La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.
En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.
La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.
Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.
La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.
En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.
Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
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