La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas de desaparición forzada, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido.
De acuerdo con el apoderado de la familia, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor.
La juez enfatizó que, aunque los preacuerdos son una negociación directa entre la Fiscalía y las defensas, resulta indispensable garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
De acuerdo con el anuncio, la Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, el 23 de octubre de 2002.
La Fiscalía investiga cómo la empresa fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos.
La Sala deberá definir a qué despacho se le asigna la apelación o si el asunto se resuelve mediante un nuevo reparto, con el fin de destrabar el trámite judicial.
La decisión obedece, en primer lugar, a la existencia de otra actuación penal en curso por los mismos hechos en un despacho distinto de la Fiscalía y varias actuaciones disciplinarias contra la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez.
A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.
En medio de la tensión diplomática con Ecuador, el presidente Gustavo Petro pone en la mira a Óscar Alcantara, alias 'El Mosco', un nombre que ha sido identificado en los testimonios que ha presentado la Fiscalía en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.