Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2835, realizado en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su posición como una de las loterías más consultadas cada semana.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran ganador de la noche fue el número 5816 de la serie 073, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y consolidando el atractivo de este tradicional juego de azar, que cada jueves genera expectativa en miles de hogares colombianos.Premios secos del sorteo 2835 de la Lotería de BogotáAdemás del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones3016 – Serie 1092 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones6011 – Serie 1386064 – Serie 2813 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0341 – Serie 2664963 – Serie 3609349 – Serie 1536 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2254 – Serie 0945528 – Serie 3629529 – Serie 4035258 – Serie 1219018 – Serie 3569583 – Serie 33010 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0021 – Serie 4011244 – Serie 3585847 – Serie 2466590 – Serie 3926591 – Serie 4206662 – Serie 2558278 – Serie 1718419 – Serie 4468436 – Serie 1858954 – Serie 04430 Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0228 – Serie 2288000 – Serie 0676535 – Serie 0246005 – Serie 1734554 – Serie 0903608 – Serie 3131963 – Serie 3320354 – Serie 0518260 – Serie 0237456 – Serie 2186217 – Serie 0394951 – Serie 0553658 – Serie 1102275 – Serie 1560522 – Serie 0929072 – Serie 4327566 – Serie 1586386 – Serie 4514980 – Serie 4173937 – Serie 3152619 – Serie 1340890 – Serie 2339414 – Serie 4057942 – Serie 3766426 – Serie 2255960 – Serie 4594427 – Serie 2983168 – Serie 3381841 – Serie 1289460 – Serie 087Una tradición que respalda la salud en ColombiaCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2835 del 26 de febrero de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes con los canales oficiales para confirmar cualquier premio.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 26 de febrero:El humorita José Ordóñez fue el invidado de este jueves de comedia en Bla Bla Blu.En el jueves de #TBT, el invitado fue el DJ de bodas Diego Chacón que habló de las mejores canciones para este tipo de ceremonias.
En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
Desde la noche del martes, la comunidad en la parte alta de Jamundí permanece atemorizada por los fuertes combates que se registran entre las tropas del Ejército e integrantes de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, específicamente, en el corregimiento de Ampudia.El silencio de la noche fue interrumpido con las ráfagas de fusil, el sonido de algunas explosiones y los motores del avión de la Fuerza Pública, una tensa situación que hizo que muchas familias de este corregimiento tomaran el riesgo de salir de sus casas y en los vehículos a su alcance decidieron llegar al casco urbano del municipio, desplazadas en busca de una seguridad que ya no sentían en sus territorios."Están llegando de forma masiva desplazados a la glorieta del Hospital de Jamundí. Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, siguen llegando en camionetas, motocicletas, volquetas, carros llenos de personas llegando a nuestro territorio pidiendo ayuda, porque en la zona alta hay un conflicto bastante complejo", indican personas de la comunidad.Cabe recordar que los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el grupo disidente se desarrollan en el marco de la operación 'Escudo del Norte', que tiene como objetivo erradicar el control territorial de las disidencias en los límites de los departamentos de Valle y Cauca."Deben conocer y saber que la única institución legítima que está ahí presente en sus territorios es el Ejército Nacional. Continuaremos desarrollando las operaciones militares para generar los controles, tanto en el sur de Valle como en el norte del Cauca, contra la estructura de la Jaime Martínez, que es la responsable de todo este accionar criminal", indicó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército.Es en el corregimiento de Ampudia, donde se ha focalizado la operación ofensiva del Ejército en el Valle del Cauca, recientemente, donde han sido varios los combates con las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' y se han destruido dos campos minados recientemente.
Siete civiles heridos y un soldado profesional resultaron lesionados en medio de los fuertes combates que se registraron entre la Fuerza Pública y la disidencia de las Farc Jaime Martínez en el sector de Playa Rica, municipio de Suárez, ubicado al norte del Cauca.En los intensos enfrentamientos, dos hombres pertenecientes al grupo armado fueron neutralizados, y varios más, quienes también resultaron lesionados por la ofensiva de las tropas del Ejército en ese punto por combates que se extendieron durante al menos tres horas.“Hoy los combates contra esa estructura fue en Playa Rica, que esto queda a un kilómetro del sector de La Betulia, que es el bastión criminal de esta estructura. Allí se tiene la afectación de dos hombres pertenecientes a la JaimeMartínez, quienes fueron dados de baja en el desarrollo de las operaciones militares, y un sin número de lesionados“, dijo el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.En medio de los intensos combates, el grupo ilegal usó varios drones cargados con explosivos para atacar a la fuerza pública, los cuales provocaron afectación a varias viviendas de la población civil.“Un número indeterminado de casas fueron afectadas por estos explosivos y, lastimosamente, hirieron a siete personas que tuvieron que ser atendidas en los centros hospitalarios. Afortunadamente, fueron lesiones leves, ninguna de gravedad, allí seguiremos con el desarrollo de las operaciones militares”, manifestó Mejía.Los operativos se sostienen en varios municipios del norte del Cauca y sur del Valle para debilitar a este grupo armado que es el responsable de los múltiples atentados que se han registrado en los últimos meses, incluidos los atentados que se presentaron en Cali y Jamundí el pasado 10 de junio
Habitantes del corregimiento de Ceilán en zona rural de Bugalagrande, en el Valle del Cauca, se encuentran atemorizados por la presencia masiva de letreros alusivos al frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc. Los grafitis fueron pintados en fachadas de varias viviendas y algunos establecimientos de comercio.Ante esto, desde las autoridades indicaron que se decidió llevar a cabo un consejo de seguridad para analizar estos hechos que ponen en riesgo a los ciudadanos del casco urbano de esa zona del departamento, ya que se han presentado otros hechos como la quema de algunas motocicletas en el parque principal.“En horas de la mañana se evidencia que se encuentran unos grafitis alusivos a grupos que ejercen presencia en la zona montañosa de Bugalagrande, Tuluá y Sevilla, pero es que todo esto inicio el domingo en la noche. Esto lo manifestaron las personas, se presentó en un primer momento un incendio de dos motocicletas en una zona cercana al centro poblado del corregimiento”, dijo Jorge Candamil, personero municipal de Bugalagrande.En ese corregimiento también hay presencia de otros grupos armados e, incluso, algunas bandas delincuenciales que desde hace tiempo atrás sostienen algunos enfrentamientos por la disputa del control territorial.“Efectivamente, existe la presencia de dos grupos, en noviembre del año anterior la Defensoría del Pueblo, emitió la alerta temprana 025 de 2024 donde indica que en zona montañosa entre Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Sevilla y Caicedonia hace presencia la compañía Adán Izquierdo y el frente 57 de las Farc, entonces si es evidente que hay una disputa entre dos grupos que quieren ejercer el control territorial de la zona“, explicó el personero.Por estos hechos, se buscará garantizar la seguridad de la población civil como medida a la presencia de los actores armados en el corregimiento, mientras que con las autoridades departamentales se realizará la articulación para que se refuerce la Fuerza Pública con más uniformados, y así evitar cualquier atentado por parte de los grupos ilegales.