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Paro minero en Antioquia: Gobierno endurece su posición y manifestantes reaccionan con violencia

Tras 12 días de manifestaciones, el Gobierno dice que quemará la maquinaria ilegal y que reforzará la presencia de la fuerza pública; el Clan del Golfo dejó sin agua a Tarazá.

Ejército Tarazá
Ejército Tarazá
Foto: Ejército Nacional

Desde hace 12 días, dos subregiones deAntioquia (Bajo Cauca y Nordeste) y en el sur de Córdoba, viven una tensa situación por el paro minero, que ha dejado un saldo parcial de dos muertos, 25 heridos (entre ellos 16 civiles y 9 integrantes de la fuerza pública) y 53 capturados.

El fin de semana pasado se reportó la quema de dos ambulancias en las vías del Bajo Cauca, una de ellas con una madre gestante remitida por preeclampsia, la cual se encuentra fuera de peligro junto a su bebé. Los vándalos jugaron con las camillas, lo que fue rechazado por el presidente de la república, Gustavo Petro. Los vándalos son jóvenes encapuchados que reciben hasta $80,000 pesos del Clan del Golfo para incendiar camiones, atacar a la fuerza pública y misiones médicas, intimidar a la población civil, impedir el comercio y dañar la infraestructura de agua potable, según el Gobierno.

Debido a la situación de confinamiento que se está viviendo, hay más de tres mujeres en El Bagre a punto de dar a luz y no hay insumos para poder atender un trabajo de parto. Dos pacientes (una mujer y un niño) fueron trasladados hasta Rionegro en un helicóptero de la Fuerza Aérea y desde allí fueron movilizados en vehículos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hasta Medellín.

El paso de vehículos con cilindros de oxígeno que surten a los seis hospitales públicos de Caucasia y el resto del Bajo Cauca, donde persiste el paro minero desde hace 12 días, continúa interrumpido.

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El presidente Gustavo Petro, desde Montelíbano, Córdoba, habló sobre graves violaciones del derecho internacional humanitario. El Clan del Golfo ha roto el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional, después de los ataques a la población civil. Fue decretado el toque de queda y ley seca para los seis municipios del Bajo Cauca. Aplica para los habitantes de los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, desde las 6:00 p.m. del sábado 11 de marzo hasta las 6:00 a.m. del domingo 12 de marzo y desde las 6:00 p.m. del domingo 12 de marzo y las 6:00 a.m. del lunes 13 de marzo.

Se estima que alrededor de 350.000 personas están confinadas en 16 municipios debido a los bloqueos en la Troncal de Occidente, en el tramo entre Tarazá y Cáceres. Anoche, un grupo de encapuchados dañó la tubería que surte de agua potable a los casi 48.000 habitantes de Tarazá después de prenderle fuego a la caseta de peaje en plena Troncal de Occidente, vía que conecta a Medellín con la costa Caribe.

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Los ataques contra la población civil han llevado al presidente Gustavo Petro a concluir que el Clan del Golfo ha roto el cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional. Anoche, el presidente tuiteó su preocupación por los niños y niñas que están en riesgo debido a la falta de acceso al agua potable.

En respuesta a estos ataques, el presidente Petro anunció desde Montelíbano, Córdoba, que la Fuerza Pública desplegada en el Bajo Cauca, el nordeste de Antioquia y el sur de Córdoba, que consta de más de 10.000 hombres, estará de manera permanente atendiendo la situación de orden público y acompañando a la población civil. También confirmó que todos los tramos que comunican la región están bajo control, incluyendo la Troncal del Nordeste, y que se puede llegar desde Montería hasta Caucasia. Además, se están removiendo los últimos obstáculos que quedan en las rutas hacia Cáceres y Tarazá.

El Consejo de Seguridad en Montelíbano, Córdoba, concluyó con varias decisiones importantes. La Fuerza Pública continuará la destrucción de la maquinaria al servicio de las economías ilegales y tendrá presencia permanente en la región, con más de 10.000 hombres. También se entregarán ayudas y abastecimiento en todos los territorios.

El presidente Petro anunció una línea de control a toda la maquinaria amarilla y un rastreo de su uso legal. Se intensificarán las operaciones de destrucción de la gran maquinaria utilizada en los ríos para la minería ilegal, actividad que está depredando el territorio nacional. El Gobierno no está en contra de la pequeña minería artesanal y ancestral, sino en contra de las grandes mafias de la minería ilegal.

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En este sentido, el presidente Petro invitó a la verdadera dirigencia de los pequeños mineros a reunirse con él en la Casa de Nariño después de que la situación se normalice para construir las bases de lo que será el Distrito Agrominero en la región y concertar los cambios que se introducirán en la reforma al Código Minero.

Los mineros, encabezados por Rubén Darío Gómez, miembro de la Confederación Nacional de Mineros, respondieron al presidente Gustavo Petro con optimismo, afirmando que el proceso está "facilito de resolver".

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria,declaró que el Clan del Golfo es responsable de los desmanes ocurridos durante el paro minero en la región. Actualmente, 10.000 hombres de la fuerza pública están presentes en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño para tomar el control de las vías y brindar seguridad a los habitantes de estas subregiones.

El ministro de defensa, Iván Velásquez, ha hablado sobre los operativos de la fuerza pública y el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, ha confirmado que se han capturado a 53 personas por obstruir las vías públicas.

El Colegio Médico de Antioquia ha exigido a los manifestantes del paro minero que respeten la misión médica después de que se quemaran dos ambulancias y se pusiera en peligro a una mujer embarazada en el Bajo Cauca antioqueño. El gremio médico en el departamento se siente indignado por estos actos criminales en medio de las protestas del paro minero, que ya lleva once días con escasez de alimentos, medicamentos y una serie de disturbios. El presidente del Colegio Médico de Antioquia, el doctor Carlos Valdivieso, expresó su preocupación por la situación y ha pedido a los manifestantes que respeten la labor de los médicos y el derecho a la atención médica de la población.

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