiantes matriculados, de los cuales cerca del 50 % cursa sus estudios en universidades privadas. Este panorama, según Posada, evidencia que estas instituciones son un pilar clave para ampliar la cobertura y garantizar la formación del talento que requiere el país.Sin embargo, el modelo enfrenta importantes retos. Mientras las universidades públicas buscan actualizar sus esquemas de financiación establecidos por la Ley 30 de 1992, las privadas afrontan presiones derivadas de la desaceleración económica y la reducción en la capacidad de pago de los hogares. De acuerdo con el Dane, factores como la inflación han impactado el ingreso disponible, lo que dificulta el acceso y la permanencia en la educación superior.A esto se suma el rezago en inversión en investigación y desarrollo. Datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología indican que Colombia destina alrededor del 0,3 % de su PIB a este rubro, muy por debajo de estándares internacionales. En este contexto, Posada advierte que las universidades cumplen un papel central en la generación de conocimiento, innovación y soluciones a problemas sociales y productivos.Frente a este escenario, el rector insiste en la necesidad de abordar el financiamiento desde una visión integral que fortalezca tanto a estudiantes como a instituciones. Esto implica, según explica, mejorar los mecanismos de apoyo financiero, incentivar la investigación y garantizar estabilidad normativa. La sostenibilidad del sistema educativo, concluye, será clave para que Colombia avance hacia una economía más competitiva, equitativa y basada en el conocimiento.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el sistema estatal entre 2019 y 2024.El estudio revisó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las mayores cargas estructurales del sistema.El funcionamiento del Sistema Universitario Estatal fue evaluado bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. La Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.Esta concentración se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional registra $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional es de $4.512.090 en el período analizado.El análisis del gasto muestra un comportamiento similar. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos. En el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones, es decir 25 universidades, presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una adecuada capacidad para responder por sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 %, correspondiente a 8 instituciones, muestra niveles más bajos y una menor capacidad financiera.El estudio también advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024. Esta cifra podría aumentar debido a la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. Según la Contraloría, esta carga limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional.Las consultas realizadas a 31 universidades refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios.El informe analiza el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo de control reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier aumento debe contar con fuentes claras, suficientes y sostenibles a largo plazo.El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría.
En Cundinamarca avanza una apuesta educativa sin precedentes: el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca, un programa concebido para que los profesionales del ámbito educativo y social se conviertan en investigadores capaces de incidir en sus territorios. Este doctorado, primero en la historia de la Universidad de Cundinamarca y único ofrecido por una institución pública de educación superior en la región, se destaca por integrar tres dimensiones clave: territorio, saber pedagógico y creación de conocimiento. Desde esta perspectiva, la universidad busca aportar al desarrollo humano y a la consolidación de una educación de calidad que responda a los desafíos contemporáneos del país.Una característica central del programa es su estrecha relación con los contextos donde se desarrolla la vida educativa. Las líneas de investigación abordan asuntos como la formación docente, la educación ambiental, los aprendizajes para la paz, la resiliencia comunitaria, la evaluación educativa y las prácticas pedagógicas emergentes. Cada tesis nace de una pregunta surgida en escuelas rurales, instituciones urbanas, organizaciones sociales o entidades estatales que buscan redefinir cómo acompañan, enseñan y gestionan el conocimiento.La modalidad del doctorado también responde a las necesidades de quienes trabajan y estudian al mismo tiempo. El programa se desarrolla de manera presencial en Fusagasugá, con sesiones intensivas los viernes por la tarde y los sábados durante toda la jornada. Este esquema, unido a una duración estimada de entre tres y cinco años y un total de 80 créditos, permite avanzar en los seminarios, la investigación y la escritura de la tesis sin descuidar responsabilidades laborales y familiares.Su enfoque académico se sustenta en la educación transmoderna, corriente que promueve la reflexión crítica y el diálogo entre saberes. Gracias a esta orientación, los doctorandos participan en seminarios teóricos, talleres especializados, electivas de profundización, estancias académicas y redes académicas nacionales e internacionales. La meta es que cada estudiante consolide una voz investigativa propia y pueda posicionarse en debates contemporáneos sobre educación.El impacto de este proceso formativo se refleja en el perfil del egresado: un investigador autónomo, con capacidad para diseñar propuestas educativas, diagnosticar problemas y liderar iniciativas transformadoras en diferentes ámbitos sociales. Esta cualificación abre caminos profesionales en cargos directivos, consultorías, gestión de proyectos, trabajo comunitario y creación de programas pedagógicos innovadores.Uno de los aspectos más valorados del doctorado es su énfasis en la aplicabilidad del conocimiento. Las investigaciones no se quedan en el papel: se convierten en libros, artículos, modelos de intervención, recomendaciones de política pública, estrategias curriculares y propuestas comunitarias que fortalecen la vida educativa de los territorios. Las imágenes que acompañan estas iniciativas suelen mostrar esa doble dimensión del programa: discusiones académicas rigurosas y trabajo directo con comunidades rurales, grupos juveniles o colectivos étnicos.En materia económica, el costo por semestre es de $12.812.000 durante los primeros cuatro semestres y de $8.541.000 a partir del tercer año. La UDEC ofrece, además, un descuento del 20 % para egresados y otro del 10 % por certificado electoral, ambos acumulables.Quienes estén interesados pueden comunicarse con el Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca o escribir al WhatsApp 317 401 5845 para conocer requisitos, fechas de admisión y opciones de financiación.
El regreso a clases en la Universidad del Atlántico ha estado marcado por actos vandálicos contra las oficinas y ataques con papas bombas en salones y pasillos de la sede norte de la institución, donde el ambiente sigue tenso por la elección del próximo rector, cuyo proceso quedó suspendido desde el pasado viernes mientras la Procuraduría resuelve varias recusaciones.Una de las oficinas más afectadas fue la de Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social, donde partieron vidrios, lanzaron pintura e hicieron grafitis en ventanas y paredes. Además, fueron incinerados varios carteles en los que habían sido plasmados los nombres de candidatos.Solo la intervención del equipo de seguridad logró retomar la calma en la Uniatlántico, sin embargo, aún reina la tensión ante la expectativa de quién será el próximo rector.El Consejo Superior de la Universidad sólo podrá convocar a una nueva sesión cuando la Procuraduría emita su concepto frente a las recusaciones interpuestas, por lo que aún no se tiene fecha para dicha reunión.Vale mencionar que la vicerrectoría atacada en las últimas horas está a cargo de Miguel Caro, actual representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior y quien estaría siendo denunciado por el Ministerio de Educación, al considerar que se habría extralimitado en sus funciones durante la reciente sesión del Consejo.Una vez se reanude el proceso, los consejeros deberán entrevistar a los cinco candidatos finalistas para luego elegir a quien ocupará la rectoría en el periodo 2025 -2029, siendo que en la contienda se mantienen Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.
Con la llegada de octubre y a solo dos meses de terminar el año, muchos colombianos cuentan los días festivos para poder descansar junto a su familia, amigos, pareja o solos. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, fin de año, quedan solo 5 festivos, que corresponden al 13 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. ¿Cuándo inician las vacaciones de octubre en Colombia en 2025?Desde la Alcaldía de Bogotá han señalado el calendario académico y cómo quedaron organizadas las vacaciones en 2025 en colegios distritales.Desde el 14 hasta el 18 de abril no hubo clase, pues fue semana santa.Desde el 23 hasta el 11 de junio fueron las tres semanas de vacaciones correspondientes a mitad de año. Por su parte, se tiene previsto que las vacaciones de octubre, correspondientes a la segunda semana, sean desde el 6 hasta el 10 de octubre de 2025. Además, recordaron que el último día de clases será el viernes 5 de diciembre de 2025.¿Cuántos festivos tiene octubre en Colombia en 2025?De acuerdo con el calendario oficial de 2025, octubre contará únicamente con un día festivo, correspondiente al lunes 13, fecha en la que se conmemora el Día de la Raza o de la Diversidad Étnica y Cultural. Aunque su conmemoración corresponde al 12 de octubre, que caerá domingo, se celebrará el lunes. Cabe resaltar que la semana de receso escolar inicia el lunes 6 y finaliza el viernes 10 de octubre, lo que significa que el lunes festivo del 13 permitirá a muchas familias extender sus vacaciones y disfrutar de unos días adicionales de descanso.¿Quiénes no tendrán vacaciones de octubre en Colombia?Aunque la semana de vacaciones de octubre es una fecha esperada por muchos estudiantes para poder tomar unos días de descanso, existen ciertas personas que no tienen esta semana, dependiendo de la modalidad en la que se encuentren estudiando o la institución. Los colegios calendario B generalmente no coinciden con el receso de octubre y en muchos casos continúan clases normales.En el caso de los colegios privados, tienen autonomía, sin embargo, en la mayoría de casos se ajustan al receso de octubre.Por su parte, las universidades públicas no están obligadas a dar semana de receso; dependen del calendario académico definido por cada institución.Además, las universidades privadas pueden dar semana de receso o no, según decisión institucional.
La exsecretaria de Educación de Bogotá e impulsora de la iniciativa Jóvenes a la U que otorgaba becas a estudiantes, Edna Bonilla, se pronunció sobre la recientemente la polémica sobre la gratuidad en la educación superior pública y las becas para estudiantes.Bonilla, quien se identifica como defensora de la universidad pública, consideró que la gratuidad en los programas de pregrado "permite garantizar acceso y permanencia". En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo que esta no es una política exclusiva del Gobierno actual, sino que "viene de antes”.Si bien consideró que la política de gratuidad es "loable", dada la "restricción de recursos que existen no solo para la educación", la exsecretaria enfatizó la necesidad de priorizar a los beneficiarios.En ese sentido, sostuvo que es crucial "acudir a la capacidad de pago de las personas" y de aquellos que tienen menos recursos, pues se les debe garantizar esta gratuidad, pero “si una persona tiene recursos, debe contribuir con la educación”.Explicó que esta priorización está de hecho establecida en la ley. Exactamente la Ley 2307 que habla de una "gratuidad progresiva ajustada la disponibilidad presupuestal" y exige "ejecutar unos mecanismos de verificación para evitar duplicidad de apoyos" y definir quiénes son las personas que realmente deben tener este acceso beneficio.Crítica al desfinanciamiento del Icetex y el doble discursoUna de las áreas de mayor preocupación para Bonilla es la posible desfinanciación del Icetex. Lamentó esta situación y subrayó la importancia del sistema educativo mixto en el país.“No toda la universidad privada es mala. No estamos siempre ante un negocio, como a veces hacen ver. Creo que tenemos un sistema mixto que ha demostrado que es una de las fortalezas que tenemos en el país”, recalcó.Bonilla cuestionó fuertemente la idea de que se le quite el fortalecimiento a los créditos del Icetex para privilegiar el fortalecimiento de la universidad pública. Para ella, dejar sin el subsidio a la tasa de interés a los estudiantes es grave, especialmente porque son más de cinco millones de personas las que se han beneficiado históricamente.Al respecto reveló una contradicción socioeconómica en esta priorización, lo que ella calificó como un "doble discurso". La exsecretaria puntualizó que “más del 90 % de los beneficiarios del Icetex son estratos 1, 2, y 3”.“Entonces, los estudiantes del Icetex, que son estratos 1, 2, 3, valen menos para una política de Estado que una persona que sea estrato seis y que esté en una universidad pública”, sentenció.
En plenaria del Senado, con 60 votos a favor, fue aprobada la reforma a la educación que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30. La iniciativa, que ahora continuará su trámite en la Cámara de Representantes, busca asegurar más recursos para las universidades públicas del país.El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que el objetivo es empezar a cerrar la brecha de desfinanciación de la universidad pública, estimada en 18 billones de pesos desde que se expidió la Ley 30 hace más de tres décadas. Según el funcionario, la meta a mediano plazo es que el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) se destine a la educación superior pública.La reforma propone que, en lugar de calcular los aportes con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se tome en cuenta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el Dane, que refleja de manera más precisa los gastos reales del sector. Con esta modificación, se espera no solo mejorar el financiamiento de las universidades, sino también incluir a 34 instituciones técnicas y tecnológicas que hasta ahora no contaban con base presupuestal.El ministro señaló que los recursos estarán garantizados anualmente a través del Presupuesto General de la Nación, como ocurre actualmente con la Ley 30, pero con el nuevo componente de actualización que permitirá cubrir mejor los costos del sistema educativo. El proyecto aún debe surtir dos debates más en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta y en la plenaria.
La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta por el aumento significativo del nivel del mar que se prevé en el Pacífico colombiano entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto de 2026. El fenómeno podría generar condiciones de riesgo en varios sectores costeros.De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), el comportamiento del mar está relacionado con la fase de luna nueva, que produce el fenómeno conocido como marea de sizigia o ‘puja’.Este fenómeno se caracteriza por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar, situación que, sumada al incremento en la intensidad de las corrientes marinas, podría ocasionar inundaciones en algunos sectores del litoral Pacífico.Entre las zonas que podrían presentar mayores afectaciones se encuentran Bahía Solano, en Chocó; Guapi, en Cauca; Juanchaco, en Buenaventura, Valle del Cauca; y Tumaco, en Nariño.¿Cuándo se registrarán los niveles más altos del mar?Según DIMAR, el sábado 15 de agosto será el día de mayor incidencia del fenómeno, cuando se esperan los registros más elevados del nivel del mar en diferentes puntos del Pacífico colombiano.En Tumaco se prevé un nivel de hasta 3,98 metros en alta mar, con el máximo estimado hacia las 5:32 de la mañana. En Bahía Solano, el nivel podría alcanzar los 4,06 metros alrededor de las 5:20 de la mañana.Por su parte, Buenaventura tendría uno de los registros más altos, con un nivel del mar de hasta 4,91 metros en alta mar, previsto aproximadamente para las 5:57 de la mañana del sábado 15 de agosto.DIMAR también advirtió que durante la marea descendente o vaciante podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades turísticas en las playas.Ante esta situación, la autoridad marítima recomendó a las comunidades costeras, pescadores, comerciantes y turistas extremar las medidas de seguridad y atender las instrucciones de las autoridades locales y competentes.La recomendación también está dirigida al gremio marítimo, las marinas y las sociedades portuarias, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.La Dirección General Marítima informó que continuará realizando un monitoreo permanente del comportamiento del fenómeno en el Pacífico colombiano y entregará nuevas actualizaciones en caso de que se presenten cambios significativos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país."Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana. El epicentro del sismo se situó en el oeste de Colombia -en el municipio de San José del Palmar del departamento de Chocó. El portavoz destacó además que la conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y que el organismo ha recibido informes de daños estructurales, que incluye el derrumbe de viviendas, en varias localidades.El presidente Abelardo De La Espriella, informó que hasta el momento, el terremoto ha dejado 111 personas fallecidas, 87 heridas, "1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, y 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados".Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han mostrado su solidaridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también han mostrado su apoyo a Colombia.En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo "con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias".Mientras, la ACNUR dijo estar "monitoreando de cerca" la situación y "evaluando su impacto", y dijo estar listo "para brindar apoyo según sea necesario".Por su parte, la direcora de la OIM, Amy Pope, escribió -en su perfil de X- que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto "y está lista para apoyar" al país: "Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano".
Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de su infraestructura tras el fuerte terremoto registrado en Colombia y desmintió las versiones que señalaban supuestas afectaciones o un posible colapso de alguna de sus represas, entre ellas Hidroituango. La compañía aseguró que, luego de las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos, las 13 grandes presas que administra se encuentran en condiciones de normalidad.De acuerdo con EPM, las revisiones incluyeron la infraestructura relacionada con generación de energía, acueducto y alcantarillado, distribución de gas, así como transmisión y distribución de energía. Los equipos especializados verificaron las condiciones de las instalaciones y no encontraron afectaciones que comprometan su funcionamiento.Entre las estructuras inspeccionadas estuvieron las centrales y pequeñas centrales de generación de energía, incluyendo Hidroituango. Las labores de revisión abarcaron puntos considerados clave para la operación de las instalaciones, como torres de captación, subestaciones, casas de máquinas y vertederos. Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, confirmó que las condiciones de la presa se mantienen dentro de la normalidad.“En EPM tenemos 13 grandes presas, entre ellas Ituango. Podemos reportar normalidad en las condiciones de todas las presas”, aseguró Mejía. El funcionario agregó que Hidroituango cuenta con un monitoreo permanente, las 24 horas del día, como parte de los protocolos establecidos para verificar su estado.El reporte también contempla a las empresas del Grupo EPM que operan en diferentes regiones del país, entre ellas CHEC, en Caldas, y EDEQ, en Quindío. Si bien la infraestructura presenta un buen estado general, se han registrado afectaciones en el servicio de energía en algunos sectores de Caldas y Risaralda, situaciones que están siendo atendidas por los equipos técnicos de CHEC.EPM señaló que continuará monitoreando el estado de sus instalaciones y que informará oportunamente cualquier novedad relacionada con la prestación de los servicios públicos. La compañía, además, hizo un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente información proveniente de las autoridades oficiales encargadas de la geociencia y la gestión del riesgo y pidió no replicar mensajes sobre supuestas réplicas, debido a que estos fenómenos no pueden ser predichos.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto gran parte del territorio colombiano deja, de manera preliminar, 111 personas fallecidas y 87 heridas, de acuerdo con el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella.El mandatario presentó el primer reporte nacional sobre la emergencia durante una declaración pública en Bogotá, varias horas después del movimiento telúrico, y anunció la declaratoria de desastre nacional debido a la magnitud de las afectaciones registradas en diferentes regiones del país.Según las cifras entregadas por el Gobierno a las 12:30 de la tarde, además de las víctimas mortales y los heridos, el terremoto dejó 1.575 viviendas averiadas y otras 37 completamente destruidas. También se reportó el colapso de 61 edificios.La emergencia afecta principalmente a departamentos del occidente y centro del país, donde organismos de socorro adelantan labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.Terremoto hoy en Colombia en vivoTerremoto en Colombia deja daños en viviendas y edificiosEl balance preliminar presentado por el presidente da cuenta de una afectación considerable en la infraestructura. Además de las viviendas y edificaciones colapsadas, 18 centros de salud y 52 instituciones educativas presentan daños como consecuencia del movimiento telúrico.Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para establecer el alcance real de las afectaciones, especialmente en las zonas donde se han presentado reportes de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas."Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad", aseguró De La Espriella al explicar las acciones que adelanta el Gobierno después del terremoto.La búsqueda de sobrevivientes concentra los esfuerzos de los organismos de primera respuesta, mientras continúan las evaluaciones estructurales y la recopilación de información proveniente de los departamentos afectados.Siete aeropuertos permanecen cerradosEl terremoto también provocó afectaciones en la infraestructura aeroportuaria. De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, siete aeropuertos presentan daños y permanecen cerrados para la operación de vuelos comerciales.Los terminales afectados son los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura. Las autoridades deberán determinar las condiciones de seguridad de cada infraestructura antes de permitir el regreso de las operaciones comerciales. El cierre de estos aeropuertos representa una de las principales consecuencias del terremoto sobre la movilidad entre las regiones afectadas.A las afectaciones aeroportuarias se suman 18 carreteras, que presentan daños derivados del movimiento telúrico. Las autoridades realizan verificaciones para establecer cuáles vías pueden continuar habilitadas y cuáles requieren intervención.Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremotoEl epicentro del terremoto estuvo localizado en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de San José del Palmar, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 82 kilómetros. La intensidad del sismo permitió que fuera sentido en diferentes departamentos del centro y occidente del país, incluida Bogotá y otras ciudades importantes.Ante la magnitud de la emergencia, el presidente anunció que viajará durante la tarde a Quibdó, capital del Chocó, para supervisar personalmente la atención de la emergencia.Otros integrantes del Gobierno nacional serán enviados a Valle del Cauca y el Eje Cafetero, regiones que también registraron importantes afectaciones.La presencia de funcionarios en las zonas más golpeadas busca facilitar la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales y los organismos encargados de la atención de desastres.Gobierno declara desastre nacionalLa declaratoria de desastre nacional permitirá al Gobierno concentrar esfuerzos y recursos para atender las consecuencias del terremoto y coordinar las acciones necesarias en las regiones afectadas.El presidente De la Espriella, quien asumió el cargo el pasado viernes 7 de agosto, afronta así su primera gran emergencia nacional apenas tres días después de comenzar su mandato.Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades continúan recopilando información para actualizar el número de víctimas, heridos y daños materiales.El balance entregado durante el mediodía es preliminar y podría aumentar a medida que los equipos de emergencia ingresen a las zonas afectadas y se completen las inspecciones de viviendas, edificios e infraestructura pública.La prioridad, según el Gobierno, continúa siendo localizar y rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas, atender a los heridos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el terremoto.Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y coordinan las labores de respuesta en los departamentos donde se han reportado daños.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó este lunes que el terremoto deja, hasta el momento, 15 personas fallecidas y 380 lesionadas en la capital del Valle del Cauca. Los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate.“Al momento desde Cali podemos reportar que hay 380 personas lesionadas (...) que han sido atendidas en nuestros hospitales”, aseguró Éder, quien además confirmó con tristeza el fallecimiento de 15 caleños durante la emergencia.El mandatario explicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para determinar si existen más víctimas mortales tras el terremoto. Las autoridades mantienen activo el protocolo de atención mientras avanzan las labores en las zonas afectadas.Ante la alta demanda de atención médica, la Alcaldía de Cali decretó la alerta roja hospitalaria, debido a que la red de salud se encuentra al 100 % de su capacidad. La medida busca priorizar la atención de las personas afectadas por el sismo.Por esta razón, fueron canceladas y reprogramadas temporalmente las cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no sean de absoluta urgencia. El alcalde pidió a los ciudadanos comprensión y colaboración para facilitar la atención de los casos más graves.La emergencia también provocó daños en cuatro instituciones hospitalarias, que tuvieron que ser evacuadas como medida preventiva. Se trata de la Clínica Nuestra, la Clínica DESA, la Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle (HUV).Éder indicó además que la línea 106 permanece habilitada para brindar apoyo psicosocial a los ciudadanos afectados por el terremoto. La Alcaldía de Cali también mantiene coordinación permanente con el CRUE Valle y el Ministerio de Salud y Protección Social.En las próximas horas se espera la llegada de 120 rescatistas provenientes de diferentes ciudades del país, quienes se sumarán a los equipos que trabajan en Cali. El alcalde agradeció el apoyo enviado desde Bogotá, Buga, Popayán y otras ciudades.Respecto a los servicios públicos, el alcalde informó que el suministro de agua potable funciona con normalidad en Cali, salvo en algunas edificaciones que resultaron afectadas durante el sismo. En cuanto a la energía eléctrica, permanece una interrupción preventiva en diferentes sectores.“Vamos recuperando la red con mucha cautela, en algunos casos, no solo barrio por barrio, sino edificio por edificio”, explicó Éder al referirse a los trabajos para restablecer progresivamente el servicio de energía en las zonas afectadas.El alcalde también pidió a los caleños mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos de emergencia. Aunque no hay pico y placa, Éder solicitó evitar desplazamientos innecesarios durante las labores de búsqueda y rescate.“Por favor mantengamos las vías libres para que puedan circular los equipos de búsqueda y de rescate”, señaló el mandatario, quien agradeció nuevamente el trabajo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y demás organismos que participan en la atención de la emergencia.Finalmente, Éder aseguró que las autoridades concentrarán sus esfuerzos durante las primeras 48 horas en rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas y atender a quienes resultaron afectados. También anticipó que se anunciarán medidas para las personas que no puedan regresar a sus hogares esta noche.