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Autoridades no logran verificar situación de seguridad en zona rural de Valdivia, Antioquia

Comunidades del corregimiento La Cruzada reportaron enfrentamientos entre grupos armados en los últimos días que incluso han dejado varios muertos.

325858_Foto: AFP.
Foto: AFP.

Sigue la incógnita por la situación de seguridad que se vive en el corregimiento La Cruzada, ubicada en los límites entre los municipios de Valdivia y Yarumal, Norte de Antioquia .

Desde el pasado 6 de marzo autoridades civiles y la fuerza pública han reportado enfrentamientos armados entre grupos ilegales como el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control del territorio.

Didier García, personero de esa localidad, le dijo a Blu Radio que aún los uniformados no han logrado llegar hasta el lugar donde se reportan las confrontaciones.

En esa zona, según la Procuraduría, habrían unas 80 familias confinadas y 18 muertos, de los cuales la Policía y el ente de control, confirmaron que tan solo dos cuerpos fueron trasladados a Medellín para su respectiva identificación.

"Por la situación del paro minero, que tampoco ha sido ajena a este municipio, también ha dificultado que se dispongan efectivos para estar allá. Pero lo que se presentó en esta zona no es menos importante y necesitamos conocer si allí hay otras personas sin vida y cómo podemos ayudar a esta comunidades", explicó García.

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Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo un consejo de seguridad en esta localidad para conocer mayores detalles frente a lo que viene pasando y coordinar la llegada de efectivos a la zona.

La Procuraduría General llamó la atención al gobierno para que se proteja la vida y se tomen acciones urgentes de atención humanitaria a las familias en riesgo, además, para que la problemática no se expanda a otras zonas de Antioquia.

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“Esta problemática lejos de detenerse, se ha expandido a otras subregiones como el nordeste antioqueño, de donde se ha conocido de riesgos de desplazamiento de las comunidades de Segovia y Remedios, por las disputas de control territorial y de rentas ilícitas entre estos grupos armados organizados”, aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.

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