Son cientos los vehículos de carga que permanecen represados en la vía hacia Buenaventura, a la altura del sector de Agua Dulce, debido a los constantes bloqueos que se han registrado desde comienzos de esta semana. La situación estaría generando retrasos en la llegada de tractocamiones para el cargue y descargue de mercancías en el principal puerto del Pacífico colombiano, afectando de manera directa la operación logística y comercial del país.En videos difundidos a través de redes sociales se observan extensas filas de camiones detenidos, cuyos conductores permanecen a la espera de que se habilite el paso. Dayana Conrado, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Buenaventura, explicó que actualmente se trabaja en la búsqueda de soluciones junto al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras.“Tenemos dos bloqueos en el corredor vial. Uno en el sector de El Gallinero, donde comunidades solicitan el cumplimiento de acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Están pidiendo la presencia de representantes en el territorio para avanzar en compromisos pendientes. También hemos tenido otras interrupciones, frente a las cuales estamos promoviendo mesas de diálogo”, indicó la funcionaria.Por su parte, Javier Ocampo, miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, advirtió que las pérdidas económicas serían millonarias para los diferentes sectores productivos.“La situación es caótica. Prácticamente vivimos encerrados porque no hay salida constante. Los bloqueos afectan el comercio, el turismo y el comercio exterior. En la Cámara de Comercio somos cerca de 18 mil afiliados que podrían estar perdiendo hasta 800 millones de pesos diarios”, manifestó Ocampo.El panorama preocupa aún más al gremio transportador. Marisol Hincapié, vocera del sector, aseguró que algunos conductores contemplan dejar de operar en Buenaventura.“Estamos cansados. No sabemos qué hacer frente a tantos bloqueos. Perdemos tiempo y dinero. Incluso se ha planteado trasladar operaciones hacia otros puertos del país”, señaló la vocera del gremio de transporte de carga.Aunque la administración distrital insiste en las mesas de diálogo, los bloqueos persisten, como en el caso de la comunidad de La Triana, que protesta por la falta del servicio eléctrico, manteniendo en vilo la movilidad hacia el puerto.
Lo que transcurría como una noche normal en el municipio de Cartago, se convirtió en una trágica tras el asesinato de tres personas en un parque.El hecho se registró hacia las 10:30 de la noche del martes 3 de marzo, en un parque ubicado entre los barrios El Danubio y San Joaquín, en la comuna 7 de esta localidad.De acuerdo con la información oficial, las víctimas se encontraban en el lugar, cuando fueron atacadas con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que, según las primeras indagaciones, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio y otros comportamientos contrarios a la ley.El oficial también señaló que este ataque se produjo pocas horas después de la captura de alias 'Cakin', señalado cabecilla principal del grupo criminal Los Flacos, estructura delincuencial que afecta al norte del departamento y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su captura.Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogaron el hecho como una masacre y recordaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se incluye a Cartago dentro de los municipios con riesgo alto por la presencia de bandas criminales. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores de identificación plena de las víctimas y continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
El debate sobre el salario mínimo sigue generando inquietud, y es que esos $ 2.000.000 han llevado a que muchas empresas deban ajustar gastos e inversiones, así como a plantear que el desempleo podría aumentar en el país.Pero mientras eso ocurre, en Cali hay un grupo de trabajadores que celebra la decisión de la Alcaldía de incrementar el 8,6 % en el salario de los trabajadores públicos oficiales, una determinación que se revisa desde febrero y que el pasado 3 de marzo fue formalizada mediante un acto administrativo.Cabe recordar que usualmente las empresas ajustan el salario solo de quienes devengan el mínimo, pero quienes ganan más no reciben ningún aumento o, como máximo, el equivalente a la inflación, que fue de 5,10 %, por lo que este ajuste estaría por encima. Si bien está lejos del incremento del 23 % que decretó el gobierno Petro, sí representa un alivio en medio del alto costo de vida.Aumento salarial del 8,6 % para trabajadores públicos en CaliEste ajuste corresponde a la inflación de 5,10 % más un 3,5 % adicional pactado en convenciones colectivas. Es decir, no es una decisión tomada a la ligera, sino que responde al cumplimiento de acuerdos previos con los trabajadores.La Alcaldía de Cali explicó que el acto ya fue remitido a las dependencias encargadas de hacerlo efectivo, entre ellas:Hacienda.Desarrollo e Innovación Institucional.Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.La instrucción es garantizar su correcta aplicación en la nómina.La administración distrital señaló que con esta decisión reafirma su compromiso con el bienestar laboral y con el cumplimiento de los acuerdos convencionales suscritos con los trabajadores oficiales.¿El aumento será retroactivo?A pesar de la buena noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los empleados es si el incremento tendrá efecto retroactivo. Y sí, será retroactivo. La Alcaldía reveló que el aumento empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026; es decir, los empleados recibirán el ajuste correspondiente a los meses que ya transcurrieron del año.Por lo tanto, la medida no solo impactará los pagos en lo que resta del año, sino que también compensará enero y febrero.Aunque el porcentaje es menor al del salario mínimo nacional, el 8,6 % supera la inflación, lo que en términos reales representa una mejora en el poder adquisitivo de este grupo de empleados públicos.
La Contraloría General de la República advierte a la ANI que puede terminar perdiendo el pulso contra el Grupo Portuario en medio de la polémica por el Muelle 13 de Buenaventura.El año pasado, la Anla ordenó suspender las actividades del Muelle 13 argumentando graves afectaciones al medio ambiente, y desde entonces el Gobierno ha intentado terminar los contratos de Grupo Portuario, no solo en Muelle 13 sino también en otros terminales en Buenaventura.Hoy la Contraloría le dice a la ANI que existe un riesgo jurídico y económico en medio de las acciones del Grupo Portuario contra la ANI, tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como en el Tribunal de Arbitramento. Entre otras cosas, en concepto del ente de control, hoy está vigente una resolución de la ANI que estableció que Grupo Portuario opera una Unidad Portuaria, por lo que Muelle 13 no puede entenderse como un asunto aislado."Igualmente son latentes las consecuencias por el no acatamiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento en el asunto No. 156828, mediante el Acta No. 5 del 23 de septiembre de 2025, que impide la terminación del contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 a la ANI, hasta que se emita el laudo arbitral", agregó la Contraloría.La advertencia no es vinculante para la ANI.
El debate de la Gran Consulta por Colombia en Blu Radio dejó una línea divisoria clara entre quienes mantendrían aspectos del proyecto de salud del presidente Gustavo Petro y quienes proponen desmontarlo por completo. La pregunta fue directa: ¿conservarían algo de la iniciativa oficial?Entre los que respondieron afirmativamente estuvieron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. Ambos coincidieron en la necesidad de una reforma, aunque con matices y ajustes frente al modelo impulsado por el Gobierno.Gaviria aseguró que “se necesita una reforma a la salud, y muchas otras”, pero advirtió que los cambios no pueden hacerse “a las patadas, porque no salen o salen frustradas”. Indicó que mantendría el énfasis en la atención primaria, fortalecería el sistema mixto, aumentaría la UPC y obligaría a las EPS a atender en máximo una hora.Oviedo, por su parte, sostuvo que la ciudadanía quiere sentir que el derecho a la salud se materializa. En su intervención señaló que es clave que el Estado entienda que el sistema también debe cuidar a los trabajadores informales en situación de vulnerabilidad, una meta que calificó como loable.En la orilla contraria se ubicaron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, quienes rechazaron de plano la propuesta oficial y cuestionaron su ejecución.Dávila afirmó que el actual modelo “no sirve para nada” y urgió el pago de la deuda de medicamentos. Además, pidió mayor vigilancia para evitar que los recursos de la salud terminen financiando campañas, y planteó liquidar las malas EPS para dignificar la labor médica.Cárdenas calificó la reforma como “una ley corrupta” y habló de una “Petrosalud” construida, según él, por la puerta de atrás mediante intervenciones a EPS. Señaló que se requieren nuevos interventores y más gerencia para evitar que los recursos se desvíen con fines políticos.Valencia sostuvo que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza” y advirtió sobre el riesgo de entregar la salud a la politiquería. Defendió un sistema mixto y solidario, con entrega inmediata de medicamentos y servicios a domicilio, alejando el debate de posiciones ideológicas y enfocándolo en resultados concretos.Luna enfatizó que “la salud no es un experimento” y subrayó que el problema no es normativo sino de administración. Aseguró que lo que necesita el país es gerencia para garantizar que los medicamentos y tratamientos lleguen oportunamente a los pacientes.Peñalosa cuestionó la idea de estatizar el sistema y advirtió que una salud completamente pública podría derivar en ineficiencia y corrupción. En su concepto, la participación privada es un factor clave para garantizar eficiencia.Galán, finalmente, fue uno de los más críticos al afirmar que lo ocurrido con el sistema de salud constituye “un crimen de lesa humanidad”, al señalar que miles de personas han muerto en medio de lo que describió como un intento sistemático de desfinanciar el modelo vigente.
A través de su cuenta de X, el precandidato de la Consulta Frente por la Vida se refirió a las opciones que está considerando para la Vicepresidencia. Por un lado, mencionó a la senadora Gloria Flórez, quien en su momento también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero se bajó de la contienda y se sumó a su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, cuando se votó la consulta de octubre del año pasado.La periodista María Jimena Duzán, de Cambio, es otra de sus opcionadas. A la lista se suma también su colega, escritora y columnista colombiana Patricia Lara.El último nombre es el de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya había expresado públicamente su apoyo a su campaña. Esto, desde algunos sectores, fue interpretado como un respaldo del jefe de la cartera política, aunque él lo negó e insistió en que, como lo pidió el presidente, no votaría la consulta.Barreras aseguró que estas opciones las considera si el presidente Gustavo Petro no acepta ser su fórmula vicepresidencial, pues insiste en que está habilitado para hacerlo, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, como también lo planteó la precandidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia.“Todo el mundo me pregunta quién va a ser mi vicepresidente. Yo contesto: uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Hoy me levanté pensando que, después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Qué piensan?”, aseguró.
Eduardo Coudet, conocido como el “Chacho” Coudet, será el nuevo director técnico de River Plate de Argentina. Tras la salida de Marcelo Gallardo, último entrenador del club y quien fue despedido con cantos de la barra, la institución contrató a Coudet para retomar los resultados del equipo.El Chacho Coudet remplazará a Marcelo GallardoEn una entrevista con el medio ESPN, Stefano Di Carlo, presidente de la corporación, confirmó la contratación y anunció que mañana hará el anuncio oficial.Coudet reemplazará a Marcelo Gallardo, último director técnico de River, a quien la barra despidió con cantos en su último partido. Gallardo, apodado “El Muñeco”, fue el entrenador más laureado en la historia del club y, en su primer paso por la dirección técnica del equipo, alcanzó 14 títulos.El objetivo primario de Coudet será retomar el rumbo del equipo para que vuelva a transitar por buenos resultados. Deberá ceñirse a la plantilla armada por Gallardo, contrataciones que han sido cuestionadas por los fanáticos del club.Mañana se haría el anuncio oficialCoudet no es ajeno a River Plate y ha dicho que el club “es un equipo a la altura de los clubes top a nivel mundial”. Tiene amplia experiencia dirigiendo en primeras ligas: en Argentina ha estado al frente de Rosario Central y Racing; en Brasil dirigió a Internacional y Atlético Mineiro; en México fue técnico de Necaxa; y en España dirigió al Celta y, más recientemente, al Alavés.River Plate viene de empatar 1 a 1 como visitante ante Independiente Rivadavia y volverá a jugar el próximo 12 de marzo contra Huracán.
En un megaoperativo destruyen 16 unidades mineras ilegales en el Bajo Cauca antioqueño. Los elementos destruidos e incautados están avaluados en más de 1.000 millones de pesos.En el departamento antioqueño no se detiene la lucha en contra de la explotación ilegal de terrenos. Son varios los municipios en los que la intervención de las autoridades han permitido poner freno a este delito que atentan contra los recursos naturales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.Tropas del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron una intervención a 16 unidades productoras mineras que, de acuerdo con su investigación, estarían operando de manera irregular, al contar con un título minero y no tener en su poder una licencia ambiental vigente.El procedimiento se realizó específicamente en la vereda Caño la Tres, que hace parte de la jurisdicción del municipio de Zaragoza, Antioquia. En medio del allanamiento los uniformados inutilizaron de manera controlada 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica que estarían avaluados en más de 1000 millones de pesos.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, en estos terrenos ilegales de minería, se estaría produciendo una extracción cercana a los 15.000 gramos de oro de manera mensual, el cual tiene un valor en el mercado, de aproximadamente 8.000 millones de pesos.Además, las autoridades indicaron que el material incautado pertenece al grupo delincuencial Clan del Golfo, Subestructura Uldar Cardona Rueda, quienes sufrieron una afectación directa en su economía, gracias a este golpe.En el marco de la protección ambiental, con estas acciones se logra mitigar el daño ocasionado a los caudales y afluentes de la región, además de reducir la deforestación y remoción de suelo, lo que tardaría aproximadamente 30 años para su recuperación.
Durante las preguntas cruzadas del debate de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas confrontó directamente a la senadora Paloma Valencia sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez integre su fórmula vicepresidencial. El debate, que permitió a los precandidatos fijar posturas claras mediante una dinámica de preguntas cruzadas, puso de manifiesto las profundas divisiones sobre el papel del uribismo en las próximas elecciones y la viabilidad jurídica de tal propuesta. El argumento de la ilegalidad y el relevo generacionalCárdenas fue tajante al expresar su desacuerdo con la idea de Valencia. Según el exministro, buscar a Uribe como vicepresidente no solo es un error político, sino una movida legalmente inviable. "Es ilegal. Él no podría asumir la función presidencial", afirmó Cárdenas, sugiriendo que las restricciones constitucionales impedirían que el expresidente ocupara dicho cargo ante una eventual falta del mandatario.Además de los obstáculos legales, Cárdenas cuestionó la necesidad de mirar hacia atrás en lugar de apostar por figuras emergentes. "¿Es necesario volver al pasado?", preguntó, enfatizando que el país cuenta con un "liderazgo nuevo" y personas que desean "tomar las riendas de este país" con una visión renovada, lejos de la sombra de figuras que ya han cumplido su ciclo en el poder ejecutivo.La respuesta de Paloma ValenciaPor su parte, Paloma Valencia defendió su postura asegurando que no considera que la propuesta sea ilegal. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre quién la acompañará en la vicepresidencia no es algo que tenga definido actualmente. Valencia señaló que, de resultar ganadora en la consulta, buscará el consenso con sus aliados políticos para definir ese cargo. "Mi decisión será, ojalá, concertada con todos y con mi partido", señaló la senadora, extendiendo una invitación a Cárdenas y a su equipo para discutir el tema en el futuro.Valencia subrayó que una candidatura surgida de esta coalición debe ser un esfuerzo conjunto y no una decisión ajena a los demás integrantes del equipo.Uribe: ¿Candidato o consejero permanente?A pesar de las críticas de Cárdenas, Valencia reafirmó su profunda admiración y lealtad hacia Álvaro Uribe, describiéndolo como una figura muy querida por los colombianos que, al recorrer el país, tiene el poder de convertir a cualquier candidato en presidente. La senadora fue enfática en que, independientemente del cargo formal que ocupe, la influencia de Uribe será constante en su carrera. "Si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre", puntualizó.Escuche aquí el momento:
Se conocen las primeras reacciones en el valle del cauca sobre los aranceles del 10% que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los cuales comenzarán a regir desde este próximo sábado 5 de abril.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, señaló que esto trae una afectación por tratarse de ser el principal destino comercial de la región: "En 2024, el Valle del Cauca exportó 510 millones de dólares a Estados Unidos, nuestro principal destino comercial. La imposición de un arancel del 10% impacta directamente a sectores estratégicos como el manufacturero que representa el 24,3% de nuestras exportaciones y el agropecuario, con diversos productos en riesgo", manifestó.Otro de los sectores perjudicados es el de la agroindustria de la caña de azúcar, ya que en promedio desde la región se exportan 130 mil toneladas a los Estados Unidos, con un valor cercano a los 100 millones de dólares."Año tras años hemos aumentado las exportaciones de productos de alto valor como es el caso de azúcar especial y orgánica, por esto desde el sector agroindustrial de la caña reafirmamos nuestra disposición para trabajar con el gobierno nacional y a poner sobre la mesa nuestras capacidades y argumentos y además el compromiso que tenemos para trabajar por Colombia", señalo Claudia Calero, presidenta de Asocaña.Por su parte, Gustavo Muñoz, presidente del grupo multisectorial del Valle, indicó que el Valle del Cauca cuenta con una gran variedad de productos que son exportados a los Estados Unidos. Los productores y el empresariado son los más afectados."El Valle participa en café, también con frutas, plátano, aguacate, cacao, tenemos el sector de las confesiones, partes eléctricas, químicos, y la farmacéutica. El Valle tiene la canasta exportadora más grande de Colombia, la más diversificada del país", argumentó Muñoz.Ante esta situación, piden que se lleve a cabo una reunión entre el Gobierno colombiano, los gremios y el sector productivo para analizar los efectos del arancel y explorar las nuevas alternativas en otros mercados para no afectar la economía regional.
Los habitantes de tres consejos comunitarios en los límites entre Nariño y Putumayo realizan una intensa búsqueda de 15 personas tras los cruentos combates entre disidencias de las FARC, que se disputan el dominio territorial de esa parte del Bajo Putumayo, en los límites con el sur de Nariño, frontera con Ecuador."No podemos asegurar que estén desaparecidos, pero sí nos preocupa la suerte que hayan podido correr, porque nadie sabe nada de ellos", dijo el asesor de paz y derecho humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González.Estos combates, según el subsecretario de derechos humanos y paz de Nariño, dejan un sin número de familias desplazadas que tuvieron que dejar sus casas y fincas para poner a salvo sus vidas. Incluso, muchas de ellas huyeron al vecino país del Ecuador, según precisó el funcionario.Los intensos enfrentamientos se registraron en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos, zona rural de Ipiales, en los límites entre Nariño y Putumayo. Según información de la comunidad, los habitantes de los consejos comunitarios Liberación y Futuro, Nuevo Renacer y Nueva Esperanza se vieron obligados a abandonar sus viviendas para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado entre Comandos de Frontera e integrantes del grupo Carolina Ramírez, que se disputan el control territorial de la zona.El funcionario de la Gobernación de Nariño, además, dijo a Blu Radio que la comunidad busca afanosamente a 15 personas, cuyo paradero es desconocido. Se teme por su seguridad, ya que tuvieron que huir de sus casas debido a los combates.El funcionario señaló que, aunque se confía en que estas personas hayan encontrado refugio en casas de familiares o amigos a orillas del río San Miguel, en los límites entre Colombia y Ecuador, la situación sigue siendo incierta, por lo que las comunidades han solicitado la mediación del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, con el fin de evitar una masacre en la zona.
Por las intensas lluvias el nivel del caudal del río Cauca incrementó en las últimas horas, lo que obligó a los organismos de riesgos, activar la alerta amarilla ya que el afluente paso de 7.93 a 8.85 centímetros.Esta situación podría ocasionar inundaciones a cinco sectores de Cali como Playa Renaciente, Puerto Nuevo, Brisas del Cauca, Floralia y el corregimiento de Navarro, allí las personas deberán ser evacuadas como mecanismo de prevención ante una tragedia."Como consecuencia existe la posibilidad de inundaciones por contra flujo en esos sectores, el sistema distrital de gestión del riesgo en articulación con los organismos de socorro realizan los monitoreos constantes al nivel del río y sea intensificado opciones preventiva en las zonas de riesgo", dice el comunicado emitido por la alcaldía.Otros ríos de Cali, también están siendo monitoreadas, así como las condiciones climáticas de la región y del norte del Cauca que inciden en el comportamiento de los afluentes, esto permitirá conocer de primera mano los cambios que podrían tener los ríos de la ciudad, especialmente los de zona de ladera."Estado de los ríos en Cali se encuentra así por ejemplo el Rio Pinchindé: 1.05 metros alerta amarilla, río Cali 0.98 metros es decir alerta amarilla y el río Pance 0.81 metros que quiere decir que esta en el nivel normal.", puntualiza el comunicado.En este momento, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, implementa distintas actividades con información sobre las posibilidades de una inundación en esos sectores, además de invitar a la comunidad a estar informada a través de los canales oficiales para conocer en que momento evacuar de sus recintos.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cuatro presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, señalados de participar en la preparación y activación de una motocicleta bomba en el corregimiento Piedra Sentada, del municipio de Patía (Cauca).El atentado ocurrió el pasado 26 de marzo y dejó un saldo de un soldado muerto y dos más heridos. De acuerdo con la investigación, los capturados habrían recibido órdenes de los cabecillas de esta estructura para ejecutar ataques contra la fuerza pública y la población civil.Los procesados fueron identificados como Darwin Fernando Caicedo Caicedo, Yider Arley Cruz Méndez, Javier Enrique Troches Dizu y Karen Tatiana Yacue Casos. Un fiscal de la Dirección Especializada de Crimen Organizado les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de explosivos y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas.En el marco del proceso judicial, los acusados no aceptaron los cargos. No obstante, el juez determinó que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.Las capturas se realizaron minutos después del ataque, en un operativo liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con apoyo del Ejército Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron controles remotos que habrían sido utilizados para activar la carga explosiva, varios explosivos, tres motocicletas y un teléfono celular.Según los elementos recopilados por los investigadores, la estructura Carlos Patiño tenía la instrucción de ejecutar acciones violentas en el suroccidente del país, como parte de un plan criminal impulsado tras la muerte de un antiguo jefe de las extintas Farc.
Los nariñenses no pueden ser los responsables de los incumplimientos de los departamentos con las comunidades indígenas del Cauca, afirmó el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, tras advertir que los comerciantes y la población pastusa ya se cansaron de los bloqueos en la vía Panamericana como medida de presión al Gobierno Nacional."Cada vez que les duele la cabeza o tienen un dolor de muela, los indígenas caucanos salen a taponar la vía internacional, aumentando las pérdidas económicas para el departamento de Nariño y la frontera con Ecuador", manifestó Toro enérgicamente."Esto no puede seguir sucediendo en un país donde existe un Estado de derecho. Por más autonomía que tengan los pueblos indígenas, deben respetar los derechos de los demás", aseguró el alcalde de Pasto.Indicó que, en lo que va del año, la vía Panamericana ha estado cerrada más de 15 días por factores climáticos y ahora por los reclamos de las comunidades indígenas, que en su mayoría se deben a incumplimientos de alcaldes y gobernadores de administraciones pasadas en el Cauca."Ellos deben comprender y ser conscientes del daño económico que le están causando a Pasto y a Nariño. Esto no puede volver a ocurrir, y exigimos que las autoridades nacionales resuelvan este problema. No es posible que la ciudad y los otros 63 municipios salgan de una emergencia registrada en el kilómetro 41 de la vía Panamericana y, ahora, porque se les ocurrió a los señores indígenas, volvamos a tener bloqueado el paso. A pesar de que ya se habilitó el tránsito, queda el temor de que las comunidades indígenas vuelvan a salir a taponar esta carretera internacional de manera tan grotesca como lo hicieron recientemente, utilizando maquinaria amarilla", expresó Toro."No tenemos por qué seguir pagando las consecuencias de los gobernadores y alcaldes del pasado que nunca cumplieron con los acuerdos", agregó.Señaló que, de acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Pasto, los comerciantes pierden entre 20.000 y 25.000 millones de pesos en cada cierre de la vía, y después nadie responde."No es justo que hoy los señores de las comunidades indígenas del Cauca, porque amanecieron enojados, impidan el tráfico vehicular. Esto ya no tiene justificación alguna para una región que necesita, con urgencia, que el Estado colombiano invierta más en obras de infraestructura y programas sociales", concluyó el alcalde Nicolás Toro.
Recientemente, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio del Trabajo, que exige acciones inmediatas respecto a algunas fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la capital vallecaucana.La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito, Sintramérito, que evidenció las condiciones actuales de los elementos del plan de emergencias dentro de la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en el norte de Cali.Entre los hallazgos se encuentran el averío de la alarma y luces de emergencia, también de los rociadores contra incendios, extintores vencidos, la falta de botiquines completamente equipados y falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación."Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente", señala Sintramérito en el documento.En la tutela también se advierte una serie de riesgos locativos, debido a condiciones físicas indadecuadas de las instalaciones de la sede del MinTrabajo en Cali, las cuales podrían generar accidentes laborales."Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento", se indicó en el fallo del juzgado.El sindicato solicitó que como medida provisional se suspendiera temporalmente las actividades laborales y atención al público en el edificio de la Dirección Territorial del Valle del Cauca, implementando la modalidad de trabajo en Casa, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada por el juzgado.
Como Carlos Alberto Delgado Palomino fue identificado el hombre de aproximadamente 37 años asesinado en la tarde de este martes en el barrio Centenario, en el oeste de Cali, en inmediaciones de un reconocido centro comercial y una clínica del sector. De manera extraoficial se conoció que era conocido con el alias de 'Cajón'. En los hechos por una bala perdida, un vendedor de la zona también resultó lesionado.De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal acababa de realizar una diligencia en una entidad financiera de la zona, cuando fue abordada por dos hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque logró ingresar herido a un edificio cercano, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.“Se presentó un ataque con arma de fuego contra un hombre que acababa de realizar una diligencia en una entidad bancaria. Fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente se produjo su deceso. Según la información recolectada en el lugar, fue abordado por dos hombres que le dispararon indiscriminadamente y huyeron del sitio”, señaló el teniente coronel Nelson Blandón, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali.Las autoridades indicaron que, al momento de la inspección técnica, la víctima portaba sus pertenencias, por lo que se investiga si el crimen estaría relacionado con un intento de hurto. Asimismo, se conoció que registraba antecedentes judiciales.“Los antecedentes que registraba eran por homicidio, secuestro y amenazas a defensores de derechos humanos. En este momento, la causa exacta de los hechos es materia de investigación y está a cargo de las unidades especializadas, que trabajan para establecer qué fue lo que ocurrió exactamente”, expresó el oficial.Un equipo especial de la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer los móviles y dar con la captura de los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita avanzar en el caso.
Después del consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en Cartago, Valle del Cauca, el pasado fin de semana. Recientemente, fue capturado alias “Cakín”, señalado cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Flacos, estructura con injerencia en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.El operativo se desarrolló en zona rural de Pereira, Risaralda, en límites con el norte del Valle, donde unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron el lugar, donde el señalado delincuente intentaba evadir a las autoridades.“Aquí, en el norte del Valle, hay unos grupos de delincuencia común organizada que se nutren del narcotráfico y que buscan generar violencia apoderándose de sus rutas, como el grupo delincuencial organizado Nueva Generación y el grupo de delincuencia organizada Los Flacos. Una de las conclusiones clave, y es la orden, es que estos dos grupos deben ser desmantelados, deben ser llevados a su mínima expresión”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.De acuerdo con las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de más de 17 años. Entre 2009 y 2011 habría sido jefe sicarial de la extinta estructura Los Rastrojos. Posteriormente, pasó por redes criminales en el Eje Cafetero y asumió distintos roles dentro de Los Flacos, incluyendo la coordinación de homicidios, expendio de estupefacientes y lavado de activos mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.“Alias ‘Cakín’, que quedó libre por vencimiento de términos, fue capturado en un operativo contundente de los policías, quienes arriesgaron la vida por capturarlo. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad por vencimiento de términos. Es algo que estamos analizando con nuestra fiscal general de la Nación y el Ministerio de Justicia para ser más fuertes en esta área y reconocer si como Fuerza Pública estamos haciendo algo que no debiéramos. Por este criminal ya capturado, nosotros ofrecíamos hasta 100 millones de pesos”, expresó el ministro.Las autoridades aseguraron que reforzarán los operativos en el norte del Valle y el Eje Cafetero para debilitar las estructuras criminales que han intensificado la violencia en esta zona del país.
En la tarde de este martes se confirmó quién será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Se trata del general Hebert Benavides, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe Nacional de Administración de Recursos de la Policía, ahora liderará la institución en la capital vallecaucana tras varias semanas de incertidumbre. El oficial es oriundo de la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, y cuenta con una trayectoria de casi treinta años en la Policía. Entre sus cargos más relevantes se destaca su liderazgo en la Policía Metropolitana de Barranquilla en el 2024, a finales de ese mismo año asumió como Comandante de la Región de Policía Nro. 8.El general Benavides llega a la capital vallecaucana tras la destitución del general Edwin Urrego, ordenada por el presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como el presunto autor de un entramado para colocar sustancias psicoactivas al interior del vehículo del mandatario, días antes de su reunión en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Cabe señalar que en el momento en el que el presidente Petro hizo las acusaciones contra el general Urrego, el oficial se encontraba incapacitado, por lo que no se encontraba activo liderando la Metropolitana de Cali, desde enero del presente año."Ante los hechos de violencia registrados en este inicio de año, era fundamental que Cali contara con un General de la República al frente de la institución, responsabilidad que hoy asume el general Benavides. Esta decisión fortalece la institucionalidad, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad y permite avanzar en la protección de los derechos de los caleños", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.