¿Por qué no avanzan investigaciones sobre saqueo de víveres del PAE en Antioquia?

Se trata de denuncias que se interpusieron en el 2015 sobre presuntas irregularidades que se estaban presentando en un contrato suscrito el 14 de enero del 2015 entre el municipio La Unión, Antioquia, y la Fundación Colombia un País Para el Presente, representada legalmente por Yhon Freddy Gómez, el cual tenía como objeto el mejoramiento del plan nutricional escolar de los niños menos favorecidos del municipio y era por un valor de 453 millones de pesos.Carlos Arturo Silva denunció en su momento que los dineros que debían ser destinados para la nutrición escolar de por lo menos 1000 niños del municipio estarían quedando en bolsillos de particulares. Se hablaba desde ese entonces de contratos ficticios para sacar dineros con destino, presuntamente, a campañas políticas y de la sustracción de víveres del Programa de Alimentación Escolar para venderlos en supermercados.Por la denuncia, en el 2015, la Contraloría de Antioquia hizo varias alertas. En primer lugar, que de acuerdo a entrevistas realizadas a empleados encargados de los alimentos del contrato se pudo comprobar que sí estaban saliendo esos alimentos de las instituciones educativas Pio XI y Félix María Restrepo y que los sacaban los mismos funcionarios de la Dirección Local de Salud del municipio, bajo la dirección de Sandra Milena Gómez, pero que aún no se podía establecer si realmente se vendieron en supermercados, por lo tanto, el ente de control fiscal trasladó copias de la investigación a la Fiscalía.En segundo lugar, la Contraloría alertó sobre un contrato ficticio por 18 millones de pesos a nombre de Miryam del Carmen Osorio, una empleada de servicios generales quien, en una entrevista a investigadores, aseguró que habían falsificado su firma con el fin de cobrar los dineros del contrato. Según denunciantes, esos dineros terminaban en campañas políticas.Desde ese momento, la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Sin embargo, han pasado los años y no se ha llegado al fondo de la denuncia. El ente acusador, en un proceso lleno de dificultades, le imputó cargos en julio del año pasado a la directora local de salud del municipio de La Unión, Sandra Milena Gómez Osorio y al exalcalde del municipio Edgar Alexander Osorio, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, pero por una línea de la investigación y es la que tiene que ver con el contrato ficticio a nombre de la empleada de servicios generales, aunque no han llegado al destino final de los dineros cobrados por el contrato simulado.Sin embargo, falta la parte más importante que está en indagación desde hace 5 años y es la que tiene que ver con la presunta sustracción de los víveres del PAE, pero, sobre todo, que encuentren si realmente estos eran sacados para ser comercializados en supermercados o en dónde terminaron.Según el denunciante Carlos Silva, la Fiscalía y la Procuraduría se han dormido con la investigación.“Se le ha escrito a la Fiscalía y a la Procuraduría indicándole que ello tendría lugar en diferentes municipios, pero hasta el momento ninguno de los entes ha tenido oídos para esa situación. Cuántos municipios más pueden estar implicados, no se sabe, se tenía noticia sobre tres y los testigos le tienen miedo a la Procuraduría y a la Fiscalía porque resultarían tan corruptos como la misma organización que está saqueando al PAE, de acuerdo al dicho de los testigos se trataría de un entramado político que además abarca la financiación de campañas que luego genera contrataciones con la entidad que está en el centro de la situación y dada la capacidad para ejercer control por parte de la organización delictiva pues no ha sido posible avanzar en ninguna otra investigación ni en ninguna otra denuncia gracias a los oídos sordos que permanecen en la Fiscalía y la Procuraduría”, dijo en los micrófonos de BLU Radio.Según un documento de la Fiscalía, conocido por BLU Radio, con fecha del 21 de julio del 2020, aún no hay claridad sobre la cantidad y el valor de los víveres del PAE que habrían sido sustraídos ilegalmente. Incluso, dice la comunicación, por esa dificultad para llegar a dichos datos no se ha determinado el delito que habría cometido la entonces directora Local de Salud de La Unión.“Aún no hay precisión sobre las cantidades y valores de los víveres presuntamente sustraídos de los restaurantes escolares para ser vendidos por la Directora Local de Salud, por lo que se hace necesario ahondar a fin de obtener si es posible, las cantidades y valores de los productos sustraídos y determinar la conducta presuntamente quebrantada por la funcionaria en comento”, dice el documento.Lo grave es que, según los testigos del presunto saqueo, este modus operandi viene ocurriendo en por lo menos otros 3 municipios de Antioquia. Sin embargo, las investigaciones no avanzan para que se logre establecer lo ocurrido.Esta es la primera entrega de una investigación de BLU Radio.