Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 27 de febrero de 2026:Denis Silva, vocero de Pacientes colombia, habló del decreto que obligará nuevos masivos traslados de pacientes a EPS.Felipe Mariño, Director de Bogotá Cómo Vamos, se refirió al incremento de los casos bajo la modalidad de paseo millonario.Armando Novoa, líder negociador del Gobierno con la Segunda Marquetalia, explicó la resolución que expidió el Gobierno en la que define el tratamiento jurídico para integrantes de la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Escuche el programa completo aquí:
El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Número ganador del Super Astro SolEl número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 27 de febrero de 2026 es el 5196 - Escorpión ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 5196Dos últimas cifras: 96Tres últimas cifras: 196Signo zodiacal: EscorpiónCómo jugar el Super Astro SolEl Super Astro Sol ofrece una dinámica sencilla que amplía las posibilidades de ganar al combinar números y signos zodiacales. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.También pueden elegir la opción “Todos los signos”, que permite participar con el mismo número sin depender de un signo específico.Definir el valor de la apuesta.Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.Este formato brinda mayor flexibilidad y aumenta las opciones de acierto, lo que explica su creciente acogida en todo el país.Cuánto cuesta jugar el Super Astro SolEl costo de participación es accesible y está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio.Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete y la legalidad del proceso.Cómo reclamar un premio del Super Astro SolLas personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar los documentos requeridos para reclamar su premio. Los requisitos básicos son:Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse condiciones adicionales:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.Gracias a su formato innovador, facilidad para participar y claridad en el proceso de pago, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en Colombia, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 27 de febrero de 2026:Ana María Vesga, presidenta de Acemi, habló sobre la crisis y situación en las EPS.Diana Morales, ministra de Comercio, se refirió sobre la guerra de aranceles con Ecuador.Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, habló de lo que vivió mientras estuvo secuestrada en Cauca.Andrés Vásquez, candidato al Senado, explicó lo que vivió mientras estuvo scuestrado en Pelaya, Cesar.Irne Torres, director del Hospital Universitario del Valle, habló sobre la situación en el hospital.Escuche el programa completo aquí:
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 27 de febrero de 2026:Se conocen nuevos detalles del accidente en la vía entre Cauca y Huila: un subteniente murió y varios militares resultaron heridos.Grave alteración de orden público en Cesar: asesinan a un subteniente durante hostigamiento a una estación de Policía en Río de Oro.Terror en Segovia tras ataque con drones que dejó tres muertos de una misma familia; Ejército aún no llega a la zona.Sicarios asesinan a reconocido ganadero en atentado cerca de Sabanalarga, en Atlántico.Escuche el programa completo aquí:
Orlain Salazar Ramírez, actual alcalde del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, fue capturado junto a uno de sus secretarios de despacho, una ex funcionaria y dos personas más por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el transporte escolar en la zona rural de su municipio y otro para la recolección de residuos.Según la investigación, Salazar Ramírez, aprovechando condición como ordenador del gasto, direccionó y adjudicó los contratos a personas allegadas a su núcleo familiar y amigos a cambio de tener una participación económica de los mismos. Los contratos por los que se ordenó la captura del mandatario son: el 2024-7 para “La prestación de transporte escolar en la zona rural del municipio de El Cairo” y el contrato 2024-26 para "la recolección de residuos sólidos como operario del vehículo recolector." Al parecer, estos contratos fueron direccionados para que los administrara la pareja sentimental de su hijastra, quien tuvo junto al alcalde el manejo de estos dineros, además fueron presentados documentos alterados en la ejecución de los contratos para aparentar la legalidad de los mismos.Junto al alcalde, también fueron capturadas otras cuatro personas, entre los que están un actual miembro del gabinete de Salazar Ramírez, se trata de Adrián Sánchez Rodríguez, actual secretario de Planeación e Infraestructura de El Cairo; Diana Alexandra Vanegas Pedraza ex secretaria de Salud y Desarrollo y los contratistas Yeison Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño.A estas personas se les señala como responsables de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés Indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Desde tempranas horas de este martes 20 de mayo, la recta Palmira - Cali está bloqueada por habitantes y comerciantes del corregimiento de La Dolores, quienes están exigiendo atención inmediata por parte de la alcaldía de Palmira, para solucionar diferentes problemáticas que vive esa comunidad. Entre las exigencias principales están el arreglo inmediato de las vías del corregimiento, las cuales presentan un alto grado de deterioro, situación que genera graves daños a los vehículos que deben transitar por esta zona. También piden celeridad en la obra de alcantarillado."Cada vez, el abandono y el deterioro es peor, ya los vehículos están sufriendo las consecuencias, esto es intransitable. Los transportes de las empresas no quieren entrar sino que dejan a la gente en la recta. Muchas personas se caen viniendo a pie", indica José David Montoya, comerciante de La Dolores y vocero de los manifestantes.Lo que están haciendo las comunidades es desviar los vehículos que van en sentido Palmira - Cali al corregimiento de La Dolores, con el propósito de que más personas conozcan el mal estado de las vías de la zona.Por su parte, el alcalde de Palmira, Víctor Ramos, aseguró que las solicitudes se han conversado con la comunidad y nunca se ha negado al diálogo, por lo que no le encuentra sentido a estas vías de hecho."Nosotros desde el 2024 hemos hablado con la JAC para la rehabilitación de vías, que desde hace 25 años no se había hecho. El año pasado hicimos una vía estructurada, aproximadamente 1.700 metros de vía principal. Con la temporada de lluvias tuvimos que desplazar la maquinaria a los corregimientos de la parte montañosa. Justo el fin de semana, estuvimos inspeccionando las obras y nos parece raro que durante esos días ninguna persona vino a pedirnos alguna reunión", dijo el alcalde.El mandatario aseguró que ante la falta de disposición de diálogos, ordenó la recuperación de la libre movilidad de la recta Palmira - Cali, para evitar más traumatismos a los conductores.
Habitantes del corregimiento de Zaragoza, ubicado en la zona rural de Buenaventura, que viven de la extracción de oro en esta región, protestan desde el mediodía del lunes en la carretera y la vía al distrito permanece bloqueada.Bloqueo en la vía a BuenaventuraLos mineros mantienen bloqueada la vía que comunica al puerto sobre el Pacífico, en el sector de Bendiciones, según dicen, para expresar su inconformidad por los recientes operativos de las Fuerza Pública en contra de su actividad.Aseguran los manifestantes que son mineros artesanales y que nada tiene que ver con los grupos armados dedicados a la minería ilegal en esta zona del Valle del Cauca. Los mineros aseguran que sólo se retirarán de la vía cuando lleguen al lugar delgados de los ministerios de Minas y del Interior, para que atienda sus reclamos.“La propuesta es reunirnos con personajes de alto nivel para darle una solución la problemática minera que hay en estos sectores. Hay una solicitud de área de reserva especial que no se ha podido sacar adelante, está estancada. Por parte del Gobierno Nacional hay unos incumplimientos”, manifestó Oscar Castiblanco, vocero de la protesta.El pasado 13 de mayo, la Fuerza Pública adelantó un operativo en la zona y destruyó tres retroexcavadoras y una draga que eran utilizadas para la extracción ilegal de oro, actividad que estaba afectado directamente el río Dagua.Por el bloqueo de esta carretera, hoy amanecieron allí camiones con mercancías de importación y exportación esperando que se habilite el paso entre Buenaventura y el interior del país.
Luego el atentado terrorista del fin de semana contra dos patrullas de la Policía en el barrio Los Lagos, oriente de Cali, permanece la conmoción y la alerta de que suceda otro ataque contra la fuerza pública en la ciudad. Por esta razón es que se han redoblado las acciones de vigilancia alrededor de los CAI, estaciones y otras instalaciones policiales o militares, para detectar cualquier amenaza a tiempo y evitar que más personas resulten afectadas por las acciones de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc."Son alertas que se han venido manejando, por eso en la Policía Metropolitana de Cali se han dado todas las instrucciones a las estaciones y CAI para fortalecer la seguridad operacional y evitar que se puedan materializar más hechos terroristas en la ciudad", afirmó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.En las últimas horas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para hablar de las acciones que se implementarán en la ciudad tras este atentado. En el encuentro se indicó que es crucial la labor de inteligencia para anticiparse a otros hechos violentos."Dimos órdenes específicas en fortalecer la inteligencia e investigación de tal manera que no solo neutralicemos a quienes realizaron este atentado terrorista, y le decimos a la ciudadanía que nos ayuden a proteger sus vidas. Por ello, también ofrecemos una recompensa hasta de 50.000.000 de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente cualquier ataque", dijo el ministro.En cuanto a las personas afectadas por la explosión se conoció que los heridos de menor complejidad ya fueron dados de alta. Mientras que un policía y los menores de edad continúan hospitalizados."Tres policías ya fueron dados de alta de la clínica Valle del Lili, y un cuarto miembro de la Fuerza Pública permanece estable, recuperándose de una cirugía en su mano derecha. De igual forma, un menor de edad se encuentra fuera de peligro recibiendo atención médica en la clínica Valle Salud", explicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
El más reciente acto de intolerancia en las calles de Cali, ocurrió en la Avenida Pasoancho a las afueras de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Allí, un grupo de estudiantes realizaba un nuevo plantón en protesta por el ataque a disparos ocurrido en la sede Palmira hace dos semanas, en el que murió una estudiante y otra resultó gravemente herida y permanece hospitalizada.El Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la universidad señaló que mientras se adelantaba el bloqueo temporal de la vía, en dos momentos de la tarde del lunes 19 de mayo, el grupo de manifestantes fue embestido por vehículos particulares, dejando cuatro personas heridas."Pasa un primer carro, un Chevrolet blanco placa JPL151 que embiste a dos de las compañeras las cuales resultaron heridas pero afortunadamente sin muchas complicaciones. Una hora después, aparece otro vehículo, con placas JZU668 polarizado, el cual atropella a las personas que estaban ahí, levanta en el capó a uno de los compañeros y le pasa por encima a otro, lesionándole otra extremidad", explicó Juan Fernando Muñoz, vocero del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de Univalle.Ante lo ocurrido, el subsecretario de Movilidad de Cali, Jorge Moreno, confirmó que los estudiantes heridos permanecen en centros asistenciales recuperándose de las lesiones."Desde el inicio de la manifestación nuestros agentes viales adelantaron el plan de desvíos para evitar traumatismos en la movilidad. Nuestro llamado es a la tolerancia, al respeto a la vida y a las normas de tránsito para garantizar la seguridad de todos en las vías", señaló el subsecretario.A través de un comunicado, la Universidad del Valle solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para sancionar a estos conductores, y que acompañará a los estudiantes a interponer las denuncias del caso.Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el acto de intolerancia que dejó a estos cuatro estudiantes heridos, y exigió a las autoridades correspondientes investigar a fondo."Le solicito a las autoridades celeridad en la investigación para que, de manera inmediata, se identifique y capture a los responsables de este acto criminal. En el Valle del Cauca no podemos permitir que la violencia calle la voz de nuestros jóvenes", dijo la mandataria.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.