La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali. En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la preocupación de que estos animales podrían estar propagando rabia, generando temor entre los ciudadanos.Ante la inquietud, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se pronunció para aclarar la situación y desmentir que este comportamiento represente, por sí solo, un riesgo sanitario.En Cali habitan al menos 18 especies de murciélagos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en Colombia se han identificado cerca de 200. Muchas de estas especies están adaptadas a entornos urbanos y periurbanos, y su actividad, incluso en horas diurnas, puede estar asociada a la búsqueda de alimento o refugio, sin que ello represente automáticamente una amenaza sanitaria.La bióloga del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma, Jessica Galíndez, señaló que estos animales enfrentan riesgos derivados principalmente de la desinformación y la pérdida de hábitat.“Este grupo tan importante se ha visto amenazado por la pérdida de hábitat y también por los falsos mitos que se generan por su imagen. Es importante no generar alarma por ver murciélagos volando en el día o en la noche, dado que es una actividad natural en la cual están buscando dónde dormir o qué comer”.La funcionaria insistió en que la presencia de murciélagos no significa que exista un brote de rabia. La enfermedad se transmite principalmente por mordedura o contacto directo con la saliva de un animal infectado, por lo que el riesgo se presenta únicamente si hay manipulación directa.Además, destacó la importancia ecológica de esta especie para el equilibrio ambiental de la ciudad.“Es importante resaltar la importancia de los murciélagos en la naturaleza, dado que contribuyen en la polinización, en la dispersión de semillas y como controladores de insectos que podrían convertirse en plagas. La recomendación del Dagma es no manipularlos y reportar cualquier caso a las autoridades ambientales”.Desde el Dagma reiteraron que, si un murciélago es encontrado herido, en el suelo o dentro de una vivienda, no debe ser tocado ni capturado. En esos casos, la ciudadanía debe comunicarse con la autoridad ambiental para activar el protocolo de atención de fauna silvestre.El llamado final es a la convivencia responsable con la fauna urbana y a evitar la difusión de información falsa que pueda generar miedo injustificado frente a una especie que cumple funciones fundamentales en el ecosistema caleño.
Las recientes alteraciones al orden público en el Valle del Cauca están generando preocupación sobre las garantías de seguridad para las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo. En municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales, las autoridades locales ya evalúan posibles traslados de puestos de votación.Uno de los casos que más inquieta es el de Dagua, donde en las últimas horas se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas frente a la participación electoral en corregimientos apartados.El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que existe una solicitud para revisar la permanencia de tres puestos de votación en áreas rurales del municipio.“Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario.La situación también genera preocupación en la zona rural de Buenaventura, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha motivado solicitudes de revisión en algunos puestos de votación.El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben analizarse, especialmente en sectores con comunidades desplazadas.“En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.Las solicitudes serán evaluadas en la próxima mesa de seguridad electoral, donde autoridades locales, departamentales y organismos de control definirán si procede el traslado de puestos de votación y qué medidas adicionales se adoptarán para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en el departamento.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
La Policía Nacional confirmó que un auxiliar que se encontraba de turno en le Subestación de Puente Iglesias salió de su turno en horas de la tarde del pasado 18 de febrero, decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.La información que se ha conocido hasta el momento es que el auxiliar se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con la búsqueda del joven de 19 años, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios de su paradero.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades en esta zona del Suoreste antioqueño comenzaron con diferentes labores para tratar de hallar al joven auxiliar."Terminó su turno y se fue a bañarse pues al río Cauca, a la ribera del río Cauca y uno de los compañeros pues dio informe que el muchacho se había tirado y no volvió a salir al río. Están en la búsqueda, no ha sido encontrado este jovencito, vamos a esperar que resulta de acuerdo a las labores propias de búsqueda con el personal idóneo en la zona", indicó el uniformado.Por ahora, autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia, así como el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia se encuentran haciendo presencia en esta zona. Además, se conoció que incluso se ha hecho un recorrido en lancha por el afluente, sin que se haya avistado al uniformado.Hay que mencionar que debido a las fuertes lluvias que hay caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.
En medio de una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de presidentes y alta rotación de autoridades, Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica que llama la atención en la región.Para explicar ese fenómeno, el exministro de Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la clave ha estado en la fortaleza institucional del Banco Central y en el rechazo ciudadano a la inflación.“Creo que ustedes le han dado al clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, digamos, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país”, afirmó.¿Cómo lo han logrado?Castilla señaló que existen dos factores determinantes. El primero, la autonomía constitucional del Banco Central, que —según explicó— ha “blindado al Banco Central del poder político”. El segundo, un consenso social amplio en torno a la estabilidad de precios. “La población no tolera la inflación y eso ha percolado a la clase política”, dijo.Esa combinación ha permitido que presidentes de distintas corrientes ideológicas hayan ratificado en el cargo al actual titular del Banco Central. “Tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto”, sostuvo.El exministro destacó además un elemento poco común: el alto nivel de conocimiento ciudadano sobre la autoridad monetaria. “Probablemente sea un país insólito donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú”, afirmó.Sobre el papel de la informalidad, Castilla reconoció que tiene un doble efecto. “Es bueno y malo”, explicó. “Es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis. Pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente”.A su juicio, Perú ha vivido un fenómeno particular: “el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro”. No obstante, advirtió que esa desconexión tiene límites. “Tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando, está minando a la economía, y eso se ve una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía”, señaló. Incluso aseguró que el país podría estar creciendo más con los actuales precios de materias primas: “En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas debemos estar creciendo al doble. Este, creo que ese 3 podría crecer 6”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Las dificultades que atraviesa el sistema de salud actualmente en el territorio nacional no conoce de creencias ni regiones, comunidades indígenas con asentamientos en el Urabá antioqueño denuncian que el sistema de salud los tiene abandonados y buscando como suplir sus dificultades de salud a través de otros medios.Una de las comunidades indígenas más importantes de este país es el Pueblo Zenú, quienes tienen un asentamiento en el municipio de Necoclí. Ellos denuncian que su los miembros de su comunidad están afiliados en su mayoría a la Nueva EPS y Savia Salud, y a causa de la intervención del Gobierno nacional también están sufriendo las consecuencias.Pacientes con patologías como diabetes, cáncer e hipertensión no han recibido sus medicamentos en lo que va corrido de este año, una situación que tiene preocupados a los líderes de su comunidad. "No estamos siendo atendidos, los medicamentos no llegan a los territorios, sobre todo en la zona norte de Urabá. Toda la que tienen atenciones primordiales, diabetes, las personas que tienen de pronto hipertensión, hay personas que necesitan otro tipo de atención, que tienen unas enfermedades graves, no las han atendidas", aseguró Sandra Milena Flores, líder del resguardo indígena Zenú de Necoclí.Esta situación que viven estos resguardos indígenas se concentran en otras zonas del territorio antioqueño, donde la comunidad Zenú también tiene presencia, en municipios como Frontino hay más de 5.000 indígenas que tienen problemas con su sistema de salud, y en Urrao hay más de 4.000 personas de esta comunidad con la misma problemática."Más de 25.000 indígenas, necesitamos primero una buena atención y que la administradora que ingrese nos pueda garantizar eso que tanto solicitamos. La entrega de medicamentos ha sido leve, no quieren ingresar a los territorios, dicen que no hay suministro, hay desabastecimiento y toca esperar mucho tiempo para que puedan ser entregadas", manifestó Flores.Esta problemática de salud que hoy viven más de 27 mil indígenas de la comunidad Zenú en el Urabá antioqueño es expuesta en la primera asamblea departamental de autoridades indígenas del departamento. Con la participación de representantes de más de 120 cabildos.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
En menos de cinco horas, los habitantes del corregimiento de Timba, en Jamundí, vivieron dos ataques con explosivos perpetrados por el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, contra las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en los límites de los departamentos de Valle y Cauca.El más reciente se registró en la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector de La Torre, ahí la comunidad reportó por lo menos cinco explosiones, que los obligaron a confinarse en sus viviendas, mientras los militares respondían con un contraataque.Esta misma situación ocurrió en horas de la tarde, en límites de Timba con el corregimiento de Guachinte, donde varios artefactos fueron lanzados también desde drones para afectar a las tropas, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.Estas alteraciones al orden público se suman a las ocurridas en el municipio de Dagua, en el corregimiento de El Queremal, donde en menos de 24 horas fue atacada la estación de policía del sector.
Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Nuevas tensiones se generaron entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ante la habilitación de la venta de boletería de la Feria Taurina que se realizará en la capital del Valle del Cauca en el mes de diciembre.El presidente Petro aseguró que Eder debe cumplir la ley y prohibir este evento, teniendo en cuenta que ya quedó en firme la ley 'No más Olé' que prohíbe las corridas de toros en el país.Para conocer detalles del evento, Blu Radio se comunicó con Miguel Yusti, actual vicepresidente de la sociedad Plaza de Toros, quien explicó que la 'Feria Taurina de Cali' se realiza este año, teniendo en cuenta el plazo que dio la Corte Constitucional para la prohibición total de las corridas, que consiste en una transición de tres años."Cali Cañaveralejo nos recibirá en cuatro tardes, donde presenciaremos las más importantes figuras del toreo. De esa manera le diremos al mundo taurino que Cali está presente y continúa. Y conforme a los contextos legales y empresariales, la organización 'Toro Vive' está haciendo la diligencia y le va a cumplir a la plaza", explicó Yusti.Por su parte, varios colectivos animalistas están pidiendo que los años de plazo antes de la prohibición que determinó la Corte Constitucional, sean aprovechados no para realizar corridas sino para hacer una verdadera transición."Reiteramos el llamado al alcalde Eder a que responda el clamor de la ciudadanía caleña, que es 'no más tortura de los toros", señaló Terry hurtado, líder del Movimiento Animalista de Cali. "Es momento de abogar por la vida y la verdadera cultura, y como alcalde no apoyar la realización de más corridas de toros en la ciufad", indicó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.Desde la Alcaldía de Cali se aclaró que la ‘Feria Taurina’ es un evento privado, el cual no forma parte de la programación oficial de la Feria de Cali, evento que aún no se puede prohibir, sino hasta el 2027, cuando se cumpla el plazo de la ley 'No Más Olé'.
Ante el incremento de los casos de homicidio en Cali durante las últimas semanas, desde el Concejo Distrital se ha planteado una medida para contener los índices de violencia en la ciudad, que permita mitigar estos crímenes especialmente en los sectores mas afectados.Se trata de un toque de queda, que no se determinaría por la edad de los ciudadanos sino por los territorios que según el Observatorio de Seguridad de la ciudad, son los que registran mayor número de casos de muertes violentas, como las comunas 13, 15, 18, 20 y 21. "Es necesario hacer un toque de queda, no sólo para menores de edad sino sectorizado, porque los muertos los está poniendo la ladera de Cali, los muertos lo pone el distrito de Aguablanca", aseguró el concejal del Partido Conservador, Marlon Cubillos.El concejal aseguró que es necesario conocer de primera mano las acciones que se están implementando en la ciudad, teniendo en cuenta que durante los últimos fines de semana se han registrado más de 15 homicidios en la ciudad."Aquí lo que nos interesa es la institucionalidad y garantizar que los caleños puedan vivir en paz. Porque hoy la ciudadanía está viviendo con miedo, de salir y se les quite la vida", añadió Cubillos.Ante la solicitud de los concejales, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, fue citado a la plenaria de este martes, para conocer las acciones que se implementarán en la ciudad para contener las cifras de homicidio, pues ya se superan los 770 casos en lo corrido del 2025.
El pasado 3 de octubre el dragoneante del Inpec, Marco Antonia Becerra Palma, fue asesinado a disparos, cuando se desplazaba a su casa en el barrio El Trébol de Palmira, Valle después de cumplir su turno en la cárcel de esa ciudad.La Policía adelantó un operativo en esa ciudad, que permitió ubicar a los integrantes de la banda delincuencial que estaría detrás del asesinato del funcionario y los vehículos que utilizaron para el crimen.Después de un enfrentamiento a disparos, la Policía capturó a ocho sospechosos, decomisó un fusil, cuatro pistolas y un revolver.“La Policía en coordinación con la Fiscalía capturó a ocho delincuentes relacionados presuntamente con el atentado criminal que cegó la vida de un dragoneante del Inpec. En desarrollo de la investigación identificamos dos vehículos, una motocicleta y logramos la incautación de seis armas de fuego, incluyendo un fusil”, indicó el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional.Allí, en Palmira, Valle, también el pasado viernes, otro dragoneante del Inpec, Óscar Julián Gonzáles Garzón, resultó herido en otro atentado sicarial, luego de terminar su turno. El funcionario continúa hospitalizado y su estado de salud es crítico.
Por varias horas, fuertes combates se registraron en en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca, entre el Ejército y la estructura "Yair Bermúdez" de las disidencias de las Farc, dejando como resultado tres integrantes de este frente abatidos ,entre los cuales se encuentra alias Jefrey, tercer cabecilla.En el lugar de los hechos fue incautado abundante material de guerra e intendencia los cuales, al parecer, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“En desarrollo de operaciones militares ofensivas, fueron abatidos tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 57 y otra persona fue capturada", dijo el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército NacionalPor otro lado, en el municipio de Jamundí, Valle, fue capturado uno de los cabecilla de las finanzas de la "Jaime Martínez", durante esta captura también se registraron fuertes combates en el corregimiento de San Antonio zona rural de este municipio.