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El Gobierno nacional publicó un decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural. Esta medida se ha tomado inicialmente por un período de treinta (30) días, pero existe la posibilidad de que se prolongue. La decisión fue tomada tras la visita del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial a este departamento, durante un período de seis días.
Por esta razón, el Gobierno nacional ya avanzó en los primeros decretos en La Guajira para atender la emergencia que se ha venido presentando en el departamento. Ocupación temporal de tierras, modificación a contratos de empresas privadas y mucha contratación directa son algunas de las sorpresas de los decretos-ley firmados por el presidente Petro para avanzar con esto.
No es un secreto que buena parte de los proyectos de energía renovable no convencional adjudicados en el Gobierno pasado no han podido terminar su construcción y el problema es que ya tienen contratos firmados. Como no podrán cumplir esos compromisos, el Gobierno, a través del Decreto 1276, les lanzó un salvavidas al permitir “suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación”. El salvavidas puede extenderse como máximo hasta el 22 de julio de 2025 y los compradores no podrán cancelar los contratos.
En el Plan de Desarrollo se cayó un artículo para que Ecopetrol pudiera entrar a generar energía, pero el Gobierno encontró un camino en el decreto de emergencia 1276 que funciona como una ley. La petrolera estatal podrá ejecutar proyectos de generación de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el departamento de La Guajira bien sea directamente o mediante contratos con cualquier forma jurídica.
Por un año, el Gobierno podrá modificar las obligaciones de algunos contratos de uso del espectro para incluir el despliegue de estaciones de base de telecomunicaciones en nueve localidades de La Guajira que no tienen conectividad. Unas 3.400 personas se verían beneficiadas.
El Gobierno declaró como de interés y utilidad pública una zona del departamento de La Guajira. La declaratoria de interés y utilidad pública es una herramienta que se ha usado en el pasado para expropiar predios en el marco de proyectos de infraestructura.
Además el Gobierno podría ordenar la ocupación temporal de tierras en esa zona para conjurar los líos de la emergencia, entre ellos, la situación de hambre y desnutrición
“Para la atención de la Emergencia Económica, Ecológica y Social en La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras podrá aplicar en lo pertinente el régimen especial de que trata el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012”, señaló el Decreto 1273 de 2023.
El apartado de la ley de 2012 a la que se hace referencia habla de la posibilidad de que el Gobierno ordene la ocupación temporal de un inmueble privado y que pueda comprarlo o expropiarlo cuando la situación de emergencia se supere y regrese la normalidad.
El Decreto 1277 establece que el agua en La Guajira es de protección especial y por eso prohíbe prorrogar los contratos actuales de minería, autorizar nuevos frentes de trabajo en las minas que ya existen y el desarrollo de nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón sobre zonas de recarga de acuíferos o que impliquen la remoción de capas del acuífero.
La moratoria sobre la minería se mantendrá hasta que se realice la “evaluación ambiental estratégica del departamento de La Guajira, en la que se definirán las áreas de exclusión y restricción minera”
El Gobierno podrá contratar de forma directa varias de las iniciativas relacionadas con la emergencia. Esto incluye la construcción de los centros de atención primaria en salud para La Guajira, la construcción de soluciones de agua potable así como el diseño y la construcción de infraestructura productiva para la garantizar la seguridad alimentaria en La Guajira.
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