Supersociedades somete al Deportivo Pereira, ¿cuáles son sus consecuencias?
Aunque la decisión es susceptible de recursos de reposición y apelación, ahora se controlará con lupa las próximas decisiones administrativas del matecaña.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Superintendencia de Sociedades decidió someter a control al Deportivo Pereira F.C. S.A., una de las medidas más severas contempladas en la legislación colombiana para las empresas que atraviesan situaciones críticas. La decisión, sustentada en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, encendió las alarmas en el fútbol profesional colombiano por las consecuencias administrativas, financieras y jurídicas que puede acarrear para el club matecaña.
Según el comunicado oficial de Supersociedades, la determinación responde a la verificación de una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo, lo que obliga a aplicar el máximo grado de supervisión previsto por la ley para proteger la estabilidad de la sociedad. El “control” permite a la entidad impartir órdenes directas, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir actos y operaciones relevantes, y realizar un seguimiento permanente a la gestión de los administradores.
En diálogo con Blog Deportivo, el abogado y profesor de Derecho de la Universidad Javeriana, John Marcos Torres, explicó que esta figura es la medida más drástica dentro del régimen de supervisión societaria en Colombia.
“El sometimiento a control es la máxima medida que puede aplicar la Superintendencia de Sociedades cuando detecta una situación grave que compromete la estabilidad de una empresa”, señaló.
Entre las principales consecuencias del control está la intervención directa en decisiones clave del club, como la venta de jugadores, la adquisición de nuevas deudas o la disposición de activos estratégicos. Además, la Supersociedades podrá exigir reportes financieros más frecuentes, autorizar reformas estatutarias, vigilar la colocación de acciones y, en casos extremos, remover a los administradores, quienes quedarían inhabilitados hasta por 10 años para ejercer el comercio si se comprueban irregularidades graves.
Torres también recalcó que el objetivo central de la medida no es sancionar, sino evitar un colapso institucional. Además, la vigilancia estricta pretende impedir simulaciones, ventas ficticias o maniobras que puedan defraudar a terceros y agravar la situación financiera del club.
“Lo que busca la Superintendencia es garantizar un mejor gobierno corporativo, proteger a los trabajadores, a los acreedores y a todos los grupos de interés, incluidos los futbolistas”, explicó.
Publicidad
El experto concluyó que el Deportivo Pereira deberá presentar un plan de acción con metas verificables para estabilizar su situación mientras avanza el proceso.