A solo cuatro días de que venza el plazo para que miles de colombianos realicen sus traslados de régimen pensional, la plataforma de Colpensiones presenta graves fallas de estabilidad. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, manifestó una “preocupación enorme” debido a que los ciudadanos que están a menos de diez años de pensionarse podrían quedar fuera del proceso por problemas técnicos. Según Velasco, Colpensiones está realizando una migración de su centro de datos que ha generado indisponibilidad desde el primero de julio.“Desde principios de julio estamos identificando que al parecer ese proceso pues ha presentado problemas y Colpensiones ha estado indisponible en muchos periodos”, señaló el directivo, enfatizando que el sistema se encuentra inestable en momentos críticos para los usuarios. El cuello de botella de la doble asesoríaEl proceso para trasladarse requiere de una "doble asesoría" obligatoria para garantizar que el ciudadano esté bien informado. Velasco reportó que, de las 280,000 solicitudes de doble asesoría, cerca de 160,000 han logrado completar el traslado aprobado.Sin embargo, el problema radica en quienes intentan iniciar el trámite ahora y se encuentran con un sistema caído que impide incluso verificar la afiliación.El presidente de Asofondos describió las dificultades que enfrentan los asesores de las AFP privadas al intentar conectar con la administradora pública: “Cuando se está consultando la historia laboral, por ejemplo, hoy la historia laboral está inestable. El sistema se cae, se vuelve disponible, queda dando circulitos... y eso obviamente genera impaciencia y preocupación”.Planes de contingencia manuales en la era digitalAnte la imposibilidad de procesar las solicitudes digitalmente, Colpensiones ha propuesto recurrir a métodos físicos. Velasco criticó que se pretenda retroceder en la modernización del sistema: “Colpensiones dijo: 'vamos a empezar a hacer cosas manuales, o sea, hojas de papel y hacer autorizaciones'. Es un plan de contingencia que funciona, pero no es el deseable en un sistema como el colombiano que lleva funcionando más de 30 años de forma electrónica, telefónica o digital”. El líder gremial recordó que los sistemas del sector financiero son "hiperregulados e hipervigilados" y deberían ser robustos ante estas contingencias.Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional contempla “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica que rodea la implementación parcial de la reforma pensional.Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Hacienda defendió la posición del Ejecutivo frente al traslado de 6,6 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y que actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones. Sus declaraciones se producen luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que reglamentaba dichos traslados.“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó Ávila.El choque entre Colpensiones y las AFPEl debate gira en torno al artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la iniciativa permanece bajo revisión de la Corte Constitucional, ese apartado sigue vigente y permitió que miles de afiliados solicitaran el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones.Según cifras entregadas por el ministro, en los últimos meses se han registrado más de 132.000 solicitudes de traslado, lo que equivale a “una persona cada dos minutos” pidiendo pasar al régimen público. De ese total, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían siendo atendidos por Colpensiones, mientras que otros 8.000 habrían cumplido los requisitos para pensionarse.Ávila cuestionó duramente la postura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señalando que mantienen retenidos recursos que pertenecen a ciudadanos que ya no hacen parte de ese régimen.“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.Posible intervención y revisión administrativaAunque el ministro evitó confirmar una decisión concreta, dejó abierta la posibilidad de medidas extraordinarias respecto a los fondos de pensiones. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, respondió inicialmente, aunque reiteró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones detalladas sobre el manejo de los recursos pensionales por parte de las administradoras privadas.La declaración ocurre días después de que la Superfinanciera anunciara investigaciones administrativas relacionadas con el traslado de afiliados y los recursos correspondientes. El organismo informó que más de 32.800 afiliados ya consolidaron su derecho pensional, mientras que más de 24.000 reciben actualmente sus pagos desde Colpensiones.El tamaño del sistema pensionalDurante la entrevista, Ávila insistió en que los fondos privados administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra superior incluso al Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en 546 billones.“El Gobierno está pidiendo que trasladen apenas el 1,2 % de los recursos administrados”, señaló el ministro, quien calificó de “desproporcionada” la reacción de las AFP frente al requerimiento estatal.Asimismo, defendió el papel financiero del Estado en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Según explicó, el Gobierno destina anualmente cerca de 33 billones de pesos para cubrir las obligaciones de Colpensiones, cuyo costo total ronda los 70 billones. “El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, enfatizó.La incertidumbre jurídica de la reforma pensionalEl panorama sigue marcado por la incertidumbre legal. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba los traslados de recursos, mientras la Corte Constitucional aún no emite una decisión definitiva sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso.Pese a ello, el ministro defendió que actualmente la Ley 100 continúa vigente y que esa norma establece claramente que una persona no puede estar afiliada a un régimen mientras sus recursos permanecen en otro.Crece la presión sobre el sistema privadoLas declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las AFP. Desde sectores cercanos al Ejecutivo se insiste en que los fondos privados estarían generando un ambiente de desconfianza dentro del sistema pensional. Ávila incluso aseguró que la postura de las administradoras podría incentivar nuevos traslados hacia Colpensiones.“Están acumulando razones para que los cotizantes del sistema pensional tengan mayores motivos para hacer el traslado al sistema público”, advirtió. Mientras tanto, el Gobierno mantiene garantizado el pago de las mesadas para los pensionados ya trasladados, aun si persiste el bloqueo judicial sobre los recursos reclamados a las AFP.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y explicó la situación jurídica de los 5 billones de pesos que se encuentran en el centro de una disputa entre los fondos privados y el Gobierno nacional. Velasco enfatizó que, ante el reciente fallo judicial, el gremio priorizará la legalidad sobre las presiones del Ejecutivo.Cumplimiento de la ley y respeto a la justiciaLa controversia escaló luego de que el Consejo de Estado emitiera una orden temporal que suspende el traslado de estos recursos hacia Colpensiones, argumentando que el ahorro debe ser protegido. Velasco fue claro al señalar que la organización acatará la medida: “Una vez el Consejo de Estado detiene la aplicación del decreto, pues nosotros tenemos que cumplir la ley. (...) Así como nosotros íbamos a cumplir el decreto cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado, pues una vez se pronuncia una alta corte, pues nos toca respetar lo que esa alta corte ha decidido hacer”. El directivo explicó que, antes de la intervención judicial, los fondos estaban preparados para realizar la transferencia, pero la orden del tribunal cambió el panorama legal de inmediato. “El Consejo de Estado da una orden que por ahora es una orden temporal que revisará de fondo y esa orden es que los recursos deben continuar siendo ahorrados”, afirmóLa defensa del ahorro frente al gasto corrienteUno de los puntos de mayor fricción radica en el destino de los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen. Velasco argumentó que, bajo la nueva lógica de la reforma pensional (Ley 2381), estos recursos no deben gastarse inmediatamente para cubrir pasivos, sino preservarse.“La realidad es que la lógica de ahorrar sí es una lógica que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la conveniencia nacional y por eso nosotros recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de proteger estos recursos de ahorro”.Según el presidente de Asofondos, el modelo anterior de la Ley 100 permitía que el dinero de los traslados entrara a una "bolsa común" y se gastara de inmediato, generando una deuda futura para la nación.En contraste, defendió que mantener el ahorro individual es técnicamente más sano para la economía nacional.Respuesta a los ataques de PetroAndrés Velasco también se refirió a los calificativos del presidente Petro, quien tildó a los fondos de "ladrones" y "vampiros". Al respecto, manifestó: “Da mucho dolor y rabia que lo traten a uno así. Yo creo que hay una salida de proporciones en el lenguaje”. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre el manejo irregular de divisas o que el dinero se encuentre fuera del país para beneficiarse de la tasa de cambio. Finalmente, Velasco envió un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las mesadas de los 25,000 colombianos que se trasladaron recientemente. Explicó que Colpensiones cuenta con recursos suficientes provenientes de otros 105,000 cotizantes que también se trasladaron bajo la misma ley y que aún no se han pensionado. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en entrevista con Néstor Morales en En medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes por las decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas de alto impacto político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia frente al tono utilizado desde algunos sectores del Gobierno y aseguró que preferiría “otro tono” en las discusiones públicas entre las ramas del poder.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que el ambiente institucional atraviesa un momento complejo, aunque insistió en que las relaciones entre el Ministerio y las cabezas de las cortes continúan siendo “armónicas, fluidas y respetuosas”.Las declaraciones del ministro llegan luego de varios pronunciamientos del presidente Petro contra magistrados y jueces, especialmente por las decisiones judiciales que frenaron aspectos relacionados con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.“Preferiría que el lenguaje fuera en otro tono”Cuervo admitió que no comparte el nivel de confrontación pública que se ha evidenciado en los últimos días y sostuvo que las diferencias jurídicas deben tramitarse mediante argumentos y recursos legales, no a través de ataques personales.“Yo preferiría que el lenguaje institucional de todos los que hacemos parte del Gobierno fuera en otro tono”, afirmó el ministro durante la conversación radial.El funcionario explicó que, aunque tiene profundas diferencias jurídicas frente a algunas decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la reforma pensional, considera que la vía correcta es acudir a mecanismos institucionales.“Uno puede ser muy duro con los argumentos en el ámbito jurídico, pero yo sí creo que el tono de la discusión a nivel público y a nivel personal debe ser distinto y siempre orientado a preservar la armonía institucional entre las ramas del poder público”, señaló.La controversia por los fondos pensionalesUno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la suspensión del traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, tema que ha generado un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado.Cuervo explicó que existen dos escenarios distintos dentro de la controversia jurídica. El primero corresponde a ciudadanos que todavía no consolidan los requisitos para pensionarse y cuyos recursos continúan administrados por los fondos privados. Sobre ese punto, aseguró que la decisión judicial le parece razonable.Sin embargo, expresó reparos frente al segundo auto del Consejo de Estado, relacionado con personas que ya consolidaron edad y semanas para acceder a la pensión tras acogerse a la denominada “ventana de oportunidad”.“Es apenas lógico que si usted se trasladó y ya le van a tener que pagar su pensión porque consolidó su edad, pues esa plata tiene que estar en Colpensiones”, sostuvo el ministro.El titular de Justicia cuestionó además que el Consejo de Estado haya utilizado normas de la reforma pensional que actualmente se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional.“Eso jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Cuervo al referirse a la decisión judicial.Relaciones con las cortes y la Fiscalía siguen “fluidas”A pesar de la tensión política, el ministro insistió en que el trabajo institucional continúa desarrollándose con normalidad. Según explicó, recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y la fiscal general.“En lo que tiene que ver con mi relación como ministro de Justicia con las cabezas de las altas cortes y con la fiscal sigue siendo armónica y fluida y respetuosa”, indicó.Cuervo señaló que su papel dentro del Gobierno consiste precisamente en facilitar el diálogo entre las ramas del poder público y contribuir a la construcción de consensos, especialmente en momentos de polarización política.El ministro también recordó que recientemente participó en discusiones relacionadas con la jurisdicción agraria en el Congreso, donde ayudó a acercar posiciones entre distintas bancadas.Debate por órdenes de captura y paz totalOtro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total del Gobierno.Cuervo explicó que la Fiscalía busca mayores garantías y pruebas sobre la voluntad de desmovilización de los integrantes de esas estructuras antes de proceder con la suspensión de las órdenes judiciales.“El problema es de aquí al 26 de junio porque la Fiscalía pide más evidencia de lo que exige la ley: voluntad de desmovilización”, detalló el ministro.El funcionario precisó que situaciones similares ya ocurren con otros actores armados, como alias “Araña” y miembros del grupo Comuneros, cuyos procesos también contemplan beneficios condicionados dentro de las negociaciones de paz.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según Velasco, esta medida protege el ahorro de los colombianos y asegura el cumplimiento de la ley vigente. Protección del ahorro frente al gasto corrienteEl debate central gira en torno a los recursos de aproximadamente 120.000 colombianos que utilizaron la "ventana de oportunidad" para trasladarse de régimen. Velasco fue enfático en señalar que, bajo el marco de la nueva Ley 2381, estos recursos no deben usarse para pagos inmediatos. "Lo que dice la ley... es que esos recursos debían ahorrarse... la ley 23. 81... dice literalmente que los recursos son para ahorrarse, no para pagar pensiones en el corto plazo", afirmó el directivo.Frente a las críticas que sugieren que los fondos privados retienen el dinero para beneficio propio, Velasco aclaró que estas instituciones no lucran con el stock de capital acumulado. "Nosotros no cobramos sobresaldo... El hecho de que a nosotros nos hayan dejado esos recursos implica costos para los fondos de pensiones, no implica ganancias", explicó, detallando que su modelo de negocio se basa en comisiones por cotización y no por la administración del saldo estancado.La alerta por un "hueco fiscal" autoinfligidoUno de los puntos más críticos de la intervención de Velasco fue su análisis sobre la situación financiera del Gobierno y Colpensiones. El presidente de Asofondos sugirió que el interés del Ejecutivo por estos recursos responde a una necesidad de liquidez para cubrir errores de presupuesto.Velasco señaló que el Gobierno calculó el gasto pensional para 2026 basándose en una inflación proyectada del 7.5%, pero el incremento del salario mínimo fue muy superior. "Tienen un hueco creado por ellos mismos, por este mismo gobierno de más o menos entre 7 y 9 billones de pesos", advirtió.En este contexto, el directivo sostuvo que el traslado de los 5 billones no es una solución técnica, sino un intento de "disponer de unos recursos que están destinados por ley al ahorro para solucionar un problema fiscal"-Sostenibilidad y el llamado a la Corte ConstitucionalPara Asofondos, el sistema de ahorro es la única vía para garantizar pensiones futuras debido a la transición demográfica. Velasco recordó que hoy se necesitan siete personas cotizando por cada pensionado, pero en 15 años esa cifra caerá a tres. "Lo único que tenemos es ahorro y por eso la ley... se aseguró que estos recursos eran para el ahorro", subrayó. Finalmente, Velasco hizo un llamado a la seguridad jurídica y a la espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre la ley de reforma pensional.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Bu, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los miles de colombianos que recientemente se trasladaron de los fondos privados al régimen público. Ante la incertidumbre generada por la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, Dussán aseguró que los pagos están garantizados: “Claro que van a recibir el pago de la pensión porque ya la decretamos”. PagosA pesar de la pugna jurídica, Dussán explicó que Colpensiones cuenta con la liquidez necesaria para responder por las mesadas de mayo, junio, julio y el resto del año. Según el funcionario, la entidad se apoya en el Presupuesto General de la Nación, que para este rubro supera los 35 billones de pesos, además de los aportes de los afiliados actuales. Sin embargo, advirtió que la decisión del magistrado del Consejo de Estado afecta la operatividad prevista. “La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en cuanto impide el traslado a la administradora colombiana de pensiones de los recursos correspondientes”, señaló Dusán, refiriéndose a los cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados (AFP) deben girar por las personas que ya consolidaron su derecho pensional.Los 5 billones de pesosTodo radica en el traslado de recursos de aproximadamente 20,000 a 36,000 personas que hicieron uso de la "ventana de traslado" y ya tienen derecho a su jubilación. Dussán sostiene que, aunque el decreto esté suspendido, la obligación de los fondos privados persiste bajo la Ley 100 y el artículo 76 de la Ley 2381.“Esa plata es de ellos [los pensionados] y como ellos tienen los recursos para pagar las pensiones, nosotros adelantaremos las acciones necesarias”, afirmó el presidente de Colpensiones. Dussán cuestionó la postura de las administradoras privadas y de Asofondos, calificando de "irresponsables" algunas afirmaciones sobre la falta de claridad en las cuentas y enfatizando que “los fondos privados de pensiones deben pagarle esos recursos a Colpensiones”.Recursos legales y el futuro de la reformaPara revertir la suspensión, el Gobierno Nacional presentará un recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado, buscando que se habilite nuevamente el decreto que permitía a los fondos pagar la deuda mediante títulos de tesorería (TES) ante la falta de efectivo. Dusán concluyó haciendo un llamado a la celeridad judicial: “Esperamos que la Corte Constitucional falle rápidamente la vigencia de la ley y que la sala del Consejo de Estado corrija la decisión”. Mientras se resuelven estos "entuertos" jurídicos, el presidente de la entidad reiteró que el sistema no colapsará y que buscará mantener la sostenibilidad mediante el cobro de lo que considera una obligación legal clara de los fondos privados.Escuche aquí la entrevista:
La discusión alrededor de la reforma pensional volvió luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciara un nuevo recurso de súplica tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado anticipado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. En medio de la controversia, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, respondió a las advertencias del Gobierno sobre un supuesto riesgo en el pago de pensiones y aseguró que “los recursos existen” y que el sistema tiene cómo responderles a los pensionados.Velasco defendió la decisión del Consejo de Estado y afirmó que los recursos involucrados corresponden al ahorro de los colombianos y no pueden ser utilizados libremente. Según explicó, el decreto suspendido obligaba a trasladar cerca de 5 billones de pesos relacionados con personas que aprovecharon la llamada “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional. “El Consejo de Estado tomó la decisión de proteger estos recursos que, desde la ley que el mismo Gobierno tramitó, están destinados a ahorrarse”, sostuvo el dirigente gremial.Frente a las declaraciones del Ministerio de Trabajo sobre posibles dificultades para pagar las mesadas de unas 20.000 o 25.000 personas ya pensionadas tras esos traslados, el presidente de Asofondos negó que exista un riesgo financiero. Explicó que mientras las pensiones de ese grupo cuestan alrededor de 450.000 millones de pesos al año, las más de 100.000 personas restantes que también se trasladaron continúan cotizando en Colpensiones y aportan cerca de 600.000 millones de pesos anuales.“Decir que no hay plata para pagarles no tiene ningún sentido”, afirmó Velasco, quien recordó que el sistema público recibe recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para cubrir su déficit estructural.Velasco también aprovechó para advertir sobre la situación financiera de Colpensiones y aseguró que el sistema público actualmente depende en buena parte de los recursos del Estado. Indicó que las pensiones administradas por Colpensiones cuestan cerca de 75 billones de pesos anuales y que aproximadamente 35 billones deben ser cubiertos por la Nación. “Siempre estamos dispuestos a conversar, pero tenemos que cumplir la ley”, concluyó, al insistir en que la suspensión del decreto busca proteger el ahorro pensional de los colombianos.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que si el Consejo de Estado no suspende en su totalidad el decreto que ordena el traslado de recursos pensionales, los fondos privados tendrían que girar cerca de $5 billones a Colpensiones en mayo. La advertencia se dio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.El pronunciamiento se produce luego de que el alto tribunal suspendiera parcialmente el decreto del Gobierno, en una medida cautelar que frenó el traslado de $20 billones correspondientes a afiliados no pensionados, mientras aún estudia otras demandas relacionadas con el resto de los recursos.Suspensión parcial y recursos en juegoVelasco explicó que la decisión del Consejo de Estado solo cobija una parte del decreto, dejando vigente la obligación de transferir los recursos de aproximadamente 20.000 personas ya pensionadas.Según el dirigente gremial, existen múltiples demandas que buscan frenar también este traslado, con el argumento de que el decreto no se ajusta a la ley vigente sobre el manejo del ahorro pensional.“Esperamos que el Consejo de Estado termine de revisar las 12 demandas que quedan pendientes y ojalá suspenda también el traslado de esos otros 5 billones de pesos”, señaló. De concretarse esa suspensión total, el proceso pasaría a un análisis de fondo que podría derivar en la anulación definitiva del decreto.Riesgos financieros y presión sobre el sistemaEl presidente de Asofondos advirtió que el traslado de estos recursos no es menor y podría generar efectos relevantes sobre el sistema pensional y las finanzas públicas.Velasco explicó que, independientemente de si los recursos permanecen en administración estatal o se liquidan, el cambio de esquema implica diferencias en la gestión del ahorro de largo plazo. Según dijo, el estándar de manejo en una fiducia no es equivalente al de los fondos privados, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema. Además, insistió en que la ley establece que estos recursos deben mantenerse como ahorro pensional, no utilizarse para otros fines.Obligación legal y riesgo de intervenciónUno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia sobre las implicaciones jurídicas de no cumplir el decreto mientras esté vigente. “Si se cumplen las fechas del decreto… a nosotros nos toca girar esos recursos, porque si nosotros incumplimos un decreto… podríamos ser sujetos a una intervención”, afirmó Velasco.El presidente de Asofondos explicó que el riesgo no se limita a los $5 billones en discusión, sino que podría comprometer la totalidad de los recursos administrados por el sistema privado, que ascienden a más de $500 billones.Debate con el Gobierno y naturaleza de los recursosDurante la entrevista también se abordaron las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el papel de los fondos privados. Velasco rechazó las acusaciones de apropiación indebida de recursos.En cuanto a la propiedad de los recursos, explicó que, tras el traslado de afiliados al régimen público, estos dejan de ser ahorro individual y pasan a tener carácter colectivo. “Esos recursos son de la nación colombiana… son la garantía de que en el futuro vamos a poder soñar con una pensión”, señaló.
Esta demanda fue presentada ante el alto tribunal por Skandia, Porvenir, Colfondos y Protección, a través de su apoderado judicial, quien pidió al Consejo de Estado decretar una medida cautelar de urgencia —suspensión provisional— sin traslado a la contraparte, al considerar que la norma podría generar efectos inmediatos e irreversibles mientras se decide de fondo su legalidad.De acuerdo con la demanda, el decreto reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, o reforma pensional que creó una “oportunidad de traslado” para afiliados que están próximos a pensionarse.Sin embargo, las AFP aseguran que el Gobierno excedió esa facultad, pues la ley establece que los recursos de los afiliados deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que se consolide la pensión, mientras que el decreto ordena su traslado en plazos de entre 15 y 30 días.Las administradoras también advierten sobre el impacto económico de la medida, porque el traslado acelerado de recursos estimados en cerca de 24,5 billones de pesos obligaría a liquidar activos en condiciones desfavorables, lo que podría generar pérdidas significativas en los portafolios de inversión y afectar el ahorro pensional de millones de afiliados.Por esta razón, las AFP solicitaron al Consejo de Estado intervenir de manera inmediata para evitar un perjuicio que califican como “cierto, grave e irreversible”, tanto para los afiliados como para el sistema pensional en su conjunto.Este polémico decreto enfrenta una lluvia de demandas; incluso, en las últimas horas, el alto tribunal admitió para su estudio una de ellas.
Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, pedirá al Consejo de Estado activar medidas cautelares urgentes para que sea suspendido provisionalmente el decreto expedido este jueves que ordenó a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de $25 billones hacia Colpensiones.Más temprano, justamente desde el congreso que el gremio adelanta en Cartagena, habían anticipado varias acciones legales para defender el ahorro pensional.“A nosotros nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional, que es nuestro mandato legal, por eso no escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.Para los fondos, este decreto va en contra de las leyes vigentes, que establecen que los recursos deben permanecer invertidos y ser gestionados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.Y es que esta medida no afecta a todos los afiliados sino únicamente a unas 127 mil personas que recientemente se cambiaron del régimen privado al público y que están cerca de la edad de pensión (hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47).El objetivo, según el Gobierno, es cubrir la presión financiera que implica pagar pensiones a estos afiliados sin contar aún con sus ahorros trasladados, aunque esto ha generado polémica porque en el sistema público esos recursos dejan de ser cuentas individuales y pasan a un fondo común que financia a todos los pensionados.Justamente, el Consejo Gremial Nacional, rechazó la expedición de este decreto asegurando que representaba un riesgo fiscal para el país y para los colombianos.“El ahorro de los trabajadores no es la caja menor del Gobierno. Desde el sector empresarial manifestamos nuestra profunda preocupación por el Decreto 0415 de 2026. El Gobierno pretende un "traslado exprés" de $24,5 billones de las AFP a Colpensiones. Es una medida ilegal que pone en riesgo el futuro de millones de personas”, dijo Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.
Naciones Unidas por ahora no ha recibido por parte de las autoridades colombianas una solicitud de ayuda tras el terremoto que sacudió el lunes zonas del oeste del país, aunque se prepara para esa posibilidad, señaló un portavoz humanitario de la ONU."Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos", indicó en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.La fuente añadió que todo el equipo de Naciones Unidas en el país está movilizado y mantiene contacto con sus oficinas regionales y con las sedes centrales."Lo primero que debe hacerse es una evaluación adecuada de qué ha ocurrido exactamente, dónde están exactamente las necesidades y qué es lo que necesita", agregó Laerke.De modo preliminar, las principales necesidades podrían ser agua potable segura, kits de higiene y para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria, afirmó.El terremoto, que ha causado al menos 132 muertos según las cifras provisionales de las autoridades colombianas, ha dañado casi 5.000 viviendas y al menos 387 quedaron destruidas, detalló el portavoz."Un total de 61 edificios se han derrumbado y más de 550 instituciones educativas, 24 centros de salud y más de 350 centros comunitarios se han visto afectados", agregó.En zonas afectadas hay acceso limitado a servicios esenciales como electricidad, suministro de agua, atención sanitaria y comunicaciones, además de las 53 carreteras que se han visto afectadas en distintas zonas del país.El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tarik Jasarevic agregó en la rueda de prensa que la oficina en el país del organismo ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia.Equipos sobre el terreno han sido desplegados en las zonas afectadas, entre ellas la ciudad de Cali y el departamento de Chocó, para apoyar la evaluación de daños y la coordinación del sector sanitario.
En el área metropolitana de Bucaramanga, fueron habilitados nueve puntos de recolección para facilitar la entrega de donaciones. Los lugares habilitados son la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, el Indersantander, la Lotería de Santander, Idesan, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, el Centro Comercial La Quinta, la Alcaldía de Bucaramanga y Centroabastos.En el Centro Comercial La Quinta, las donaciones se reciben en el primer piso, junto al punto de información. Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó una carpa en el primer piso de la Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, para recibir los aportes de los ciudadanos.A estos puntos se suma Centroabastos de Bucaramanga, que se vinculó a la campaña de solidaridad para los damnificados. Las ayudas serán recibidas este martes, jueves y sábado en el auditorio de Centroabastos, en una jornada coordinada con la Cruz Roja.La convocatoria busca recolectar alimentos no perecederos, agua, colchonetas, frazadas, cobijas, almohadas y alimentos para mascotas, además de productos de higiene personal como cepillos de dientes, crema dental, desodorantes y pañales. También se requieren linternas, guantes y cascos.Entre los alimentos solicitados están arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela y chocolate, avena, coladas y leche en polvo.En cuanto a los elementos no alimentarios, se pueden entregar jabón, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, kits de cocina, colchonetas y mantas.El Banco de Alimentos de Bucaramanga también habilitó su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 #11-41, barrio San Francisco, para recibir las donaciones.Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y aportar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.El horario de atención en el centro de acopio del Banco de Alimentos es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad indicó además que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.La invitación de las autoridades y organizaciones que participan en la campaña es a sumarse a esta jornada de solidaridad y entregar elementos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.
Luego del terremoto que azotó a gran parte de Colombia este lunes 10 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella declaró la situación como desastre nacional, una decisión que tomó tras el balance presentado, en el que ya son más de 160 muertos y más de 600 heridos, además de los más de 60 edificios colapsados y los seis aeropuertos dañados.La medida busca facilitar la coordinación y respuesta del Estado frente a la emergencia, que ya supera la capacidad de las autoridades en las zonas afectadas. De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, el presidente puede declarar mediante decreto una situación de desastre cuando sus efectos sean de gran magnitud y requieran una respuesta coordinada.Luego de que el primer mandatario ajustara su agenda y viajara a los principales lugares afectados, entre ellos Quibdó y Cali, De La Espriella anunció desde un Puesto de Mando Unificado las medidas correspondientes para atender la emergencia.¿Qué facultades tiene De La Espriella con esta declaratoria?La declaratoria de desastre no quiere decir que ahora el presidente pueda gobernar sin límites o suspender las normativas habituales que tiene el Estado, pero lo que sí hace es activar un régimen especial que permita responder a la emergencia.De acuerdo con la Ley 1523, una vez declarada la situación de desastre, el decreto puede establecer medidas especiales relacionadas con:Contratación estatal para atender la emergencia.Obtención de recursos mediante empréstitos.Administración y destinación de donaciones.Créditos y alivios para personas afectadas.Rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.Adicionalmente, el primer mandatario puede modificar los términos de la declaratoria y las normas especiales aplicables mientras continúen las labores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.¿Qué ayudas activa el Gobierno para damnificados?Una de las situaciones que más ha generado preocupación es la de los damnificados. Ante ello, la declaratoria también permite organizar un plan de acción específico para atender a las comunidades afectadas y establecer qué entidades podrán participar en la recuperación de los sectores golpeados por el sismo.Ante ese panorama, el Gobierno ya anunció que para las familias damnificadas en Quibdó habrá un subsidio de arriendo para quienes tengan viviendas afectadas y necesiten un lugar temporal mientras se llevan a cabo las reparaciones.La situación de desastre también permite acelerar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales.Por lo tanto, y según lo establecido por la Ley 1523, las medidas especiales deben estar relacionadas con la respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas del desastre. La declaratoria, por tanto, no constituye un cheque en blanco, sino un mecanismo legal para concentrar recursos, coordinar entidades y facilitar las acciones necesarias frente a una emergencia de alcance nacional.