Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante la aparición de infecciones en humanos causadas por un hongo que puede transmitirse directamente desde los gatos. La situación genera preocupación entre especialistas debido a que este patógeno tiene la capacidad de propagarse en entornos domésticos, especialmente cuando existe contacto cercano con felinos que presentan lesiones visibles o signos de enfermedad.El caso que encendió las alertas comenzó cuando una familia desarrolló lesiones cutáneas tras convivir con un gato que presentaba úlceras en el hocico y las orejas. Posteriormente, otros integrantes del hogar y más animales domésticos manifestaron síntomas similares, lo que llevó a realizar estudios clínicos y de laboratorio para determinar el origen de la infección.Fue en ese contexto que las autoridades confirmaron un brote en Uruguay provocado por el hongo Sporothrix brasiliensis, una variante identificada originalmente en Brasil. El diagnóstico fue verificado mediante análisis de biología molecular, lo que permitió activar protocolos de control epidemiológico para evitar su propagación.Qué es el Sporothrix brasiliensis y por qué preocupa a dueñosEl Sporothrix brasiliensis es un hongo dimorfo perteneciente a un grupo conocido desde finales del siglo XIX, aunque esta variante específica fue clasificada en la década de 1990. Lo que lo diferencia de otras especies es su alta capacidad de transmisión zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos con facilidadDurante décadas, la esporotricosis estuvo asociada principalmente a actividades rurales, como el contacto con plantas, tierra o material orgánico en descomposición. Sin embargo, el patrón ha cambiado y ahora los gatos, especialmente aquellos que viven en la calle, son considerados los principales transmisores.Este cambio en la dinámica de transmisión ha incrementado el riesgo en zonas urbanas, donde la convivencia cercana entre humanos y mascotas facilita el contagio.Cómo se transmite el hongo de gatos a humanosLa transmisión ocurre cuando el hongo entra en el organismo a través de la piel, generalmente por contacto directo con un animal infectado. Las principales formas de contagio incluyen:Arañazos de gatos infectados.Mordeduras que rompen la piel.Contacto con secreciones de lesiones abiertas.Manipulación de animales enfermos sin protección.Los veterinarios advierten que los gatos infectados pueden portar grandes cantidades del hongo en sus heridas, lo que aumenta la probabilidad de transmisión.Síntomas en humanos: señales de alertaEn las personas, la infección suele comenzar con lesiones pequeñas que pueden parecer inofensivas, pero que evolucionan con el tiempo. Los síntomas más frecuentes son:Aparición de nódulos o protuberancias rojizas en la piel.Formación de úlceras en la zona afectada.Lesiones que se expanden siguiendo los vasos linfáticos.Inflamación y dolor en el área comprometida.En casos más graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede extenderse a órganos internos como los pulmones, el hígado o los huesos.En el brote confirmado, los pacientes humanos respondieron favorablemente al tratamiento antifúngico tras recibir diagnóstico oportuno. Sin embargo, el impacto en los animales fue más severo. De los tres gatos infectados en el mismo entorno, solo uno logró recuperarse, mientras que los otros fallecieron debido al avance de la enfermedad.Veterinarios también han reportado un aumento en la detección de gatos con lesiones cutáneas sospechosas, lo que refuerza la preocupación sobre una posible expansión del hongo.Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias es el control de los gatos en situación de calle, considerados reservorios del patógeno y una fuente potencial de contagio continuo.Medidas de prevenciónAnte esta situación, expertos en salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección:Evitar el contacto con gatos que tengan heridas visibles.No manipular animales enfermos sin protección.Acudir al médico ante cualquier lesión sospechosa.Llevar a las mascotas al veterinario si presentan síntomas.Lavarse las manos después de interactuar con animales.Aunque esta infección es tratable, el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones. Las autoridades continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y no descartan implementar nuevas medidas de control para prevenir la propagación de esta zoonosis emergente.
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
El fabricante chino Great Wall Motors confirmó la construcción de una nueva planta industrial en el estado de Espírito Santo, en Brasil, con capacidad anual para producir hasta 200.000 carros híbridos y eléctricos. La decisión refuerza la apuesta de la marca por América Latina y tiene implicaciones directas para mercados como Colombia, que mantiene un acuerdo comercial automotor con el país vecino.¿Dónde estará ubicada la nueva fábrica de GWM en Brasil?La megaplanta se levantará en la zona de Barra do Riacho, dentro del Parque Industrial de Aracruz, en un terreno de aproximadamente 1,7 millones de metros cuadrados.Según autoridades del estado de Espírito Santo, la instalación contará con línea completa de producción: estampado, soldadura, pintura y ensamblaje final. La proyección es convertirla en la fábrica más avanzada de GWM en el continente americano.Durante la fase de construcción se estima la generación de entre 1.500 y 3.500 empleos, principalmente en el sector de obras civiles. Una vez entre en operación, el complejo podría crear hasta 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.¿Qué impacto puede tener esta inversión para Colombia?Brasil es un socio estratégico dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 72), que permite el ingreso anual de hasta 50.000 vehículos brasileños a Colombia con arancel cero del 16,1 %, beneficio prorrogado por un año tras su vencimiento inicial en septiembre de 2025.Marcas como Renault, Toyota, Chevrolet y Volkswagen concentran cerca del 30 % de las ventas locales bajo este esquema. En ese contexto, una mayor capacidad productiva en Brasil abre la puerta a que modelos híbridos y eléctricos de GWM puedan llegar a Colombia con ventajas arancelarias, dependiendo de futuras negociaciones bilaterales.Colombia ha manifestado interés en fortalecer la reciprocidad comercial y en impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica, un punto que encaja con el plan de inversión de 10.000 millones de reales (aproximadamente 2.000 millones de dólares) que GWM tiene proyectado para Brasil.¿Qué modelos y tecnologías producirá GWM en esta planta?Aunque no se detallaron los modelos específicos que saldrán de esta nueva instalación, la estrategia regional de GWM está centrada en carros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.La compañía ya produce en Brasil a través de la planta que adquirió en Iracemápolis (São Paulo), antigua fábrica de Mercedes-Benz, que inició operaciones bajo control de GWM en agosto de 2025 con capacidad inicial de 50.000 unidades anuales. Allí se ensamblan modelos como el Haval H6 GT, el Haval H9 y la pickup 2.4T GWM Cannon (Poer), con una línea flexible que permite fabricar distintas motorizaciones en el mismo proceso productivo.¿Por qué Brasil es estratégico para GWM y otras marcas chinas?Brasil cerró 2025 con más de 2,5 millones de unidades producidas y vendidas, consolidándose como uno de los mercados emergentes más relevantes del mundo. De acuerdo con datos citados por Car News China, los vehículos chinos representaron el 11 % de las ventas de autos de pasajeros entre enero y agosto de 2025.Se proyecta que las marcas chinas superen las 260.000 unidades vendidas en el año completo, una cifra relevante considerando que firmas como GWM y BYD llevan menos de cuatro años en ese mercado.
Un procedimiento de verificación de antecedentes terminó con la captura de alias ‘El celador’, un hombre de 55 años señalado de abusar sexualmente de una menor de 14 años en Bogotá. La captura fue materializada por la Policía mediante orden judicial.El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del CAI Guavio, en la localidad de Santa Fe, cuando uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, junto con policías de la estación del sector, adelantaban labores de patrullaje. Durante el procedimiento, al solicitar antecedentes a un ciudadano, se confirmó que era requerido por el Juzgado Sexto de Control de Garantías de la capital.De acuerdo con la investigación, el hoy capturado se habría aprovechado de su cercanía con la víctima para abusar de ella de forma reiterada entre 2021 y 2024, desde que la menor tenía apenas 10 años. Según el expediente, tras los hechos la intimidaba con amenazas contra sus familiares para obligarla a guardar silencio.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades también confirmaron que registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de inasistencia alimentaria.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
Desde la Secretaría de Infraestructura de Cali se está denunciando que las personas que conforman las cuadrillas de reparación de vías en la ciudad, están siendo intimidadas por algunos habitantes en la zona sur, quienes les reclaman por supuestamente afectar el arreglo que un tercero realizó anteriormente.El incidente más reciente ocurrió en la comuna 22, en la carrera 127, donde la comunidad llegó al lugar donde se encontraban los trabajadores, los insultaron y dañaron la obra que estaban realizando, todo, a raíz de la publicación de varios videos en las redes sociales, donde se acusaba a estos trabajadores de dañar un sitio que ya estaba reparado."Estamos recibiendo hostigamiento, nos tiran los carros, nos están dañando el paño, nos han amenazado. Pedimos a la ciudadanía a que nos apoyen, no nos ataquen, porque estamos es trabajando para recuperar las vías de Cali", denunció Millerlany Acuña, obrera de la Secretaría de Infraestructura de Cali.La entidad aclaró que la reparación del tercero no fue destruida, sino que se adelantó una prueba de núcleo para garantizar la calidad de la vía y el resultado indicó que en este proceso se instalaron dos centímetros de asfalto y fue aplicada sobre barro. Para que una reparación sea duradera, la capa de asfalto debe medir mínimo seis centímetros."Este tipo de estudios se hacen de manera rutinaria, ya sea en intervenciones de terceros, propias o de contratistas que se suman a la recuperación de la malla vial. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar a nuestro grupo operativo que trabaja sin descanso. Toda intervención requiere permisos de acuerdo a las normas de Invías, y no hacer los controles, nos podría generar sanciones", indicó Andrés Pereira, subsecretario de Infraestructura de Cali.Las intervenciones en las calles de Cali por parte de la Secretaría de Infraestructura se anuncian con varios días o meses de anterioridad para que la comunidad pueda identificar vías alternas. Actualmente, hay 13 cuadrillas de reparación en distintos puntos de la ciudad.
Con la captura de alias 'Eider' y alias 'Gregorio', presuntos responsables del atentado ocurrido en el barrio Meléndez en Cali, el pasado 10 de junio, las autoridades lograron frustrar otro ataque que las disidencias de las Farc estarían planeando en contra de la Fuerza Pública en la capital vallecaucana.Esto luego encontrar, en el lugar donde estos hombres estaban escondidos, varios planos y mapas del oriente de Cali, con los que al parecer estarían diseñando el ataque contra la estación de Policía del barrio Mariano Ramos, ubicada en la comuna 16, al suroriente de la ciudad. En esos elementos, también se les indicaba la rutas de escape que deberían tomar después de perpetrarlo."Se les incauta tres radios de comunicación, un chaleco balístico, tres motocicletas, dos dispositivos electrónicos para presuntamente para planear otros hechos terroristas. Queremos resaltar que se frustra un nuevo atentado contra esta estación en el oriente de Cali, se les incauta 17 millones de pesos en efectivo y 32 millones en moneda extranjera", señaló el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Ya son 11 los capturados que directamente participaron de la oleada terrorista del 10 de junio en el suroccidente del país, resultado del despliegue del bloque de Búsqueda en todo el departamento, se espera que este grupo especial de la Policía permanezca en el Valle hasta el mes de diciembre.
Se trata de alias 'Eider' y alias 'Gregorio', dos hombres que al parecer estaban vinculados a empresas de seguridad privada. Quienes son los presuntos responsables de dejar abandonada la motocicleta con explosivos con la que se realizó el atentado del barrio Meléndez, en el sur de Cali, el pasado 10 de junio.Cabe señalar que este, fue el primero de tres ataques que se registraron en la capital del Valle del Cauca en medio de la escalada terrorista ocurrida ese día. Hecho en el que murió Henry Obando, el adulto mayor que se dedicaba a cuidar carros a las afueras de la estación de Policía, a quien cariñosamente los vecinos llamaban Barbas, y dejó 13 personas heridas, además de múltiples daños materiales.Estos hombres fueron capturados por el Bloque de Búsqueda de la Policía que justamente llegó a la ciudad para esclarecer esa escalada terrorista en el suroccidente del país, y con ellos, ya son once los capturados que habrían participado directamente de estos atentados.
“Como un paso decisivo en el proceso de desescalamiento en el aspecto militar de la violencia que hay en el territorio donde tienen presencia los frentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, calificó el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, la firma del acuerdo que permitirá en menos de dos meses la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.Según Novoa, este acuerdo se logró luego de tres días de intensos diálogos de la subcomisión de seguridad, que se reunió en la zona rural de Tumaco, en donde quedó pactado que la destrucción de este material bélico y de explosivos se hará en Nariño (9 toneladas) y en Putumayo (4.5 toneladas).“Esta es una excelente noticia para el avance de la política de paz total en Colombia y es un elemento que da credibilidad a los diálogos que hemos adelantado en la mesa de conversaciones”, dijo Novoa.Indicó que, para adelantar el procedimiento de destrucción, se creará una comisión técnica integrada por miembros de la Coordinadora Nacional y del Gobierno nacional, con el acompañamiento de la fuerza pública, que serán los encargados de identificar los terrenos a donde se trasladará el material explosivo para su destrucción, sin afectación al medio ambiente ni a las poblaciones que habitan estos territorios.Aseguró que, a partir de la firma del Acuerdo 12, se establece una hoja de ruta para la destrucción de material de guerra de aquí en adelante, de tal manera que ya no será necesario detenerse de manera innecesaria en la construcción de nuevos acuerdos, porque ya están definidos los parámetros generales para que la Coordinadora Nacional avance en la dejación de las armas ilegales que están en su poder.Dijo que las comunidades pueden estar tranquilas porque se está avanzando en la búsqueda de medidas muy claras en favor de la protección de sus derechos, especialmente el derecho a la vida. Destruir 14 toneladas de material de guerra debe tener un impacto significativo en esos territorios y cambia de manera importante la situación que viven actualmente los miembros de las comunidades.Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de las disidencias de las Farc – Coordinadora Ejército Bolivariano, afirmó que este es un acto simbólico que tiene alcances políticos, jurídicos y humanitarios.“Es un material de guerra que va a quedar ya, pues, destruido, y eso es un gesto de buena voluntad. Hace parte de un acuerdo de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, señaló.Este acuerdo, firmado en el resguardo de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, salvará muchas vidas. También se protegerá a las comunidades, porque al fin y al cabo es material de guerra que, en la guerra y en todas las guerras, se utiliza.Mendoza aseguró que, en cuanto a los explosivos, estos ya van a ser inutilizados, porque así quedó pactado, y han decidido que este es un verdadero gesto de buena voluntad por la paz, que permite avanzar positivamente en el proceso de diálogos entre las dos delegaciones.“Ese paso es muy importante en la destrucción de un material que no es cualquier cosa; es un monto aproximado de 14 toneladas de material bélico que irán a quedar totalmente destruidas”, dijo el jefe de la delegación del grupo ilegal.Hay unos protocolos ya acordados, un acta firmada, donde consta que eso va a ser destruido con procedimientos técnicos, funcionales y prácticos, como lo exige la comunidad internacional, precisó Mendoza.