Esa situación generó miedo entre los habitantes de Santa Inés que pidieron que los dejen por fuera del conflicto, ya que se vieron en medio del fuego cruzado.
Esos malos procedimientos afectaron a más de 50 personas, por lo que los delitos son concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
Los uniformados fueron secuestrados por una comunidad indígena en zona rural del Carmen de Atrato, cuando adelantaban operaciones en contra de la guerrilla del ELN. Están bien de salud.
Su mayor injerencia se concentra en la subregión de Urabá, por su cercanía a la frontera con Panamá y los accesos estratégicos a las costas del Pacífico y el Caribe desde Antioquia y Chocó.
Según la entidad encontró que la empresa que busca operar en los municipios de Jericó y Támesis, está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.