Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
El caso que estremeció a Venecia, en el suroeste antioqueño, sumó nuevos capítulos. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles adicionales de la investigación por el crimen de la joven de 19 años, Emiliana Castrillón, quien fue encontrada tras varios días de búsqueda.Ante esto, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable , mientras continúa el proceso. La decisión se produjo luego de la imputación de cargos por feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas. El procesado no aceptó los cargos.Fiscalía reconstruyó los últimos instantesDe acuerdo con la investigación, el 2 de noviembre de 2025, hacia las 7 de la noche, testigos vieron por última vez a la joven cuando iba como parrillera en una motocicleta que conducía su expareja, Michael Deossa Restrepo, de 20 años.Ambos salieron desde la zona urbana de Venecia con rumbo a Bolombolo. Ocho días después, el 10 de noviembre, el cuerpo fue hallado a orillas del río Cauca, en ese mismo sector.La Fiscalía afirma que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Sostiene que el procesado actuó con dolo directo y que sabía que privaba de la libertad a la joven, a quien llevó a un lugar despoblado para luego arrojar el cuerpo al río.Además, el ente acusador indicó que el señalado ocultó inicialmente el cuerpo en una zona baldía antes de arrojarlo al afluente.Feminicidio agravado y desaparición forzada: los cargos imputadosLa Fiscalía señaló que el crimen habría ocurrido luego de que la joven se negara a continuar la relación sentimental. Esa es la hipótesis oficial que habría desencadenado el homicidio.Tras la captura de Deossa, el 21 de febrero en el sector El Cementerio, en Titiribí, las autoridades expusieron que el procesado se encontraba escondido en un municipio cercano.
La IPS Integral Solutions SD S. A. S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la "imposibilidad absoluta" de continuar prestando los servicios por la falta de pago.La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.La entidad explicó que, aunque dispuso de la "capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral", Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y el 20 de febrero.Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.Integral Solutions señaló que la falta de cumplimiento por parte de la EPS "limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios".Y que, de haber continuado con la prestación de servicios en esas condiciones, habría asumido "un riesgo inminente para la institución", pues no están dadas todas las garantías para sostener la operación y asegurar la calidad en la atención de pacientes con patologías complejas como la hemofilia.Ahora, Nueva EPS deberá iniciar la reasignación de estos pacientes a otras instituciones que presten este tipo de servicios médicos, lo que significa un reto complejo, pues Integral Solutions SD S. A. S. tiene presencia en 17 departamentos y ha estado operando por más de 13 años.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en medio de las operaciones que la Fuerza Pública adelanta en el departamento del Cauca fue abatido Wilmar Pazú Rivera, conocido en el mundo criminal como alias 'Cholinga', principal cabecilla de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', quien era el principal reclutador de menores en el suroccidente del país.Según las autoridades, alias 'Cholinga' tenía como tarea consolidar un corredor de movilidad entre los departamentos de Cauca y Huila, clave para el accionar delictivo del frente 'Isaías Pardo'."Su prontuario criminal es grave: Coordinaba ataques terroristas contra la población y nuestra Fuerza Pública en el Cauca y Huila. Reclutaba menores de edad Intimidaba comunidades. Operaba redes logísticas para sostener actividades criminales. Gracias a esta operación damos un golpe directo a la cadena criminal y del narcotráfico en el Cauca y Huila", indicó el ministro Sánchez.Tras confirmar este resultado se indicó que continúan los combates por parte de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc para reducir sus actividades delictivas en esta zona del país.
Permanece la ola de violencia en el departamento del Valle del Cauca, pues, además de los atentados perpetrados en Cali, Jamundí y Buenaventura, ahora las autoridades confirmaron que la subestación de Policía del corregimiento de La Marina, zona rural del municipio de Tuluá, fue hostigada por las disidencias que delinquen en la zonaEl ataque fue contrarrestado por las autoridades, evitando así la afectación a la vida de los uniformados que están en ese punto.“Este hostigamiento se presentó en horas de la tarde. De inmediato, las unidades policías iniciaron su plan defensa y posterior llegaron refuerzos del Ejército. En este momento nos encontramos en el municipio, brindando todas las capacidades operacionales para garantizar la seguridad“, dijo la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía del departamento del Valle.Tras un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron el incremento de las operaciones ofensivas en la parte alta de Jamundí y otras zonas montañosas del departamento. Además de retomar la estrategia de corredores seguros en las vías en el Valle del Cauca.
En el departamento del Cauca fueron diez los municipios afectados por la escalada terrorista perpetrada por las disidencias de las Farc este martes, donde decenas de personas resultaron heridas y tres perdieron la vida en medio de estos ataques.Esta jornada violenta inició en horas de la madrugada, cuando fueron activados dos carros con explosivos en los municipios de El Bordo Patía y en Corinto, hechos que únicamente dejaron daños materiales. Con el paso de las horas, aumentaba la tensión, pues uno a uno se iban reportando más actos terroristas en el departamento con explosivos en los municipios de Buenos Aires, Morales, Timbiquí, Suárez. En Caloto, un francotirador asesinó a un policía y las disidencias también realizaron hostigamientos en el municipio de Toribío.Finalmente, en el peaje de la vía Panamericana a la altura del municipio de Villa Rica, un policía murió tras la activación de una carga explosiva oculta en un bus intermunicipal.Tras lo ocurrido, se adelantó un consejo de seguridad extraordinario, donde las autoridades en el Cauca indicaron que aún no han implementado medidas de restricción, sin embargo, sí se redobló la acción ofensiva por parte de las fuerzas militares. "Estemos muy pendientes de este accionar criminal en esta semana conmemorativa de la muerte de alias 'Mayimbú'. Instalamos un PMU para hacer un seguimiento permanente para tomar decisiones preventivas pues se anuncia una escalada fuerte en el departamento del Cauca. Debemos protegernos nosotros, evitar salir en horas de la noche, ir a sitios abiertos al público porque estamos frente a terroristas que solo quieren hacer daño", indicó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
Tras los tres ataques terroristas registrados en Cali, en la mañana de este martes 10 de junio las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario para definir la hoja de ruta en las acciones para recuperar el orden público en la capital del Valle y en toda la región. Una vez finalizada la reunión, entre las autoridades del Valle del Cauca se definió una serie de conclusiones y medidas restrictivas con el propósito de evitar más atentados que pongan en peligro la integridad de la población civil."Vamos a tomar algunas medidas importantes. Primero vamos a restringir la actividad comercial, entiendase comercio, restaurantes, bares, licoreras, desde hoy a las 9:00 de la noche hasta mañana a las 6:00 de la mañana. Segundo, habrá ley seca a partir de las 9:00 de la noche hasta mañana la medianoche", aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Los mandatarios vallecaucanos citaron a un nuevo consejo de seguridad extraordinario esta vez con la participación del Gobierno nacional para este miércoles a la 01:00 de la tarde. Teniendo en cuenta la visita que el presidente Gustavo Petro tiene programada para la ciudad de Cali, han solicitado la presencia del mandatario nacional en esta reunión."Le mandamos una carta al presidente, ya hablamos con el ministro de Defensa para programar el consejo de mañana, le vamos a pedir acciones concretas. Ya que el presidente viene a una concentración, le solicitamos que venga a este consejo de seguridad. Lo pedimos los cuatro alcaldes y yo", aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Entre las acciones inmediatas está el despliegue de la fuerza pública en las vías intermunicipales del Valle del Cauca para fortalecer la vigilancia, además del ofrecimiento de hasta 900 millones de pesos como recompensa, para capturar a los responsables de la escalda terrorista.
El Gobierno nacional y el grupo ilegal Frente Comuneros del Sur pactaron la creación de la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en la que se suspenderán todas las órdenes de captura, incluidas aquellas con solicitud de extradición. Esta estará ubicada en un sitio por determinar dentro del resguardo indígena del Gran Mallama, municipio de Mallama-Piedrancha, en el piedemonte costero de Nariño.Este acuerdo se logró tras el cierre de la séptima sesión de la mesa de co-construcción de paz territorial para Nariño, que se llevó a cabo en la ciudad de Pasto. En esta reunión, además, las partes manifestaron su voluntad de continuar avanzando en el proceso con el fin de demostrar que la democracia y el diálogo son el camino para acabar con la violencia en el país.Según el acta suscrita entre las partes, esta sesión marca un momento decisivo en el camino hacia la búsqueda de una paz territorial con transformaciones reales.Carlos Erazo, jefe negociador del Gobierno nacional, expresó que lo que se ha construido en la mesa es una apuesta ética, política y colectiva para dejar atrás la guerra y abrir paso a territorios vivos y en paz.Durante esta sesión de diálogos, las partes pusieron en el centro de la mesa a niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos, víctimas del conflicto y protagonistas tanto del presente acuerdo como del futuro. Erazo aseguró que también se acordó desarrollar, de la mano de las comunidades y autoridades, rutas prioritarias para la protección integral de la niñez.Roger Garzón, vocero de la delegación del grupo ilegal Frente Comuneros del Sur, afirmó que otro de los puntos acordados fue la progresiva concentración de combatientes en una zona temporal para la co-construcción de paz territorial.Garzón manifestó que se pactó la definición de un programa de reintegración que permita el tránsito a la ciudadanía plena de sus integrantes, así como el desarrollo de un programa de formación y fortalecimiento de la incidencia democrática en el territorio.Advirtió que, en el acuerdo número ocho, las partes estipularon que la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Mallama tiene como objetivo iniciar el tránsito hacia la concentración de al menos el 30 % de los combatientes del Frente Comuneros del Sur. Esto busca contribuir a consolidar las transformaciones territoriales y al desescalamiento de las violencias.Esta zona permitirá la dejación de armas del grupo ilegal Comuneros del Sur y tendrá una duración de un año, contado a partir del acto administrativo correspondiente.Las autoridades indígenas del resguardo del Gran Mallama, en ejercicio de su autonomía y conforme a su derecho propio, manifestaron su voluntad de contribuir a la paz alojando la zona dentro de su territorio ancestral.Asimismo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización entregará, en un plazo máximo de 60 días, una ruta de reintegración colectiva que garantice el tránsito hacia la ciudadanía plena de los integrantes del Frente Comuneros del Sur.También se acordó que un instituto neerlandés para la democracia multipartidaria implementará un programa de formación en democracia y participación. Este proceso tendrá incidencia en los diez municipios priorizados y estará dirigido a líderes, organizaciones e integrantes del Frente Comuneros del Sur.Por su parte, los integrantes de la delegación de Comuneros del Sur se comprometieron a abstenerse de realizar cualquier conducta que ponga en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes —es decir, de toda persona menor de 18 años—. En tanto, el Gobierno nacional, a través del ICBF, realizará en un plazo de 90 días una caracterización integral de los menores de edad en los municipios priorizados en la mesa de diálogos de paz territorial.Las delegaciones manifestaron su voluntad de fortalecer la coordinación interinstitucional para consolidar las acciones que ya se vienen desarrollando en el territorio, con el fin de liberar a las comunidades de la amenaza de artefactos explosivos.Estos esfuerzos deben garantizar condiciones de seguridad, retorno seguro y protección de la vida en los territorios afectados por minas antipersonales.Adicionalmente, las delegaciones anunciaron la consecución de recursos por un monto de dos millones de dólares, destinados a impulsar proyectos de sostenibilidad ambiental, financiados desde el Fondo Colombia Sostenible. Este respaldo fortalece los acuerdos establecidos en la mesa y reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible y la paz con la naturaleza.Estos proyectos estarán enfocados en el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y la promoción de modelos productivos que respeten y protejan los ecosistemas. Con estos avances, y con la participación de los cuatro pueblos inscritos en la mesa para la construcción de pactos territoriales, Nariño alza la voz para decir que no hay marcha atrás: la violencia no tiene futuro.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.