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Asamblea del Atlántico aceptó la renuncia de Nicolás Petro

La corporación recurrió a las autoridades electorales para que definan el camino que se debe seguir de cara a la designación de un reemplazo a la curul que ganó Nicolás Petro gracias al estatuto de oposición.

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Nicolás Petro.
Foto: Instagram @nicolaspetrob

En una reunión que convocó en las últimas horas la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, la duma decidió aceptar la renuncia deNicolás Petro Burgos a la curul que desde 2020 venía ocupando en esta corporación.

Recordemos que Petro Burgos, hijo del presidente de la República, renunció a toda actividad política como parte de las condiciones impuestas por la Fiscalía en medio del proceso de colaboración que adelanta con el ente acusador, que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Así las cosas, la Duma recurrió a las autoridades electorales para que definan el camino que se debe seguir de cara a la designación de un reemplazo para esta curul, explicó Welfran Mendoza, presidente de la Asamblea del Atlántico.

"Una vez aceptada la renuncia por parte de la mesa directiva, se envió una consulta al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría para que sean las autoridades electorales competentes quienes nos certifiquen cuál es el diputado que ocuparía la curul que deja el doctor Nicolás Petro Burgos", afirmó Mendoza.

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En la Asamblea esperan un pronunciamiento de las autoridades electorales a más tardar la próxima semana, pero desde ya suenan dos nombres como posible reemplazo de Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico: por un lado está Santander Aguilar, quien en 2020 era el plan B en caso de que Petro Burgos no aceptara su curul.

Y por otro lado figura Carlos Dennis, quien dice tener derecho a un puesto en la Corporación, al lograr la tercera votación más alta, después de Nicolás Petro, durante la carrera por la Gobernación del Atlántico en 2019.

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Vale anotar que, a pesar del respaldo que recibió Petro de sus compañeros en la Asamblea en medio de las investigaciones, hay preocupación por su presunta participación en la celebración indebida de contratos a través de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, la cual habría celebrado más de 11 contratos entre 2017 y 2022 con estas entidades por montos superiores a los 6 mil millones de pesos.

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