El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
Un Juez de Bucaramanga absolvió, en un fallo de primera instancia, a la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016.El caso estuvo marcado por la polémica del supuesto pago de tamales a $30.000 para el complemento alimenticio de cerca de 100.000 estudiantes en 82 municipios del departamento, un hecho que generó amplio rechazo en su momento.Según explicó Rodrigo Parada, abogado defensor de la exfuncionaria, la decisión judicial concluyó que no existieron irregularidades en la actuación de los implicados. “La judicatura determinó que ninguna de las personas procesadas, incluida Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en 2016, Aníbal González, y el interventor del contrato, cometieron conductas contrarias a la ley”, afirmó.Parada indicó que, durante el proceso, la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones. “No solo no había soporte probatorio, sino que tampoco se cumplía con lo que exige la ley para una condena”, señaló.Uno de los puntos más controversiales del caso, el presunto sobrecosto en la compra de alimentos fue desestimado en el fallo. De acuerdo con la defensa, se demostró que dichos pagos “nunca se realizaron”, por lo que la narrativa de los “tamales a 30.000 pesos” no tuvo respaldo en las pruebas presentadas en juicio.Parada aseguró que este elemento afectó significativamente la percepción pública del proceso. “Ese tema le hizo mucho daño al caso, pero quedó claro que nunca ocurrió”, sostuvo.El proceso, que se extendió por casi 10 años desde 2017, incluyó la práctica de más de 300 pruebas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Durante este tiempo, tanto Tarazona como González enfrentaron incluso privación de la libertad, que la defensa calificó como injusta.El abogado también cuestionó algunos de los argumentos del ente acusador, al señalar que se basaron en criterios que no estaban contemplados en la ley. Entre ellos, mencionó cuestionamientos sobre los requisitos de experiencia exigidos en la contratación, que, según dijo, eran acordes con el monto del contrato.Por ahora, se trata de un sentido del fallo absolutorio que deberá ser formalizado en las próximas semanas con la lectura oficial de la sentencia. La Fiscalía tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante una segunda instancia.
Recientemente. la Procuraduría General de la Nación informó que le formuló pliego de cargos al exalcalde de Montebello, Virgilio Antonio Acevedo Espinosa, por las presuntas irregularidades que se registraron en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 2023, cuando habría dejado a los menores de edad sin la atención durante casi tres meses.Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, la Alcaldía de Montebello, al parecer, no garantizó la presentación continúa del servicio durante 84 días, situación que afectó drásticamente la atención de niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados para la fecha en las instituciones educativas oficiales.Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá dejaron en evidencia que la supuesta irregularidad se habría dado por deficiencias en la planeación administrativa para asegurar que el Programa de Alimentación Escolar funcione con normalidad.Además, habría quedado sustentado que la Alcaldía de Montebello tuvo, al parecer, demoras en la gestión contractual y presupuestal, así como no habría ejercido una supervisión adecuada sobre la ejecución del contrato que afectó por varias semanas a niños, niñas y adolescentes.Estos hechos e inconsistencias por parte de la Administración Municipal sería la causante para que se diera la suspensión injustificada del servicio de la alimentación escolar por parte del operador, sin que, además, se adoptaran acciones oportunas para restablecerlo y regresarle el beneficio para cientos de menores de edad.Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación calificó la presunta conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
Luego de que la Contraloría General alertara sobre irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un inicio tardío del servicio en varias regiones del país, el director del programa, Sebastián Rivera, en entrevista con Blu Radio aseguró que el Gobierno Nacional comparte la preocupación por el uso eficiente de los recursos y la disminución en la cobertura.Rivera explicó que el informe del ente de control, que revisa vigencias entre 2022 y 2024 y reporta hallazgos fiscales superiores a los 50.000 millones de pesos, se enmarca en los procesos habituales de auditoría. Sin embargo, enfatizó que la principal alerta del Gobierno no solo está en los presuntos sobrecostos y fallas contractuales, sino en la reducción del número de estudiantes atendidos, a pesar del incremento presupuestal.Según detalló, en 2022 el programa contaba con 3,5 billones de pesos y cubría a más de 5,8 millones de niños, lo que representaba una cobertura del 74 %. Para 2025, el presupuesto ascendió a 6,1 billones de pesos, pero la atención bajó a cerca de 5,6 millones de estudiantes, es decir, 237.000 menos que en el año anterior. Rivera advirtió que aún falta por vincular a más de 1,2 millones de niños para alcanzar la universalidad del programa.El director del PAE señaló que esta reducción se evidencia en varias entidades territoriales. Mencionó, entre otros casos, caídas en la cobertura en Atlántico, Valle del Cauca, Cali, Boyacá, Santander y Cesar, así como en Villavicencio. Frente a este panorama, indicó que el Gobierno ha solicitado explicaciones formales a los entes territoriales, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido satisfactorias.Rivera explicó que, en algunos casos, el aumento de recursos se ha destinado a elevar el valor de las raciones y no a ampliar la cobertura, una decisión que, según afirmó, va en contravía de la meta nacional de garantizar el acceso universal al programa. En ese sentido, anunció que, tras recibir nuevas funciones de inspección y vigilancia por parte de la Presidencia, se reforzarán los controles para verificar que los recursos se orienten prioritariamente a atender a más estudiantes.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
Con una inversión superior a los 64.000 millones de pesos con recursos de sistema general de regalías y del Ministerio de Educación Nacional, se inició el primer periodo académico del 2026 con la cobertura en un 90% del programa de alimentación escolar que beneficia a 100.000 estudiantes en las 1.440 sedes educativas del Huila.“Estos recursos iniciales garantiza un total de 111 días calendario escolar y permite a la entidad prestar el servicio hasta finales del mes de julio para este PAE convencional, que cubre las cinco subregiones del departamento”, dijo el secretario de educación Edgar Martín Lara.Explicó el secretario Lara que aún está pendiente la asignación de más recursos, por parte del ministerio, a través de la Unidad Especial de Alimentación Escolar UAPA para garantizar el programa durante todo el año lectivo 2026.“Estamos prestando la operación de este vital servicio sin ningún contratiempo en nuestras instituciones educativas oficiales, en las cinco sub regiones, la norte, sur, occidente, oriente y centro. Este importante programa tuvo el respaldo para la presente vigencia 2026, por la Asamblea del Huila que aprobó la disponibilidad de recursos para beneficiar a cerca de 100.000 estudiantes del área rural y urbana del territorio departamental” declaró el secretario.Puntualizó el funcionario que el programa PAE para la población escolar indígena del Huila está totalmente garantizado y para este primer periodo del presente año tuvo una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Huila y el Consejo Regional Indígena CRIHU.
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un eventual movimiento sísmico de gran magnitud. En Santander, uno de los departamentos con mayor actividad sísmica del país, las autoridades aseguran que existen planes de contingencia y protocolos de respuesta para atender este tipo de emergencias.El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el departamento mantiene una coordinación permanente con las entidades técnicas, organismos operativos y de socorro para monitorear los diferentes fenómenos naturales que pueden presentarse en el territorio."Tenemos canales de comunicación muy importantes con todas las entidades técnicas y de socorro. Hemos analizado cada uno de los eventos naturales a los que somos vulnerables y para cada uno contamos con planes de contingencia y estrategias de respuesta", indicó el funcionario.Sánchez señaló que una de las principales tareas ha sido fortalecer la preparación de las comunidades mediante acciones preventivas como la identificación de rutas de evacuación, la revisión del estado de las viviendas y la promoción de medidas para reducir riesgos dentro de los hogares.Entre las recomendaciones, destacó la importancia de asegurar objetos que puedan desprenderse durante un sismo, conocer los lugares más seguros dentro de las viviendas y mantener un plan familiar de emergencia para saber cómo actuar en caso de un movimiento telúrico.El director recordó además que cada año se realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que permite capacitar a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de reacción de las instituciones frente a este tipo de eventos."El simulacro nos permite trabajar directamente con las comunidades para que conozcan cómo actuar cuando ocurre una emergencia y tengan presentes las medidas de autoprotección", afirmó.Uno de los aspectos que, según las autoridades, brinda mayor tranquilidad es el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en las construcciones más recientes, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.Sánchez explicó que la frecuente actividad sísmica registrada en el sector de la Mesa de Los Santos ha permitido fortalecer la cultura de la prevención y el cumplimiento de los estándares técnicos en las edificaciones."Afortunadamente, los procesos constructivos cumplen hoy con la normatividad de sismorresistencia. En Santander, especialmente en la Mesa de Los Santos, los movimientos sísmicos son frecuentes, pero no hemos tenido afectaciones significativas. Esto demuestra la responsabilidad que ha existido en la construcción de edificios y viviendas bajo los requisitos técnicos establecidos", manifestó.El funcionario concluyó que, aunque el departamento mantiene un buen nivel de preparación, especialmente en el área metropolitana, la reducción del riesgo también depende de que la ciudadanía conozca los protocolos de evacuación, participe en los simulacros y adopte medidas preventivas dentro de sus hogares, debido a que Santander continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.
Justo el día en el que Abelardo de la Espriella recibía su credencial como presidente electo de Colombia, las disidencias de alias 'Calarcá' enviaron su primer mensaje al mandatario que tan solo minutos antes les había dado un ultimátum para someterse a la justicia colombiana."A todos los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", insistió el mandatario electo.En la Troncal de Occidente el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' instaló varios artefactos explosivos en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, ocasionando el cierre por más de 12 horas de este importante tramo a nivel nacional.Tras la llegada de la Fuerza Pública al sector La Paulina del municipio de Valdivia y cuando las autoridades hacían la detonación controlada de uno de los elementos, comenzó el hostigamiento a los expertos que buscaban habilitar el corredor vial.Una vez acabó el ataque armado y los uniformados pudieron seguir con sus labores, la Troncal de Occidente fue habilitada ante la presencia masiva del Ejército Nacional que sigue alerta ante cualquier novedad en la vía."Fueron desactivados dos cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde podían haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento", manifestó el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División.Sin embargo, una vez con la situación normalizada en el Norte antioqueño llamó la atención un mensaje pintada en el suelo con pintura roja, “no comemos de Tigre ni de paramilitares”, en un mensaje directo al presidente electo, Abelardo De La Espriella.Ante la expectativa por la respuesta del mandatario electo, que ha promulgado su lucha frontal contra los grupos ilegales, la zozobra y el temor se apoderan nuevamente de Valdivia y sus alrededores en donde se ha vuelto repetitivo los ataques armados en este importante sector para la movilidad de la región.
Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúan dejando un saldo cada vez más devastador. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó este viernes que la cifra de fallecidos ascendió a 589 personas, mientras que 2.980 personas resultaron heridas. La mandataria también destacó que los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a decenas de sobrevivientes atrapados entre los escombros."Debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos", declaró Rodríguez durante un balance oficial. Asimismo, indicó que desde los sismos se han registrado 214 réplicas, evidencia de que la actividad sísmica continúa en el territorio venezolano. "Este proceso de liberación de fuerzas sísmicas se está dando en las últimas horas", agregó.Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional ha intensificado su apoyo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) anunció que equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se encuentran movilizándose hacia Venezuela para colaborar en la localización de sobrevivientes y la atención de la emergencia."La prioridad absoluta es llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar", afirmó en Ginebra el portavoz de OCHA, Jens Laerke. El funcionario calificó los terremotos como "una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país" y destacó la rapidez con la que ha reaccionado el sistema humanitario internacional. "Lo que estamos viendo ahora es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", aseguró.Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles, provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en La Guaira, ciudad costera cercana a Caracas, donde se concentra gran parte de los daños. Las autoridades continúan evaluando la magnitud de la destrucción mientras avanzan las labores de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas.Hasta el momento se han desplegado 25 equipos especializados, entre ellos 17 unidades nacionales de búsqueda y rescate urbano y varios equipos de respuesta médica de emergencia, que en conjunto suman alrededor de 1.000 rescatistas.De acuerdo con la ONU, ya se encuentran operando en Venezuela equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, mientras que brigadas de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España también se dirigen al país para reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
El estado costero de La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, enfrenta una de sus horas más oscuras tras un sismo que ha dejado imágenes desoladoras de edificios prácticamente destruidos que "se cayeron como castillos de Naipes".En medio de esta tragedia, las autoridades han declarado el estado de emergencia en las parroquias de Caraballeda y Catia La Mar, las zonas que requieren mayor atención inmediata.Operaciones de rescate y esperanzaAndrés Goncalvez, secretario de seguridad de La Guaira, informó que las labores de búsqueda no se han detenido y que la prioridad absoluta es localizar a personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Según Goncalvez, el esfuerzo ha dado frutos: "Ayer... más de cinco personas ahí, gracias a Dios, rescatadas con vida".Pese a los testimonios desgarradores de familias que escuchan gritos bajo las toneladas de concreto, el funcionario enfatizó que "son lo último que se pierde, la esperanza". Respuesta gubernamental y apoyo internacionalDesde la noche del domingo, el gobierno nacional ordenó la instalación de puestos de comando y el despliegue de cuerpos de bomberos y paramédicos de diversos estados del país. La fase de recuperación ha comenzado con la llegada de más de 150 máquinas amarillas destinadas al despeje de vialidad y remoción de escombros. La tragedia también ha convocado la solidaridad extranjera. "Ayer entramos en la fase de recuperación, ya llegaron los primeros apoyos internacionales de la República Dominicana, varios rescatistas", señaló el secretario de seguridad, añadiendo que otros países se están sumando a la labor de colaboración. Restablecimiento de servicios y logísticaEl impacto en la infraestructura ha sido severo, afectando incluso al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Durante la noche, una comitiva de altos funcionarios supervisó las "obras nocturnas reparando la pista del aeropuerto" para garantizar su operatividad. Paralelamente, se trabaja en el restablecimiento de la energía eléctrica en zonas como Macuto y en la distribución de suministros básicos. "Hoy también estamos recibiendo por Ministerio de Alimentación, camiones de alimentación, comida para brindarle todo el apoyo a nuestro estado", confirmó Goncalvez, quien destacó la resiliencia y solidaridad típica de la cultura venezolana ante la magnitud de la catástrofe. Aunque todavía no existe un balance definitivo de víctimas, se estima que la cifra de personas afectadas podría superar las 70,000 en toda la región.Escuche aquí la entrevista:
