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Un total de 1.330 sindicados en el Valle de Aburrá, entre hombres y mujeres, serán los beneficiados de la puesta en funcionamiento de la Cárcel Metropolitana, un proyecto que ya cuenta con el aval presupuestal por parte del Concejo de Medellín por $675 mil millones en vigencias futuras hasta 2037.
El alcalde Daniel Quintero destacó la importancia de los recursos como la posibilidad de que los centros de reclusión y estaciones de Policía en la capital antioqueña y la subregión tengan mayor dignidad con espacios salubres y disminuyendo drásticamente las altas cifras de hacinamiento.
“Uno a veces ve las cárceles de Bukele y la gente dice que mire cómo tratan los presos allá. ¿Quieren ver presos maltratados? Vayan a las estaciones de policía de Medellín. Entonces con esto logramos un doble efecto: dignidad pero también capacidad, porque la capacidad en la ciudad está copada”, aseguró el alcalde.
El establecimiento estará ubicado en el corregimiento de San Cristóbal y se espera que su construcción inicie en 2024, cuando se terminen sus diseños, y se extenderá hasta 2026.
Se realizará sobre un lote de 30 hectáreas con 4.000 metros cuadrados y contará, según reveló el mandatario, incluso con celdas especiales para internos con movilidad reducida, género, condenados transitorios y visita íntima.
La aprobación del proyecto para la construcción de esta infraestructura tuvo un álgido debate en el Concejo de la ciudad y fue aprobado en una estrecha votación 11-9.
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Quienes se opusieron a la iniciativa expresaron cuestionamientos frente al modelo financiero a través de alianza público-privada (APP), que podría dar lugar a la adjudicación de contratos a empresas de aliados políticos sin idoneidad, además de la socialización del proyecto con la comunidad del corregimiento impactado.
“Voté negativo este proyecto porque no vi la tranquilidad y la viabilidad técnica y financiera para que esto se hiciera posible a través de una APP. La comunidad de San Cristóbal rechazó en pleno que se hiciera una nueva cárcel en el corregimiento y no se justificó de manera adecuada por qué debía ser allí y no en otro lugar”, declaró el concejal Simón Pérez.
Otros, como Alfredo Ramos Maya, defendieron la desconfianza en el manejo de los recursos para ese centro en manos de la actual administración distrital y criticó la participación en el debate de entidades como la Procuraduría y la Personería.
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“Penoso que un procurador venga a lavarle la cara a esta alcaldía después de tres años y tres meses donde hemos mostrado cientos de fotos de sindicados en las peores condiciones y la Procuraduría viene a meternos la culpa de que esto no se puede aplazar más. A mí si me van a robar la plata que lo aplacen el tiempo que lo tengan que aplazar”, defendió el corporado durante la sesión.
Pese a las críticas, desde la Alcaldía defendieron que así se cumple con fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obliga a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio apto para cumplir con la ley vigente.
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