Bajo la lupa de la Procuraduría la contratación del PAE en el municipio de Frontino. La actual alcaldesa enfrenta cargos por la presunta suscripción irregular de contratos por más de 480 millones de pesos.Diez contratos para la entrega de alimentos a los estudiantes de Frontino, en el Occidente antioqueño, quedaron bajo la lupa de la justicia disciplinaria. En 2024, la administración municipal firmó diez procesos de contratación pequeña por un valor total que supera los 480 millones de pesos, todos con el mismo objetivo: suministrar la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por estas maniobras, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a la actual alcaldesa del municipio, Luz Gabriela Rivera Cano.Según el informe, la Alcaldía habría fraccionado de manera artificial un solo gran contrato en diez partes más pequeñas. La hipótesis de los investigadores apunta a que esta división se hizo con la intención de contratar de forma directa por mínima cuantía y así evitar una licitación pública o un proceso de selección más exigente y transparente, lo que habría violado las normas de la contratación estatal y la protección de los derechos de la infancia.Dentro de las pesquisas, la Procuraduría investiga también por qué el suministro de los refrigerios y almuerzos escolares se suspendió durante dos periodos del año pasado: del 11 al 15 de febrero y del 15 al 19 de julio de 2024. Por estos mismos hechos, el pliego de cargos salpicó al entonces secretario de Educación de Frontino, Héctor Fabián Suárez Moreno, a quien se le atribuye una presunta falta de supervisión y control sobre la entrega de estos alimentos.De manera preliminar, el organismo de control calificó la conducta atribuida a la mandataria local como una falta gravísima cometida a título de dolo, mientras que la del exsecretario de Educación fue calificada como grave, mientras avanzan las etapas del proceso disciplinario para determinar las posibles sanciones.
La Contraloría General de la República alertó sobre irregularidades en la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y advirtió sobre posibles dificultades para garantizar la continuidad del servicio durante 2026.El organismo de control informó que, después de realizar 32 auditorías de cumplimiento a los recursos del PAE ejecutados durante 2025, fueron identificados 84 hallazgos administrativos. De los cuales, 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene presunta incidencia penal, cinco fueron remitidos para indagación preliminar y 41 tienen presunta incidencia fiscal por $39.139 millones. Según la Contraloría, en el caso de los hallazgos fiscales están relacionados principalmente con problemas en la ejecución de los contratos.El 60% corresponde a falencias en la planeación, manejo de la información, supervisión y control de los contratos. Otro 30% está relacionado con sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias. El 10% restante corresponde a mayores valores pagados, de acuerdo con los resultados de las auditorías.Para el organismo de control, estas situaciones comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.La Contraloría también hizo un llamado sobre el hecho de que el país todavía no alcanza la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar.Además de los hallazgos fiscales, la Contraloría alertó sobre la continuidad del PAE en 13 Entidades Territoriales Certificadas, ETC. Según el organismo, en estos territorios existen contratos que ya finalizaron o están próximos a terminar y, al momento de las auditorías, no se evidenciaban procesos contractuales en curso ni disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad del programa durante 2026. Para el organismo de control, la advertencia implica que, si no se adelantan los procesos necesarios y no se garantizan los recursos, miles de niños, niñas y adolescentes podrían enfrentar interrupciones en el servicio de alimentación escolar.La Contraloría señaló que las situaciones encontradas en las auditorías evidencian problemas reiterados relacionados con sobrecostos, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos. Por esta razón, además de establecer los hallazgos correspondientes, el organismo mantiene la vigilancia sobre los recursos públicos destinados al PAE y sobre las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
La Alcaldía de Fusagasugá respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el PAE y reconoció que sí se presentaron inconsistencias en la prestación del servicio con el operador anterior. Sin embargo, aclaró que la administración estuvo al tanto de estas situaciones desde el primer momento, realizó controles y tomó medidas frente a los incumplimientos detectados.El secretario de Educación, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado de la supervisión identificó cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador. Según indicó, estos hechos fueron documentados y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la alcaldía para establecer las posibles consecuencias.Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis el funcionario fue el relacionado con la calidad de los alimentos. El secretario aclaró que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significaban que se estuvieran entregando productos en estado de descomposición a los estudiantes.“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, añadió el secretario de Educación de Fusagasugá.A partir de estas verificaciones, la administración ordenó retirar los productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. El secretario insistió en que esta actuación buscaba evitar que esos alimentos llegaran a los estudiantes y explicó que en algunos casos la situación terminó generando cambios en la minuta o llamados de atención al operador.En cuanto a las raciones incompletas, el secretario de Educación señaló que hubo casos en los que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta porque el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazarlo.Finalmente, señaló que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de ese mes comenzó la operación de un nuevo contratista. La alcaldía aseguró que mantendrá las visitas aleatorias y los mecanismos de seguimiento, incluida una estrategia en la que los estudiantes reportan las condiciones del servicio.
La Procuraduría General de la Nación intensificó la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca, para verificar que 81.632 estudiantes reciban de manera continua alimentos de calidad y en las condiciones establecidas.Uno de los municipios que más llama la atención es Fusagasugá. La Procuraduría puso la lupa sobre un programa que actualmente beneficia a 13.256 estudiantes, equivalentes al 88 % de la matrícula del municipio. Durante visitas realizadas, por el ente de control, a la bodega y a los comedores escolares fueron identificadas situaciones relacionadas con la calidad de algunos alimentos, cambios no autorizados en los menús y entrega incompleta de determinadas raciones. Frente a estos hallazgos, se implementaron acciones de mejora en las instituciones educativas y la Procuraduría formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades y al operador. Además, se adelanta un proceso sancionatorio contra el actual contratista por presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones técnicas de los alimentos y con los tiempos establecidos para su entrega.A la par, avanza el proceso de selección de un nuevo operador para Fusagasugá. La administración busca que el cambio se realice sin afectar la alimentación de los estudiantes y, de acuerdo con la información entregada, se tenía prevista la adjudicación del nuevo operador para garantizar la continuidad del servicio a partir del 25 de agosto.Avanzan también las labores de la Procuraduría en Soacha. El seguimiento tiene un alcance todavía mayor, teniendo en cuenta que el PAE atiende a 68.376 estudiantes. El Ministerio Público mantiene una vigilancia preventiva en coordinación con las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, con visitas a los comedores escolares y requerimientos dirigidos tanto a las entidades territoriales como a los operadores responsables del programa. Uno de los puntos que está siendo revisado en Soacha es la implementación de la ración caliente transportada, es decir, la entrega de alimentos preparados que son trasladados hasta las instituciones educativas para ser suministrados a los estudiantes. La Procuraduría también verifica la apertura de nuevos comedores escolares y las condiciones en las que estos espacios están funcionando.Por el momento, la vigilancia en Fusagasugá y Soacha continuará para establecer que las autoridades y los operadores cumplan las obligaciones adquiridas y que ningún estudiante resulte afectado por fallas en la prestación del servicio.
La contratación que involucra la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó temporalmente en pausa. Colombia Compra Eficiente decidió suspender temporalmente el proceso de contratación CCENEG-098-01-2026, relacionado con la logística, luego de advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación durante una vigilancia preventiva.La decisión se tomó después de que el Ministerio Público revisara la documentación del proceso y contrastara información con las entidades involucradas.En medio del análisis, la Procuraduría identificó aspectos jurídicos, técnicos, económicos y operativos que requerían una revisión adicional antes de que se adoptara una decisión definitiva sobre la contratación.Frente a este panorama, con múltiples advertencias, el organismo de control recomendó hacer una pausa temporal en las actuaciones decisorias. El objetivo es que Colombia Compra Eficiente evalúe los riesgos señalados y, dentro de sus competencias, determine qué medidas debe adoptar para atender las situaciones identificadas.La Agencia tuvo en cuenta la recomendación y ordenó suspender el proceso por un término máximo de 30 días. Sin embargo, la medida podría levantarse antes si Colombia Compra Eficiente resuelve las circunstancias que llevaron a la suspensión y considera que existen las condiciones para continuar con el proceso de selección.Es importante aclarar que no significa que se haya detenido el Programa de Alimentación Escolar. La medida recae exclusivamente sobre el proceso de contratación y esto no ordena interrumpir la prestación del PAE ni la alimentación que reciben los estudiantes.Por el momento, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Colombia Compra Eficiente.
El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.
La escalada de violencia y las afectaciones del terremoto mantienen al Cauca frente a importantes desafíos, mientras sus sectores productivos buscan abrirse camino en los mercados internacionales. Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta de la Cámara de Comercio del departamento, expuso las necesidades de la región y destacó su capacidad exportadora, en entrevista en Sala de Prensa Blu.Violencia en el Cauca: piden mayor presencia del EstadoMuñoz Otoya manifestó su preocupación por los recientes ataques contra la población civil y advirtió que la situación de orden público está afectando la imagen del departamento. Sin embargo, insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse al despliegue de la fuerza pública.“Yo creo que cuando hablamos hace como tres o cuatro meses les decía que el departamento del Cauca necesita presencia estatal, no solamente presencia de fuerza pública. Si pasa algo en Totoró, que llegue la fuerza pública, pero que al mismo tiempo llegue el ICBF y todas las entidades que evitan que haya reclutamiento de niños”, explicó.La dirigente gremial también solicitó al Gobierno nacional realizar un consejo de seguridad en el departamento y atender las necesidades de sus municipios.Terremoto del 10 de agosto: 336 establecimientos educativos afectadosOtro de los problemas que señaló es el impacto del terremoto en la infraestructura regional. Según las cifras que presentó, 336 establecimientos educativos necesitan ser reconstruidos y 26 centros de salud resultaron afectados. Además, estimó que la recuperación del departamento requiere cerca de 800.000 millones de pesos.“Nosotros en el departamento del Cauca tuvimos afectaciones. Afortunadamente no tuvimos muertos, pero tenemos 336 establecimientos educativos afectados para derrumbar, para reconstruir. Tenemos 26 establecimientos de salud afectados, aparte de viviendas y todo esto”, precisó.Muñoz Otoya cuestionó que estas consecuencias hayan recibido poca visibilidad y señaló que la atención pública suele concentrarse en los hechos de violencia.Exportaciones del Cauca: café, panela y chocolate llegan al exteriorPese a las dificultades, la presidenta de la Cámara de Comercio destacó la diversidad productiva de la región. Según explicó, el Cauca ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayor diversidad de canasta exportadora y comercializa 167 productos en distintos mercados internacionales.Entre los ejemplos mencionó la panela orgánica producida por resguardos indígenas de Caloto, las exportaciones de café y la producción de chocolate en Argelia. Sobre este último caso, contó que una muestra local obtuvo el reconocimiento de una experta internacional y permitió concretar una venta. “Un comprador inglés que trajimos gracias al apoyo de ProColombia les compró 100 kilos de chocolate a mis empresarios de Argelia, Cauca. Yo sé que 100 kilos no son muchos, pero 100 kilos para Argelia es el universo”, destacó.También resaltó que pequeños productores cafeteros se asocian para exportar y que el café de reincorporados de las FARC, provenientes de El Tambo, llega a la sala VIP de El Corte Inglés, en Madrid.Muñoz Otoya resumió en tres pilares las medidas que considera necesarias: presencia integral del Estado, inversión estratégica y beneficios tributarios para atraer empresas y fortalecer a los negocios locales.“Si logramos que el Cauca tenga Estado y seguridad, inversión estratégica, vías, energía eléctrica y, además, les doy beneficios tributarios, yo traigo inversión al departamento y hago que nuestros empresarios, que se la han jugado toda la vida, puedan salir adelante”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
La primera gira del papa León XIV por América Latina tiene un significado que va más allá de su agenda religiosa. El recorrido de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú representa un acercamiento del pontífice a una región con la que mantiene vínculos personales, especialmente por su trayectoria misionera en territorio peruano, pero también una oportunidad para transmitir mensajes sobre reconciliación, igualdad y atención a las poblaciones más vulnerables.Néstor Pongutá, periodista especializado en el Vaticano, explicó en entrevista en Sala de Prensa que esta visita tiene un componente especial para el pontífice, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Aunque nació en Estados Unidos, ese país latinoamericano ocupa un lugar importante en su historia personal y religiosa.La influencia del papa León XIV y su capacidad de convocatoriaUno de los aspectos que ha llamado la atención durante el recorrido es la respuesta de los fieles, incluso en países donde el catolicismo no tiene una presencia mayoritaria. En Uruguay, por ejemplo, según explicó el periodista, se agotaron en menos de 48 horas las 60.000 entradas disponibles para el encuentro del pontífice con los jóvenes.Para Pongutá, la capacidad de convocatoria de León XIV no depende necesariamente de un carisma similar al de su antecesor, el papa Francisco, sino de su experiencia de vida y cercanía con las comunidades.La gira también ha estado marcada por su dimensión política y diplomática. En Argentina, su llegada estuvo precedida por diferencias relacionadas con el protocolo que pretendía implementar el presidente Javier Milei para recibirlo. Desde el Vaticano se mantuvo el procedimiento establecido, evitando que el encuentro se convirtiera en un escenario de protagonismo político.Los mensajes que León XIV busca llevar a América LatinaMás allá de las concentraciones multitudinarias, el periodista destacó que el propósito del viaje está relacionado con los principios del Evangelio: promover la reconciliación, la igualdad y mejores condiciones de vida para las personas más necesitadas.En Argentina, el pontífice también tiene previstas visitas a una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y a una cárcel, en línea con el interés que manifestó Francisco por acompañar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.“Un papa no mueve ejércitos, no mueve sanciones económicas, no mueve inversiones, pero mueve conciencias. Y esa es la gran influencia que tiene un pontífice”, afirmó Pongutá.Finalmente, el recorrido por Perú tendrá un significado particular, especialmente durante su paso por Chiclayo, donde vivió varios años y ejerció como obispo. Allí se espera una de las mayores concentraciones de la gira, con una asistencia estimada de 1,5 millones de personas.Así, León XIV busca consolidar su propio estilo de liderazgo, sin desligarse del camino trazado por Francisco. Como concluyó el periodista, se trata de un pontificado que continúa algunos de los objetivos de su antecesor, pero con otra manera de acercarse a los fieles.
