Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de febrero de 2026:El dólar cerró por encima de los $3.760, con un alza cercana a $40 frente a la TRM.Las plataformas digitales de Bancolombia ya operan con normalidad tras las fallas del servicio.Grave ataque en Segovia: un dron con explosivos dejó cinco muertos, entre ellos dos menores.Crece la polémica por el decreto firmado por el Gobierno Nacional.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 26 de febrero de 2026:Armando Wouriyu, vocero del comité de firmas de la constituyente, habló sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro.David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, se refirió de la iniciativa para llevar ayuda humanitaria a Cuba.Claudia López, candidata presidencial, habló de los resultados de la encuesta Invamer.Escuche el programa completo aquí:
La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 26 de febrero de 2026:El procurador general, Gregorio Eljach, habló de las elecciones del 8 de marzo.Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se refirió de las fallas que ha presentado la entidad en sus servicios los últimos días.Adriana Avendaño, esposa del candidato al Senado Andrés Vásquez, comentó de qué se sabe de la desaparición de su esposo.Julia Medrano, alcaldesa de San Juan de Urabá, Antioquia, habló de la erupción de manera repentina del volcán en el municipio.Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, se refirió de por qué no firmó la convocatoria de Constituyente del presidente Gustavo Petro.Escuche el programa completo aquí:
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
Se cumplen dos días de nuevos combates entre la fuerza pública y las disidencias de la Farc en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, específicamente en sectores de corregimientos como La Ampudia y la vereda La Pradera.Esta situación pone en alerta a las autoridades, ya que las comunidades son las más afectadas, familias que la semana pasada tuvieron que abandonar sus territorios, pero que regresaron el fin de semana y a pocas horas de su retorno nuevamente quedaron en medio de los intensos combates, confinados en sus propias viviendas."Estos combates continúan en la parte alta de la zona rural de Jamundí, y estamos preparando toda la oferta interinstitucional, no solamente publica, sino también la privada, que nos apoya en este tipo de emergencias para que no se desborden las capacidades instituciones y así poder garantizar la protección de los derechos humanos de todas estas personas", dijo Martha Gutiérrez, personera del municipio de Jamundí.Y es que los intensos combates que se sostienen podrían desencadenar en un nuevo desplazamiento masivo, aumentando el número de personas que decidan trasladarse hasta el casco urbano de Jamundí, buscando proteger su vida y la de sus familiares. La cifra actual de desplazados es de más de 400 personas."Como consecuencia de la emergencia humanitaria que vivimos la semana pasada, el censo ha arrojado 456 personas por el hecho victimizante de desplazamiento que corresponde a 167 núcleos familiares del corregimiento de Ampudia y la vereda La Pradera, son campesinos de nuestra zona rural", explicó la personera.Según el Ejército, estás son operaciones militares que se adelantan en la zona como parte de la intervención para debilitar la 'Jaime Martínez', disidencia de las FARC, responsable de los más recientes atentados. El propósito es recuperar al menos 4 veredas que conducen a un punto conocido como La Meseta, donde presuntamente el grupo armado tiene su base desde donde planean los atentados.
Una patrulla de la Policía, que adelantaba labores de control en bares y discotecas, fue atacada con un explosivo en el sector Las Palmas, al occidente de Popayán.Dos delincuentes desde una motocicleta en movimiento lanzaron el artefacto contra el vehículo oficial que se incendió en cuestión de minutos.Los cuatro policías que estaban a bordo alcanzaron a salir de la patrulla con lesiones en diferentes partes del cuerpo, así lo confirmó el coronel John Fredy Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. “Esa patrulla se encontraba haciendo cierre de establecimientos públicos, cuando desde una motocicleta a alta velocidad le lanzan una artefacto explosivo, lamentablemente cuatro compañeros resultan lesionados, el vehículo de la institución resultó incinerado”, manifestó Zambrano.Ofrecen recompensa por responsables del atentadoTodas las estaciones de Policía y bases militares en la ciudad de Popayán están en alerta máxima. La Alcaldía de Popayán ofreció una recompensa de $50 millones por información que facilite la captura de los responsables del atentado terrorista.Procuraduría se pronuncióEl procurador general, Gregorio Eljach, condenó atentado terrorista en Cauca que dejó cuatro uniformados heridos.Eljach Pacheco fue enfático al rechazar un nuevo acto terrorista en un departamento que viene sufriendo cada vez con mayor vehemencia los rigores del conflicto.Asimismo, pidió a las autoridades no solo a identificar a los responsables, sino a articular acciones que permitan evitar la repetición de este tipo de situaciones.
Desde muy temprano este domingo, 27 de julio, se registran fuertes combates entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez' en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, cerca de un sector del corregimiento de Ampudia.En varios videos difundidos en redes sociales por los mismos habitantes del sector se escuchan ráfagas de fusil y los intensos enfrentamientos.Según el Ejército Nacional, esto hace parte de una operación militar que se adelanta en Jamundí, denominada ‘Escudo del Norte’, contra la disidencia que delinque en esa zona.Varias familias permanecen confinadas en sus viviendas por temor a salir y quedar en medio del cruce de disparos.
Autoridades en Cali se preparan para la posible llegada de ciudadanos colombianos que fueron deportados de Ecuador en las últimas horas, en un proceso que no fue coordinado con las oficinas consulares de Colombia en ese país, por lo que más de 600 privados de la libertad llegaron hasta la frontera con Ecuador en Ipiales, varios de ellos con destino a Cali y Bogotá.Es por eso que se ha activado un equipo interdisciplinario en la capital del Valle, con las autoridades competentes, para atender la masiva llegada de personas con anotaciones judiciales que deberán ser nuevamente evaluadas por la justicia tanto colombiana como ecuatoriana.“En la ciudad estamos preparando toda la logística para que el aparato interinstitucional de la Alcaldía pueda dar un soporte a las personas que estén llegando, por un lado, con la mesa de víctimas que tenemos en nuestra ciudad que es la subsecretaría de víctimas, y por otro buscando que se puedan generar cercos de seguridad para evitar cualquier alteración de orden público”, dijo Álvaro Pretel, secretario de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali.Esta situación se suma a que, por la llegada masiva de ciudadanos a Cali, se podría incrementar el hacinamiento en los centros carcelarios, ya que esta es una de las problemáticas que presenta la ciudad por el aumento de personas que son capturadas en la ciudad vinculadas a diferentes delitos.“Estas personas pueden llegar a afectar diferentes condiciones de hacinamiento carcelario y eso para nosotros si es una preocupación, ya que nuestra meta en la alcaldía es cada vez más brindar mejores condiciones a los privados de la libertad que se encuentran en las diferentes estaciones de policía o incluso en la misma cárcel”, manifestó el funcionario público. En ese orden de ideas desde la administración municipal señalaron que se buscará la manera de establecer los protocolos con las oficinas internacionales y con Migración Colombia para brindarles a las personas que lleguen el debido proceso judicial, además de óptimas garantías que no afecten sus derechos.