En medio de la tensión diplomática con Ecuador, el presidente Gustavo Petro pone en la mira a Óscar Alcantara, alias 'El Mosco', un nombre que ha sido identificado en los testimonios que ha presentado la Fiscalía en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.
Los hechos investigados afectaron tanto a comunicadores colombianos como a periodistas extranjeros, y obedecieron a una directriz impartida por la cúpula del grupo armado ilegal con el propósito de ejercer control territorial.
El Grupo de los 38, integrado por más de 70 juristas aseguró que, aunque la Fiscalía General de la Nación y las víctimas interpusieron recursos extraordinarios de casación, no resulta evidente que dichos recursos cumplan plenamente los requisitos legales exigidos para su admisión.
La diligencia será determinante para establecer si el ente acusador avanza hacia una imputación formal en su contra o si, por el contrario, decide archivar el proceso.
Según explicó el jurista, existen registros que demostrarían que Rosas estaba fuera de Colombia cuando el domiciliario recibió las frambuesas que posteriormente fueron llevadas a la vivienda de Juan de Bedout.
De acuerdo con la determinación de la CAR, el establecimiento educativo habría incumplido los requisitos legales de distancia mínima respecto a la ronda hídrica del río Frío.
En la decisión se dejó constancia de que no se apreció un esfuerzo investigativo orientado a explorar con la misma intensidad hipótesis alternativas a la del suicidio.
Según la decisión judicial, Jhoany Carlos Alberto Palacios habría participado en actuaciones irregulares vinculadas al contrato destinado a desarrollar un sistema masivo de gas natural.
El escrito cita entrevistas que, a juicio de la defensa, refuerzan el conocimiento previo del peligro al que se exponía Valeria Afanador. La madre relató que una docente le informó que el día anterior otro estudiante se había escapado por el mismo hueco.
La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 con función de garantías rechazara una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz.