La Universidad Militar pide a la JEP reconocer el atentado de 2006 como crimen de guerra
Durante una audiencia ante la JEP, la Universidad Militar Nueva Granada exigió que el atentado con carro bomba de 2006 sea reconocido como un crimen de guerra y un ataque indiscriminado contra población civil.
JEP dice que la Universidad Militar Nueva Granada no es víctima de las Farc
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.
La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.
El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.
Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.
Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.
Foto: JEP
Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.
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“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.
Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.