La oficina de la ONU en Colombia condenó el atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche y pidió fortalecer los mecanismos de protección.
La Defensoría del Pueblo alertó que en lo corrido de 2025 se han registrado más de 325 ataques y hechos de violencia contra la Misión Médica, un aumento superior al 56 % frente a todo el año anterior.
El jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, explicó que la primera fase del proceso de diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) retirar requerimiento de información enviado a medios de comunicación, al considerar que pone en riesgo la libertad de expresión, reserva profesional y autonomía editorial.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia y al Inpec adoptar medidas interinstitucionales inmediatas para garantizar la seguridad de los funcionarios penitenciarios y mejorar las condiciones laborales en las cárceles del país.
También fueron remitidos el exdirector seccional del extinto DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, y dos civiles, quienes actuaron como falsos informantes.
La Defensoría pidió garantizar el derecho a la protesta pacífica tras las agresiones registradas en Medellín durante la marcha en apoyo a Palestina, que dejó al menos dos personas heridas.
El pueblo Motilón-Barí denunció un incremento alarmante del reclutamiento forzado de menores durante 2025, una práctica que amenaza su supervivencia y refleja el recrudecimiento del conflicto en la región fronteriza.
Un nuevo debate sobre la seguridad ciudadana se desató entre el presidente Gustavo Petro y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), luego de las recientes cifras de homicidios en el país.